No hay una ruta para evitar una crisis sin impuestos, afirma presidente Alvarado

El presidente de la República, Carlos Alvarado, afirmó que no ve una ruta para evitar una crisis financiera nacional sin el impulso de nuevos impuestos, sean los mismos que el Gobierno propuso para buscar un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) u otros con impactos similares. Así lo puntualizó este martes 29 de septiembre, en conferencia de prensa

"Como lo ha dejado claro la gente técnica y estudiosa, no hay una ruta en el tiempo que nos permita evadir una crisis sin ingresos nuevos y eso es así de doloroso, pero es la realidad".

"Decir 'no más impuestos' sin más es lo más irresponsable que hay para con Costa Rica. Es muy popular, pero es absolutamente irresponsable porque no lleva verdad. Necesitamos ingresos para subsanar este contexto", comentó el mandatario.

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Estas son las primeras declaraciones de Alvarado después de que distintos grupos sociales y de oposición manifestaran su desacuerdo con las medidas, tal como fueron planteadas hace 12 días por el Ejecutivo, para buscar un acuerdo con el FMI para un servicio de crédito ampliado por $1.750 millones en tres años que de liquidez al Gobierno para enfrentar sus obligaciones, que de estabilidad financiera al país y que aumente la confianza en el país en los mercados prestamistas.

Estos grupos, principalmente la oposición en el Congreso, pidió al país balancear más la propuesta de estabilidad económica, que estuvo marcada por impuestos temporales a las transacciones electrónicas (del 0,3%), sobretasas —también temporales—en el Impuesto Sobre la Renta y una eventual triplicación del Impuesto sobre bienes inmuebles (del 0,25% al 0,75% de su valor).

Alvarado señaló que su gobierno tiene apertura total para afinar sus propuestas; sin embargo, reiteró que estas se idearon para acceder a la mayor cantidad de recursos afectando lo menos posible a las personas más pobres, por lo que cualquier ajuste debería priorizar mantener ese objetivo.

El presidente también dijo entender la petición de muchos sectores de realizar ajustes en materia de gasto, pero recordó que ya se han tomado medidas en esa línea y que cualquier nuevo recorte implicaría medidas abruptas en materia de despidos.

"Hay que ser claros. Si vamos a decir que necesitamos ir por el lado del gasto tenemos que ser muy específicos de dónde en el gasto porque, pongo un ejemplo, se habla de la parte de las instituciones o de los empleados públicos, pero para bajar apenas un 1% del PIB de gasto, hipotéticamente, porque esto no lo estamos proponiendo, se tendría que prescindir de 20.000 empleados públicos. Eso es una tercera parte de los educadores del MEP o más que todos los trabajadores de la policía pública", subrayó.

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Alvarado recordó que, entre la propuesta al FMI, también se mencionó el impulso de la ley de reforma al empleo público, que busca imponer una escala salarial única para el sector público; el impulso de suspensiones en materia de anualidades; el cumplimiento de la regla fiscal, pese a la situación de emergencia que permitiría al Ejecutivo desengancharse de la misma; y el trabajo en proyectos para mejorar los sistemas recaudatorios de Hacienda; entre otras iniciativas, cuyo grueso de impacto se vería en el mediano plazo.

Asimismo, recordó que ya el Ejecutivo recortó más de ¢380.000 millones a nivel presupuestario este 2020 (una rebaja que se mantendría casi intacta para 2021) y que impulsará la revisión, reestructuración y cierre de órganos desconcentrados.

Sin "fracaso", pero con apremio

El presidente Carlos Alvarado enfatizó que para el país será indispensable llegar a un acuerdo con el FMI. Afirmó que no solo permitiría el ingreso de nuevos recursos, sino que permitiría al país obtener mayor confianza de los mercados, presionar menos las tasas de interés del mercado interno y obtener la venia de los mercados internacionales para nuevos financiamientos que el país igualmente tendrá que conseguir, a peores o mejores tasas, dependiendo de este proceso.

Con las medidas propuestas como parte de este acuerdo con el FMI, Costa Rica busca recuperar su estabilidad financiera; la cual se ve amenazada por el deterioro acumulado de las finanzas públicas de las últimas décadas y los efectos catastróficos de la pandemia del SARS-CoV-2, que drenaron los ingresos del país en más de ¢1,16 billones.

El programa propuesto al Fondo permitiría realizar un ajuste económico del 6% del PIB (más de ¢2 billones) en los próximos cuatro años; ante un desequilibrio entre ingresos y gastos del Gobierno que ya se estimaba en más de un 1,3% del PIB para este año antes de la pandemia, pero que se agravó y ahora se calcula en un 4% del PIB para este año (sin contar el pago de la deuda ya adquirida).

Solo la medida de aplicar una tasa del 0,3% sobre las transacciones financieras en dos años y del 0,2% en otro bienio dejarían al Estado un 3% y un 2% del PIB en ambos periodos, en tanto pasan los principales impactos económicos de la pandemia del covid-19.

Costa Rica cerrará 2020 superando el 70% de su producción en endeudamiento público. Esto es hasta 20 puntos mayor que el límite recomendado por organismos internacionales para economías en desarrollo, y pone en riesgo la sostenibilidad económica del país en términos generales, ante el riesgo de impago y la desconfianza de los actores de mercado nacionales e internacionales.

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