Diputados rechazan excluir a Poder Judicial, 'U' públicas y CCSS de reforma a empleo público

Los diputados de la comisión de Gobierno y Administración rechazaron, este martes, varias mociones que pretendían excluir al Poder Judicial, a las universidades públicas y a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) del ámbito de aplicación de la reforma al empleo público que se tramita en el Congreso.

Las mociones fueron rechazadas por la mayoría de diputados del foro legislativo, con excepción de Aracelly Salas Eduarte, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en todos los casos; y del independiente Dragos Dolanescu, en cuanto al Poder Judicial.

Las mociones que pretendían realizar las exclusiones fueron defendidas por Salas, Dolanescu y los diputados José María Villalta, del Frente Amplio (FA), y Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quienes no forman parte del foro, pero se sumaron al debate legislativo.

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Los diputados señalaron que sus posiciones no buscaban defender irregularidades en los sistemas remunerativos de las entidades, sacándolas de la escala salarial única o de los nuevos controles del proyecto de ley; sino garantizar el respeto de su autonomía administrativa constitucional.

No obstante, la posición mayoritaria fue mantener a las entidades en la norma, pese a los cuestionamientos sobre la independencia del Poder Judicial y la autonomía administrativa de las universidades y de la CCSS.

Votaron en esa línea Víctor Morales, del PAC; Pablo Abarca, del PUSC; David Gourzong, Jorge Fonseca y Luis Fernando Chacón, del Partido Liberación Nacional (PLN); y los independientes Jonathan Prendas y Zoila Volio.

El diputado Villalta cuestionó con mayor fuerza que la norma sí realiza algunas exclusiones, pero que no contempla ninguna consideración para instituciones que gozan de libertad administrativa constitucional. No obstante, el liberacionista Chacón subrayó que la única intención es que el empleo público se maneje como parte de un Estado "unitario" y no un "archipiélago", y que las autonomías de autogobierno no impliquen desórdenes en materia de remuneraciones y ordenamiento.

"Respetamos a las universidades y a los poderes, pero también queremos que todo ese aparato también respeten a todos los costarricenses que sustentan el Estado costarricense", concluyó.

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Las exclusiones

La redacción del proyecto de ley exceptúa a entes públicos no estatales e instituciones estatales en competencia, como los bancos públicos, el Instituto Costarricense de Electricidad o el Instituto Nacional de Seguros. Estas últimas solo se incluirían únicamente en lo concerniente a principios fundamentales de la ley y de convenciones colectivas, acuerdos que quedarían sujetos a nuevas restricciones de gasto.

Así lo dice una moción de apoyo mayoritario, pendiente de discusión en el foro legislativo.

El proyecto de empleo público incluye la imposición de distintos lineamientos al sistema de empleo público nacional, incluida la generación de una escala salarial única que brinde igual salario a trabajadores con iguales funciones (sin pluses salariales) y dos nuevas formas de despido (por desempeño y por reestructuración interna o falta de recursos).

La iniciativa ya atravesó su primero de dos turnos de propuestas de cambios en la comisión de Gobierno y Administración. En aquel momento se presentaron 302 mociones, de las cuales se aprobaron 74.

Ahora, desde este martes, los diputados deberán revisar y votar el destino de otras 474 mociones al proyecto, y luego lo enviarán al Plenario legislativo para su discusión final en primero y segundo debate.

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