MOPT y Cosevi chocan por retraso para definir futuro de la revisión técnica en Costa Rica

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) chocan por el retraso que se tiene para definir el futuro del servicio de la revisión técnica en el país.

Un criterio técnico y legal emitido por la Dirección Jurídica del ministerio regaña al Cosevi por la falta de planificación en el proceso, ya que tuvo 10 años para tener listo un sistema que le diera continuidad al servicio, lo cual no ocurrió.

El contrato con la empresa Riteve inició en el 2002. En el 2012 se le hizo una prórroga de 10 años, la cual se vencerá el próximo 15 de julio del 2022, es decir en nueve meses y aún se desconoce qué pasará con el servicio.

El oficio DAJ-2021-4224 del pasado 6 de septiembre, del cual AmeliaRueda.com tiene copia, recopila el criterio técnico de los abogados del MOPT, quienes lamentan que el Cosevi no tenga listos las autorizaciones de las nuevas empresas que se harán cargo de la revisión de los vehículos.

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El documento responde a una solicitud de opinión y se explica que de acuerdo con la la ley 9078, la Ley de Tránsito, se establece que debe darse la apertura por medio de autorizaciones, para lo cual se requiere un reglamento que no existe pese a que la ley es del año 2012.

La Dirección Jurídica del MOPT señala que el reglamento debió confeccionarlo Cosevi y debía tener los criterios técnicos para elegir empresas que ofrezcan el servicio, tales como estándar de prestación del servicio, tipo de acreditación, instalaciones físicas, equipo, personal, entre otros.

“Esto con la finalidad de asegurar que, las empresas que resulten autorizadas para brindar el servicio de inspección técnica vehicular, tengan la capacidad técnica y de seguridad suficientes que exige el estándar de calidad que se defina para la prestación del servicio en cuestión, sin que se trate única y exclusivamente de la aplicación poco rigurosa de una simple autorización ante el cumplimiento de un mínimo de requisitos”.

Otra de las consultas evacuadas en el oficio corresponde a cuál entidad debe realizar la adjudicación de los nuevos prestatarios del servicio, ya que Cosevi ha indicado que debe hacerlo el MOPT, sin embargo, los abogados del ministerio indicaron que el proceso lo debe llevar a cabo el Cosevi.

También se analizaron dos escenarios planteados por Cosevi para darle continuidad al servicio a partir de julio del 2022:

• Solicitar autorización a la Contraloría General de la República (CGR) para realizar una contratación directa
• Modificar el contrato para que el actual prestatario del servicio continúe con la ejecución del mismo durante el tiempo necesario para que los nuevos ejecutores estén instalados y en condiciones de brindarlo.

Ambas opciones que plantea el Cosevi fueron analizadas por los abogados del MOPT quienes indicaron que en el caso de las contrataciones directas se debe demostrar que está es la única manera que se tienen para satisfacer el interés general.

También se menciona que si la opción y necesidad de hacer contrataciones directas se da por una falta u omisión deben tomarse acciones correctivas e, incluso, sancionatorias, tomando en cuenta que la Administración tuvo 10 años para preparar este proceso.

“En caso de que la solicitud se origine en una evidente falta de planificación que dé lugar a una tardanza en la disponibilidad del servicio requerido que comprometa la continuidad del servicio público, la solicitud deberá indicar, en forma expresa, las medidas correctivas y disciplinarias que hayan sido adoptadas o se piensan adoptar, lo cual tendría que ser un aspecto fundamental a tomar en cuenta, considerando que estamos ante la ejecución de un contrato con fecha de vigencia a partir del 2002, conocida por las partes y prorrogado a partir del 2012 con vencimiento en el 2022”, se indica en el criterio técnico firmado y elaborado por siete abogados del MOPT.

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Se resalta en el criterio que no hay justificación alguna para que las nuevas contrataciones no se hicieran oportunamente, tomando en cuenta que era conocido, desde hace años, la fecha de vencimiento del contrato actual.

“Por lo tanto, no consideramos que la solicitud de autorización para una contratación directa ante la Contraloría General de la República sea un mecanismo adecuado en el presente caso”, cita el oficio.

Sobre la opción de modificar el contrato con Riteve y extenderlo hasta tener listos los nuevos prestatarios, el criterio legal reitera la falta de planificación del Cosevi y explica que esta sería una última opción aunque “no sería la recomendable considerando que a la fecha de terminación del contrato se habrían cumplido ya 20 años de prestación del servicio”.

El oficio fue dirigido al viceministro de transportes y presidente de la junta directiva del Cosevi, Eduardo Brenes, y también se envió al director ejecutivo del Cosevi, Edwin Herrera.

Ambos jerarcas son los que están a cargo del proceso de darle continuidad al servicio de la revisión técnica en el país y ambos evitan atender a la prensa para referirse al tema.