La organización analiza la posibilidad de extender un servicio ampliado por $1.750 millones para el país
14/01/21 | 11:40am
La misión virtual del Fondo Monetario Internacional (FMI) que analiza la posibilidad de extender un servicio ampliado por $1.750 millones a Costa Rica envió una invitación formal a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa para pactar una reunión este martes 19 de enero.
La invitación la oficializó el jefe de fracción oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez, en medio del encuentro de los máximos representantes de cada bancada, este jueves.
Aún no se pacta una hora en específico, pues dependerá de la disponibilidad del resto de las fracciones.
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La participación del Congreso en las negociaciones es vital, ya que parte del acuerdo que Costa Rica busca con el FMI dependerá de que el país asuma compromisos para dar estabilidad a sus delicadas finanzas públicas en el mediano y largo plazo, algo que dependerá en una buena medida de la aprobación de proyectos legislativos en materia de recorte del gasto público y de generación de nuevos ingresos (nuevos impuestos o eliminación de exoneraciones).
En la misma reunión de jefes de fracción, el jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Fernando Chacón, manifestó su total anuencia a participar en el encuentro; mientras que José María Villalta, del Frente Amplio (FA), y Patricia Villegas, de Integración Nacional (PIN), también resaltaron la importancia del mismo.
El resto de bancadas no asumió ninguna posición inmediata sobre la invitación.
Los jefes de fracción ya se reunieron el 5 de enero pasado con representantes del Gobierno para conocer los detalles generales de la propuesta del país al FMI; sin embargo, esta sería la primera vez que se vean con representantes del organismo internacional como parte de este proceso. Al encuentro de inicios de mes se ausentaron los representantes del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), de Restauración Nacional (PRN), del Republicano Social Cristiano (PRSC) y del Frente Amplio (FA) por cuestiones logísticas, según explicaron al periódico La Nación.
El oficialista Sánchez aseguró esta mañana que la misión del FMI tiene interés de reunirse con jefes de fracción como parte de su exploración relacionada con actores políticos.
La misión del FMI, comandada por Manuela Goretti, jefa de la División para el Hemisferio Oeste del FMI, se reúne con representantes de Gobierno, autoridades económicas, empresarios, miembros de la academia y de la sociedad civil desde el pasado 11 de enero, como parte de sus primeras aproximaciones para un eventual acuerdo con Costa Rica.
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El Gobierno busca un acuerdo con el FMI, con el objetivo de acceder a una línea de crédito blando de $1.750 millones en desembolsos de tres años, los cuales quedarían supeditados al cumplimiento de medidas que permitan cerrar al menos parte del déficit financiero del país —que hace insostenible los niveles de la deuda pública en el mediano plazo.
El Ejecutivo anunció desde agosto de 2020 su intención de buscar este acuerdo con el Fondo; sin embargo, pausó sus intenciones después de que fracasó su primera propuesta de acuerdo con el organismo, ante reacciones en contra de medidas como triplicar la tarifa del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, establecer un gravamen a las transacciones financieras o la propia intención de incrementar temporalmente los gravámenes a las rentas más altas.
Ahora, cuatro meses después, el Gobierno por fin retomó la iniciativa, con una propuesta menos ambiciosa en materia de impuestos, y más bien inclinada en el recorte del gasto público y otras medidas para su contención.
En líneas generales, la nueva propuesta se fundamenta en las medidas acordadas en la Mesa de Diálogo Multisectorial, que se desarrolló en noviembre pasado; incluidos dos fuertes rebajas presupuestarias en 2021 y 2022. Asimismo, hace énfasis en la implementación de optimizaciones en Hacienda y la eventual aprobación de la reforma al empleo público, que ya se acerca a su fase final de discusión en el Congreso.
También, se buscan reformas tributarias como la reducción de algunas exoneraciones (incluida la del salario escolar), cobrar una mayor tarifa de renta a las remesas al extranjero, establecer un gravamen para los premios de lotería, cargar los rendimientos del régimen de pensiones complementarias, reformar el impuesto a las casas de lujo e iniciar la implementación de un nuevo esquema de renta global a partir de 2023.
Costa Rica se enfrenta a un panorama fiscal alarmante, con un déficit financiero que supera los ¢3 billones y que engrosa cada vez más rápidamente la deuda pública — que ya alcanza un 70% del PIB y triplica los niveles de 2008. Estas condiciones aumentan groseramente las necesidades de financiamiento de Estado, lo cual presiona indicadores como las tasas de interés y el tipo de cambio, y amenaza con desestabilizar la economía costarricense de manera definitiva en el corto plazo si no se toman medidas.
Una eventual insolvencia del país para el pago de su deuda en el mediano plazo implicaría fuertes procesos de inflación y devaluación, así como todos los efectos colaterales que ello significaría para el Estado y, el mismo tiempo, para el sector productivo.
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