“Es el ministro del MOPT el que debe dar explicaciones”, dice abogado sobre caso Cochinilla

El abogado Fernando Apuy asegura que el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata, es quien debe llegar a los tribunales a dar explicaciones por el dinero, supuestamente, malversado en el caso Cochinilla.

Apuy es el defensor del exgerente financiero del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Carlos Solís, uno de los nombres más sonados dentro del expediente y todas las intervenciones telefónicas realizadas.

A Solís se le acusa de, presuntamente, recibir todo tipo de sobornos por parte de los dueños de grandes empresas constructoras y a cambio dar información privilegiada sobre las licitaciones y, además, adelantar pagos de facturas.

Sin embargo, a criterio de su abogado, Solís sólo recibía órdenes.

“Yo solicité que se llamara al ministro de Transportes, don Rodolfo Méndez Mata, al director del Conavi (...) porque ellos tienen el conocimiento exacto. Fue en Casa Presidencial, en una reunión, en donde se tomó la decisión de conducir esos ¢70 mil millones.

“Don Carlos (su defendido, exfuncionario del Conavi) es solamente, en ese momento, el director financiero, es el que dirige la política financiera, pero el que la resuelve es el Consejo del Conavi directamente, dirigido y presidido por el ministro de transportes, es él el que debe dar explicaciones en este caso”, dijo el abogado.

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El jerarca del MOPT no se encuentra incluido en la lista de imputados por el caso Cochinilla; sin embargo, tras una denuncia presentada por el supuesto delito de incumplimiento de deberes, la Fiscalía decidió abrir un expediente en su contra (No. 21-000250-1220-PE).

El jurista agregó que todo el proceso del caso está viciado porque parte de una denuncia que es "falsa" y que todos esos elementos se irán analizando conforme avance el proceso.

Este lunes inició la audiencia donde se analizará la apelación de medidas cautelares realizada por el Ministerio Público y aún se tiene pendiente programar audiencias para ver otro tipo de apelaciones como, por ejemplo, la que analizará la legalidad de las intervenciones telefónicas y si el caso se tipifica como crimen organizado.

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Por este caso se realizaron 57 allanamientos el pasado 14 de junio y se detuvo a 30 personas, todas quedaron en libertad con diferentes medidas cautelares.

El expediente de investigación revela que dueños de grandes empresas constructoras (MECO, H. Solís, ITP, Cacisa y constructora Herrera) pagaban dádivas a funcionarios públicos para obtener contratos, pagos adelantados y acceder a información privilegiada.

Además de los dueños y trabajadores de empresas privadas se tienen imputados jefes de diferentes departamentos del Conavi, y funcionarios del MOPT.

Según la estimación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la red criminal creada logró malversar más de ¢78.000 millones de los diferentes contratos de obra vial.