Crueldad animal sin castigo pese a que ley de protección se aprobó hace año y medio

Un perro que apareció sin vida, aparentemente ahorcado con un mecate, dentro de una vivienda en Alajuela, hace un año, es el caso más reciente que, según organizaciones de animales, se juzgaría con la reforma a la Ley de Bienestar de los Animales y al Código Penal, que entró a regir en junio del 2017 para castigar con prisión la crueldad animal.

En esta oportunidad, la pesquisa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se realizó con la ayuda del peritaje de funcionarios del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), la representación de voluntarios de la organización ABA Animal y el apoyo científico de veterinarios de la Universidad Nacional, que realizaron la necropsia. La pareja dueña del animal deberá enfrentar ahora el juicio penal.

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Han pasado 19 meses desde que aquel aclamado plan recibió la ovación de miles de ciudadanos que se reunieron y caminaron con sus mascotas por las calles de San José, pero que fue objeto además de las críticas de un Poder Judicial preocupado porque no tenía dinero para hacer frente a más casos de investigación y porque sus agentes dedicados a pesquisas de homicidios, asaltos o narcotráfico, debían realizar levantamientos de animales muertos o indagar los casos de crueldad que surgieran.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, hace un balance del impacto de la ley y asegura que, contrario a lo que esperaban, no han tenido que invertir mayores recursos y las denuncias no han sido tantas. “Pensábamos que iba a haber un boom de denuncias y no fue así. La cantidad de denuncias es relativamente manejable”, dijo.

Hasta noviembre del año pasado, las autoridades judiciales apenas recibieron, en promedio, siete denuncias al mes; en total, 71 por muerte de animales, 38 por crueldad y seis por peleas entre animales. Sin embargo, ni el OIJ ni la Fiscalía conocen qué tan avanzadas se encuentran las investigaciones o si se han logrado identificar a los autores de casos de crueldad o muerte por no tener sistematizada la información. Por su parte, el Ministerio de Justicia y Paz descarta tener en alguna prisión a detenidos por casos de crueldad animal.

Reforma Legal

La reforma legal vino a establecer cuáles conductas son delito, contravención o falta administrativa. En el caso de los delitos, le corresponde al OIJ realizar una investigación; en las contravenciones, el caso se lleva ante los Juzgados Contravencionales; y, en las faltas administrativas, el proceso lo asume el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

En el caso de los delitos, solamente aplica por la muerte de un animal, las peleas entre animales y la crueldad, que implica tres conductas: el maltrato de un animal que le provoque un sufrimiento o dolor intenso, un debilitamiento persistente en su salud o que haya perdido un órgano o sentido; los actos de penetración sexual o la experimentación no científica.

Cuando se habla de contravenciones, el castigo es una multa y quien denuncia debe presentar el caso y las pruebas ante el Juzgado Contravencional de su comunidad. En este caso, aplica para los actos de maltrato animal, es decir, lesiones injustificadas a un animal doméstico, o el abandono de animales domésticos a sus propios medios.

Finalmente, las faltas administrativas, que ocurren cuando una persona cría o adiestra animales para peleas o mantenga animales en condiciones no aptas, se le puede castigar con hasta medio salario base. Para esto, existe el Tribunal Administrativo Sancionador, que opera desde el 2011. En siete años, únicamente ha conocido 21 casos, de los cuales, siete se absolvieron, ocho ya tuvieron sentencia, tres están en elaboración de la resolución y tres están en cobro judicial. Estos procesos le han permitido a Senasa recibir, por las multas, ¢1.9 millones, dirigidos al bienestar animal.

Los opositores a la ley declararon que, ese tipo de conductas, deben sancionarse únicamente con multas económicas, sin necesidad de prisión. A pesar de ello, la ley contempló la posibilidad de que todos los condenados por alguno de estos delitos, si no han sido sentenciados en el pasado, obtuviesen una pena alternativa a la prisión.

Símbolo

El machetazo que el perro Duke recibió en su hocico en julio del 2016, propinado por un hombre en La Unión de Cartago, marcó el inicio de una serie de presiones y clamores sociales para que el Estado reforzara la protección que debía dársele a los animales domésticos. Por su trágica historia, Duke se convirtió en el símbolo del maltrato animal en Costa Rica, pero su caso sigue impune.

Hasta ese momento, las agresiones o la muerte sin necesidad de un animal no eran delito, sino que calificaban como una contravención “contra las buenas costumbres” y se sancionaban solamente con una multa económica de entre cinco y 30 días.

Cuatro años atrás, con la firma de 180.000 personas, se había presentado un proyecto de ley para proteger a los animales domésticos y buscar su bienestar, pero el camino fue largo y, quizás, Duke motivó a que los diputados aprobaran, sí o sí y con el apoyo público del expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, el plan para otorgarle protección a los animales a través de castigos con prisión.

Para junio del 2017, entró a regir la Ley N.° 9458, que reformó la Ley de Bienestar de los Animales y el Código Penal, con el fin de establecer multas económicas a quien críe animales peligrosos para peleas, mantenga un animal en condiciones inadecuadas, maltrate un animal o lo deje abandonado a sus propios medios y, por otro lado, castigar con prisión de hasta dos años, tres conductas: la crueldad animal, la muerte de animales y las peleas entre animales.

Duke representa fuerza, curiosidad e independencia. Camina con su nueva dueña, Marianella Navarro, por el parque de La Unión, a poca distancia de donde recibió el maltrato. Adultos y niños rápidamente identifican que es él. Su cara sin hocico, su par de orificios por los que ahora respira, los colmillos expuestos y la enorme lengua descubierta, no dejan duda. La historia de Duke se mantiene viva y no es fácil de olvidar.

A sus cuatro años, Duke recorre el país y las redes sociales no solo para recordar aquel trágico momento, sino para educar sobre bienestar animal. Tras su rescate, Marianella Navarro ha sido su cuidadora, quien actualmente dirige la fundación Edukemos, a través de la cual, visitan escuelas y otros centros en los que se realizan charlas de prevención y sensibilización.

Para Navarro, la ley nunca será suficiente. “La gente no quiere denunciar, creen que la ley está y va a actuar sola. Todavía no hay una cultura de denuncia, quieren que los rescatistas hagan el trabajo. Nadie quiere meterse en problemas con el vecino. Falta que la gente la ponga en práctica”, expresó.

Juan Carlos Peralta, presidente de la organización ABA Animal, no muestra temores cuando de defender los intereses de un animal maltratado o asesinado se trate. Su organización asumió el caso del perrito ahorcado en Alajuela. Precisamente, esta organización y Telemaratón Canina son las únicas dos que están inscritas, ante el Poder Judicial, para representar los intereses difusos de los animales.

Para él, los ciudadanos todavía no son conscientes del peso y el valor que tiene la ley. Peralta aseguró que la mayoría de las denuncias se presentan por Facebook. “Esto no sirve de nada”, dice.

“Los animales sufren, sienten dolor, expresan amor o angustia, son iguales a nosotros. La gente debe entender que es una vida y se debe de respetar. La expresión de violencia siempre se manifiesta en los más débiles: animales, niños, adultos mayores”, manifiesta, mientras por el patio de su casa corren 22 perros maltratados, que han sido rescatados por distintas personas en todo el país; entre ellos, están Rota, un perro abandonado y atropellado en Taras (Cartago) durante la Romería del 2018, Ala, una perrita violada por un indigente en Alajuelita, y Nina, Kiwi, Renca y Negro.

“La prevención está en que la Ley existe y en que se debe presentar la denuncia. Si no lo hacemos, esto no soluciona absolutamente nada. Nosotros asesoramos por cualquier vía, teléfono o correo electrónico, a quienes nos hacen la consulta. Hacemos un estudio de qué pasó y lo que hacemos es orientar a las personas sobre cómo y dónde deben presentar las denuncias.

”Muchas veces, la gente llama días después de que ocurrió el delito, lo que es complicado porque ya la escena se violentó o enterraron al animal. La denuncia hay que hacerla en el momento porque es un delito penal. Si aparece un animal muerto, hay que llamar a la Fuerza Pública, que llegue, acordone el lugar, y espere a que el OIJ inicie la investigación”, explicó.

Lugares

De acuerdo con los datos del OIJ, las víctimas de casi todas las denuncias por crueldad, muerte o actos sexuales, han sido perros y, durante el 2018, la mayor incidencia de casos se produjo en zonas rurales. Por ejemplo, en Pérez Zeledón hubo 13 casos, en Talamanca, ocho, y en Turrialba y Siquirres, siete en cada uno.

Wálter Espinoza, director del OIJ, sospecha que las denuncias son mayores ahí porque en esos sitios podría haber mayor preocupación por los animales o los vecinos observan más cómo se trata a los animales, mientras que, en la capital, hay menos denuncias porque se cuida más a los animales, la población vive en espacios más cerrados o las personas no se enteran de los casos de maltrato y, si conocen, prefieren no hacerlo.

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El director policial reconoce que para el OIJ ha sido necesario repensar la forma de abordar las investigaciones porque toda su infraestructura está pensada en atender delitos contra seres humanos y no contra animales. Por ejemplo, este cuerpo policial no cuenta con vehículos para transportar restos de perros o vacas asesinadas, tampoco tiene salas de autopsia, para lo cual, cuentan con el apoyo de Senasa y la UNA, ni tiene veterinarios forenses, pues ni siquiera en los países de la región existen. Sin embargo, aseguró que sí utilizan los laboratorios forenses propios para hacer análisis de fluidos biológicos.

En esos 17 meses (el corte de datos es hasta noviembre del año pasado), al OIJ también entraron 59 denuncias en las que se determinó que no había delito, sino que la conducta constituía en maltrato y, al constituir una contravención, las personas deben denunciar el caso ante los Juzgados Contravencionales.

Para Juan Carlos Peralta, de ABA Animal, cuando un animal es maltratado, debe privar el resguardo de la vida. “Si un ser humano es atropellado, no queda muerto, está grave, no tengo que esperar a que llegue una ambulancia. Cuando ocurre con un animal, y la gente los lleva al veterinario, estos médicos lo ven como un caso más, pero ellos tienen la obligación moral con toda la ciudadanía, de hacer un acta, recoger indicios y colaborar en el proceso de denuncia.

”El Colegio de Veterinarios está fallando fatalmente. He tratado de darles la capacitación y no nos han dado pelota. Si un niño agredido llega al hospital, se asume que hay agresión, y Trabajo Social llama al OIJ para que intervenga. Si llega un animal maltratado, simplemente lo atiende el veterinario, igualmente, estos médicos deben notificar a las autoridades exactamente igual”, aseguró.