Negociaciones con FMI se aplazan al menos hasta finales de octubre, Gobierno afina nueva propuesta

Las negociaciones del Gobierno de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en busca de un acuerdo de crédito ampliado por $1.750 millones, se aplazarán por al menos cuatro semanas más; confirmó el ministro de Hacienda, Elian Villegas, ante la consulta de AmeliaRueda.com.

Villegas señaló que las negociaciones, las cuales estaban previstas para arrancar la primera semana de octubre, se retrasaron, en tanto el Fondo realiza una revisión sobre la consolidación de órganos desconcentrados en el presupuesto nacional que tenía pendiente: una bocanada de aire para el Gobierno que aún no consigue el beneplácito de la población ni de la oposición legislativa en cuanto a los términos para concretar este movimiento.

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El jerarca señaló que la pausa servirá para que el país afine una nueva propuesta "más equilibrada", ante el rechazo social y político a la primer propuesta que presentó el Ejecutivo en septiembre pasado.

Según el jerarca, el Gobierno busca un mayor equilibrio entre medidas en materia de gasto público y nuevos impuestos que se impulsarían, que son un ingrediente inevitable, según advirtió el presidente Alvarado.

El Gobierno presentó su propuesta de acuerdo con el FMI el 17 de septiembre pasado; sin embargo, esta fue rechazada por el grueso de la oposición y diversos sectores sociales, que la consideraron excesivamente recargada en nuevos impuestos.

Entre otras medidas, la propuesta contenía el impulso de un impuesto temporal de cuatro años sobre las transacciones financieras (del 0,3% los primeros dos años y de un 0,2% luego), sobretasas progresivas por dos años en el Impuesto Sobre la Renta (que grava las utilidades personales y empresariales), la aplicación de renta global posterior a ese período, y una triplicación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

En materia de gasto, recogía normas ya aprobadas y en práctica como la aplicación de la regla fiscal, para contener el gasto; así como el impulso de la reforma al empleo público con una escala salarial única para nuevos empleados, la reestructuración de algunos órganos desconcentrados y la suspensión por un período de cuatro años del pago de anualidades en el sector público.

Esta propuesta es esencial porque es el "contrato" que deberá analizar el Fondo para decidir si invierte o no sus recursos en Costa Rica.

El país busca las negociaciones con el Fondo como un "salvavidas" para sus maltrechas finanzas públicas, pues no solo serviría como una fuente de financiamiento, sino como un mecanismo de reestructuración fiscal y de confianza en los mercados nacionales e internacionales (de los que Costa Rica se abastece para cubrir sus obligaciones año con año).

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El ministro Villegas subrayó que la idea del Poder Ejecutivo es presentar una nueva propuesta, sobre la base de la que ya se presentó en setiembre pasado, escuchando el "clamor popular" de que exista un mayor esfuerzo en la reducción del gasto público.

"Para ese momento (el inicio de las negociaciones) esperamos tener una propuesta con un apoyo mayoritario de la gente en Costa Rica. Eso es importante porque si no no tendría mayor sentido ir a negociar con el Fondo y después venir a buscar los apoyos localmente. La propuesta que hemos hecho ha sido muy enriquecedora desde el punto de vista democrático y lo que estamos buscando es que la gente conozca qué es lo que vamos a negociar", subrayó.

Sin ventas, ni despidos masivos

Villegas no adelantó mayor información sobre los contenidos que podría tener una nueva propuesta para priorizar un mayor balance entre cargas impositivas y recortes al gasto, pero sí subrayó que se mantendrán las excepciones ya anunciadas por el presidente Carlos Alvarado.

Es decir, no se venderán activos más allá de terrenos ociosos, el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal). Tampoco se incrementará el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por su impacto en las poblaciones más pobres, ni se realizarán despidos masivos.

"Teniendo como base la propuesta que presentamos todavía tenemos mucho por trabajar y en eso es en lo que estamos (...) queda todo el gasto público, hay que meterse ahí. Recordemos que aquí se está trabajando a nivel legal y a nivel de modificaciones legales hay muchos elementos que eventualmente se podrían tocar, que pueden ser importantes, y eso es lo que estamos revisando precisamente en este momento. Queremos hacer esa parte que es importante para la gente porque entendemos que es importante y estamos trabajando en eso", concluyó.

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Costa Rica busca un servicio de crédito ampliado con el FMI para intentar aliviar su complicada situación económica. El desajuste costarricense ya era crítico, pero se agravó intensamente con la pandemia del SARS-CoV-2, que redujo los ingresos fiscales del país en más de ¢1,15 billones.

El país cerrará el 2020 con un déficit fiscal superior al 9% del PIB y niveles de deuda del 70,4% de la producción (45 puntos del acumulado que tuvo en 2008).

Hacienda sostiene que el acuerdo es esencial para aliviar parte de las necesidades de financiamiento del país, que han crecido en iguales proporciones que la deuda y amenazan al país en sus posibilidades de pago. No obstante, sostiene que la principal función del movimiento sería definir una ruta de recuperación económica y no perder la confianza de los mercados, de los que Costa Rica necesitará para cubrir sus necesidades (incluido el pago de la deuda ya adquirida).

El Gobierno pretende que su propuesta al Fondo tenga un impacto de al menos un 6% del PIB, que permita revertir al menos el déficit financiero primario (gastos menos ingresos, sin contar el pago de intereses). Este desequilibrio está proyectado a alcanzar unos ¢400.000 millones este año (4% del PIB) y es el más importante de cerrar, porque es el que obliga al país a seguir endeudándose para pagar gastos corrientes, en un efecto "bola de nieve".

Si el país no realiza cambios estructurales para cerrar esa brecha corre el riesgo de aumentos todavía más elevados en el pago de intereses que impidan realizar inversiones básicas y, en el peor de los casos, caer en un impago de la deuda pública con impactos sociales similares a los de la crisis de los años 80 o todavía mayores.

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