Conversaciones formales para acuerdo entre Costa Rica y FMI arrancarán este 11 de enero

Las negociaciones formales entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de Costa Rica arrancarán oficialmente este 11 de enero, de manera virtual, informaron de manera conjunta el Ministerio de Hacienda y el Banco Central (BCCR).

"El próximo 11 de enero del 2021 las autoridades económicas de Costa Rica iniciarán conversaciones formales sobre el marco de políticas para un acuerdo de Servicio Ampliado (SAF, o Extended Fund Facility, en inglés) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) (...) Las conversaciones abarcarán las políticas que el país necesita para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo y para apoyar el crecimiento inclusivo y sostenible", escribieron en un escueto comunicado.

De esta manera, el Gobierno buscará un servicio de crédito ampliado por $1.750 millones, que se le desembolsaría en un período de tres años, conforme el país cumpla las metas necesarias para comprobar su capacidad de pago y su búsqueda efectiva de un equilibrio fiscal.

Lea: Hacienda: Impuestos se negociarán con diputados, subir IVA o gravar transferencias son solo opciones

Las autoridades también indicaron en su comunicado que la misión se realizará de manera virtual, bajo el liderazgo de Manuela Goretti, jefa de la División para el Hemisferio Oeste del FMI.

Asimismo, señalaron que el equipo del Fondo se reunirá con "autoridades económicas, diputados, organizaciones del sector privado y de la sociedad civil, y con académicos" como parte de este proceso.

El Gobierno anunció desde agosto del año pasado que buscaría negociar un acuerdo con el Fondo que le permitiera acceder a recursos en condiciones blandas, pero especialmente comprometer al país con un plan para mejorar su balance financiero y para reducir así sus presiones de financiamiento (por las tasas de interés que se le cobran).

No obstante, aquella intención se puso en pausa tras el fracaso de una primera propuesta de ajuste fiscal presentada por el Ejecutivo, la cual enfrentó el rechazo mayoritario de los sectores políticos, sindicales y empresariales. Ellos rechazaron propuestas incluidas en ese documento, como triplicar el impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, fijar un gravamen temporal a las transacciones electrónicas y establecer aumentos temporales en las tarifas de renta a las ganancias más altas.

Ahora, el Ejecutivo intentará apostar por una ajuste menos fuerte en esa línea, que priorizará la disciplina fiscal, los recortes en el gasto público, las reformas en empleo público y cambios menores en materia de impuestos (la mayoría todavía sin anunciarse).

La fórmula general del acuerdo se presentará esta tarde a las fracciones legislativas del Congreso, las cuales tendrán la última palabra sobre la aprobación de cualquier reforma que requiera cambios legales.

Lea: Gobierno retomará negociaciones con FMI y entablará conversaciones con diputados

Difícil situación

Las negociaciones con el FMI se plantean en medio de una situación compleja para las finanzas costarricenses. El país estimó su déficit financiero en un 9,2% del PIB para 2020, aunque las cifras oficiales se presentarán a mediados de enero. Esto quiere decir que el país habría gastado ¢3,1 billones más de los que consiguió a través de impuestos y otros ingresos.

La situación deficitaria del país persiste desde hace más de 15 años y empuja la deuda pública a niveles insostenibles del 70% del PIB, cuando apenas alcanzaba un 24% de la producción antes de la crisis de 2008. Desde entonces, la economía costarricense sufrió los efectos de la crisis financiera de aquel año y del menor crecimiento económico que produjo, así como de un crecimiento acelerado del gasto corriente estatal, impulsado por la administración de esa época.

El problema no se corrigió desde entonces y se sumó a otras deficiencias en el gasto que se arrastraban desde mucho antes.

Ahora, el Estado enfrenta las necesidades de financiamiento más altas de la última década, lo que presiona indicadores básicos para la estabilidad económica de cualquier país, como el tipo de cambio o las tasas de interés.

Para estabilizar sus finanzas, el país requiere ajustes rápidos y otros estructurales en materia de gasto y de ingresos (impuestos).

Ante esa necesidad, el Gobierno impulsó a finales de 2018 una reforma fiscal que, se decía, alcanzaría para evitar un colapso económico en el corto y mediano plazo. No obstante, no se contempló el impacto de una emergencia como la pandemia del nuevo coronavirus, que ensanchó las necesidades de financiamiento para la atención social y sanitaria de la emergencia, y que redujo los ingresos del país, ante la mayor contracción económica que experimenta en más de 35 años.

Lea: Desequilibrio fiscal ya presiona tipo de cambio y amenaza con estragos para banca y pensiones