
Francisco Campos asegura que él autorizó la incautación y la apertura del dispositivo
23/10/21 | 09:42am
La Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen incautó el celular personal del abogado Francisco Campos Aguilar, pareja sentimental de la exfiscala Emilia Navas Aparicio, en busca de evidencias de una posible filtración de información del caso policialmente conocido como "Cochinilla".
El decomiso lo reveló la tarde del viernes el sitio de noticias CRHoy.com y la confirmó el propio jurista a AmeliaRueda.com este sábado.
La incautación se dio en uno de los recesos de la audiencia en la que se conoce una solicitud de prórroga de medidas contra los 30 imputados en el escándalo de aparente corrupción en contratos de obra pública que inició el pasado lunes.
"El fiscal (Sergio Castillo Quesada) se presentó el viernes en la tarde. Yo salí y hablé con él. Yo le dije que con muchísimo gusto le facilitaba mi teléfono. Es más, le dije que no requería orden de un juez para abrirlo porque yo lo autorizaba como derechohabiente tanto del aparato como del número. Efectivamente el viernes luego de exponer Érick Gatgens Gómez en el caso de la defensa de doña Mélida (Solís Vargas, empresaria), me trasladé de inmediato a la Fiscalía de Fraudes y por escrito autoricé la apertura del teléfono", aseguró el abogado.
"Yo no tengo absolutamente nada que ocultar. Ese día yo hice una única llamada desde mi teléfono, que fue a mi secretaria. Lo hice porque yo ese día tenía un montón de reuniones y yo ese día le pedí que suspendiera todo lo que tenía ese día porque iba a estar en un allanamiento. Además por WhatsApp conversé unos minutos antes con un cliente", agregó.
La pesquisa que mantiene abierta el Ministerio Público por la fuga de información del mediático caso fue dada a conocer el 28 de junio por el fiscal subrogante de la investigación de "Cochinilla", Miguel Ramírez López. Por el momento, esa causa se mantiene contra ignorado; es decir, no existen personas individualizadas como posibles responsables.
Esta investigación se inició a partir de la filtración de la orden de allanamiento del 14 de junio a 57 puntos distintos -entre ellos, la empresa Meco, en San José- relacionados al escándalo, una nota del 24 de junio del Diario Extra que apuntaba a que Campos Aguilar había llegado a la constructora antes que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y una denuncia presentada por defensores de los encartados ante la publicación en medios de extractos de informes e intervenciones telefónicas contenidas en el expediente 19-000025-1218-PE.
Lo anterior a pesar de que por la etapa en la que se encuentra, la pesquisa solo debería estar en manos del cuerpo de fiscales, el Juzgado y el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, así como por los defensores de los imputados (aproximadamente 25 abogados) y estos últimos, detalló el 28 de junio ante la consulta de este medio el fiscal adjunto de Probidad, Glen Calvo Céspedes.
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