“Nadie se hace responsable”, dice afectada en choque con carro en el que viajaba la Primera Dama

“Nadie se quiere hacer responsable”, dice con preocupación y molestia Nicole Fernández, afectada del accidente múltiple ocurrido hace dos años en la ruta 27 entre dos vehículos particulares y dos estatales: uno de la Presidencia en el que viajaba la Primera Dama, Claudia Dobles, y otro del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que la escoltaba.

El próximo 10 de enero se cumplen dos años desde el incidente que provocó daños en su vehículo y para repararlo, a la espera del proceso judicial, tuvo que sacar un préstamo.

Fernández nunca dimensionó que el proceso de juicio para activar la póliza de Presidencia y hacerse responsable de los daños tardaría tanto tiempo.

“Nosotros tuvimos que buscar un préstamo para poder arreglar el carro porque estaba parado y nosotros seguíamos pagando todo lo del vehículo y como no hemos tenido respuesta de la Presidencia ni de la Procuraduría General de la República (abogado del Estado) no sabemos qué hacer.

“Nosotros íbamos a vender el carro en ese momento porque teníamos unos gastos familiares que asumir, pero no se pudo por el gravamen. Ahora estamos pagando un préstamo por el arreglo, pagando abogado por el proceso judicial y el carro está parado porque ya no tiene Riteve, ni marchamo, está guardado en una cochera”, dijo la afectada por el choque múltiple.

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Fernández y su familia tuvieron que sacar un préstamo de ¢2 millones creyendo que pronto se les haría la activación de la póliza de Presidencia y con eso pagaría el gasto; sin embargo, pasan los meses y no se tienen noticias sobre la posibilidad de que Presidencia asuma el proceso.

Para el avance del proceso se han citado seis audiencias, cinco de ellas se han suspendido y en la última (realizada en agosto del 2020) todas las partes llegaron a un acuerdo de conciliación, el cual no pudo quedar en firme por la ausencia de la Presidencia y la PGR.

Al momento del accidente, Fernández tenía tres meses de embarazo y viajaba con su hijo de 5 años, ella requirió el traslado al Hospital San Juan de Dios y recuerda que de los involucrados en el accidente, solo una de las personas de la escolta de la Primera Dama se le acercó a preguntarle si estaba bien.

“Uno esperaría que al ser un carro del Estado la resolución del proceso sea más ágil, más rápida y más efectiva, pero no, bastantes dolores de cabeza nos ha generado esta situación, hemos tenido que recurrir a gastos económicos, además de toda la preocupación porque pasan los meses y nada se resuelve y nosotros ocupamos vender el carro”, agregó.

Ninguno de los conductores involucrados en el accidente se ha declarado culpable de provocar la colisión; sin embargo, los últimos dos vehículos ubicados en el accidente corresponden al Estado y por esa razón se pide activar su seguro.

Fernández recuerda que el primer vehículo involucrado invadió su carril y que ella por evitar chocarlo frenó, lo que provocó que el carro de Presidencia, en el que viajaba la Primera Dama la colisionara por detrás y provocará que ella chocara al de adelante; segundos más tarde sintió otro impacto y fue cuando la escolta de la Primera Dama (vehículo a nombre del ICE) colisionó al de Presidencia.

El representante legal del ICE ha indicado en las audiencias del proceso que la entidad está en la disposición de activar la póliza del convenio de préstamo del carro que tiene el ICE con Presidencia, esto debido a que son “responsables solidarios”; sin embargo, le ha explicado a las víctimas que para activar el seguro se necesita del aval de Presidencia, que ha estado ausente en el proceso.

Abogados

El abogado de la víctima del accidente que involucra a carros conducidos por choferes de Presidencia se suma a la indignación que les ha generado el proceso y la tardanza en lograr respuestas y soluciones.

Roger Mora, defensor de Fernández, indica que en la última audiencia el juez pidió directamente a los abogados de la PGR que se pronuncien sobre el caso.

“Seguimos esperando respuestas, nadie responde. La Primera Dama no se ha presentado en ningún momento al juicio, no ha venido a declarar, no se ofreció como testigo y no han querido utilizar la póliza que tienen y que perfectamente podría arreglar toda la situación. Ella (la Primera Dama) debería de haber sido testigo en el proceso y decir que tuvieron la culpa y, por supuesto, permitir que se arreglen los carros de los demás porque estar así es una injusticia.

“Dos años esperando para concluir este proceso, no se han podido cobrar las facturas de la reparación del vehículo, mi representada no ha podido vender el carro por el gravamen, todo esto causa un perjuicio enorme, tanto económico como también personal por la zozobra”, dijo el abogado.

AmeliaRueda.com también conversó con la abogada Fiorella Elizondo, quien representa en el proceso a Cristian Mésen, el chofer de Presidencia que ese día trasladaba a la Primera Dama.

La versión de Mésen indica, según su defensora, que el choque múltiple lo provocó el último de los vehículos, es decir, el que venía de escolta y es propiedad del ICE dado a Presidencia por convenio. El conductor del primer vehículo, quien según las declaraciones invadió el carril contrario, no se ha presentado durante el proceso judicial.

Para Elizondo un proceso judicial de tránsito no debería tardar más de un año en este país y por eso presume que hay intenciones claras de atrasarlo.

“Yo considero que se ha atrasado de manera voluntaria, porque yo que tengo varios años de litigar en procesos de tránsito, lo usual es que un proceso de tránsito dure máximo de nueve meses a un año, este ya debería estar resuelto.

“Aquí ya vamos a cumplir dos años (el próximo 10 de enero), existen seis convocatorias a audiencias, cinco canceladas. El día 20 de agosto del 2021 fue el día que logramos llegar a la conciliación, lo que pasa es que para poder homologar la Procuraduría tiene que dar el visto bueno en representación de la Presidencia y eso es lo que no ha pasado porque ni siquiera llegaron a la audiencia", señaló.

Al chofer de Presidencia involucrado en el accidente se le abrió un proceso administrativo interno y además se le pidió pagar el deducible de la póliza para arreglar el carro del Ejecutivo (¢200.000).