Las sumas recaudadas serán utilizadas para atender la situación de emergencia provocada por la pandemia del COVID-19 en el país.
31/03/20 | 07:29am
Multas de hasta ¢2.3 millones por desacatar las órdenes sanitarias generales o especiales emitidas para mitigar los efectos del COVID-19 en el país es lo que busca una reforma al artículo 378 de la Ley General de la Salud presentada este lunes ante la Asamblea Legislativa por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Salud, Daniel Salas.
La pena más alta que equivale a cinco salarios base (¢2.3 millones) sería para las personas que hayan sido diagnosticadas con la enfermedad y violen la orden de aislamiento. La persona sospechosa de una enfermedad contagiosa, o aquella que aún sin presentar síntomas o signos evidentes de dicha enfermedad y sea objeto de orden de aislamiento, tenga contacto cercano a un agente causal de la enfermedad, se expone a una multa será de tres salarios base (¢1.35 millones). Finalmente, para aquellas personas con factores de riesgo que tengan medida sanitaria y la violen, la sanción sería de ¢450 mil.
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La reforma también plantea que quedarían exentos de las sanciones todas las personas que deban abandonar su sitio de aislamiento por obligados por la necesidad, y los habitantes de la calle.
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De aprobarse la reformar, las multas deberán cancelarse en los bancos del Sistema Bancario Nacional mediante entero a favor del Gobierno de la República, según el procedimiento que defina el Ministerio de Hacienda para estos efectos.
Asimismo, anunciaron que las sumas recaudadas serán remitidas a una cuenta especial en la caja única del Estado que será administrada por el Ministerio de Salud, para cumplir las funciones señaladas en esta Ley y atender las situaciones de emergencia nacional que se presenten.
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Siguiendo esa misma línea y como parte de las medidas restrictivas para mitigar el COVID-19, el Ejecutivo planteó otro proyecto que busca reformar la Ley de Tránsito para que las multas a quienes irrespeten la restricción vehicular nocturna pasen de ¢22.000 a ¢107.000.
Ambas propuestas de ley se encuentran en discusión a partir de este martes para ser aprobadas por los legisladores en la Asamblea Legislativa
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