Firma alega que pruebas fueron declaradas ilegales, Fiscalía señala solo las recabadas en vía administrativa y no penal
16/03/16 | 14:56pm
El Ministerio Público y la empresa VETRASA S.A.–importadora de los vehículos marca Suzuki–, difieren del fundamento legal que motivó el allanamiento de sus instalaciones este martes, llevado a cabo por presuntamente haber defraudado al fisco por ¢1.000 millones.
Mientras que el abogado de la firma, Erick Ramos, argumenta que el acto no tenía fundamento para realizarse debido a que la prueba en que se basó la denuncia de la Dirección General de Tributación Directa fue declarada ilegal el año pasado, la Fiscalía aduce que "la prueba declarada ilegal, fue la recabada en el proceso administrativo, no en el penal".
La respuesta la brindaron los fiscales a cargo del caso a través de la oficina de prensa del Ministerio Pública, tras la consulta de AmeliaRueda.com. La prueba obedece espeicalmente a declaraciones tributarias de los periodos fiscales 2010-2011.
Ramos denunció que por sí sola la denuncia de Hacienda no sirve como base legal para realizar un allanamiento.
El defensor detalló que se van a presentar los recursos legales necesarios porque el allanamiento fue "un acto arbitrario·.
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros se encuentra investigando el caso bajo el expediente 14-8-618-PE en base a la denuncia que data del 11 de junio de 2014, en la cual Hacienda denuncia a VETRASA S.A. por una supuesta defraudación fiscal durante los periodos fiscales de los años 2010 y 2011.
"La causa continúa en investigación en la etapa preparatoria (de recolección y análisis de prueba) fase que es privada para terceras personas, según establece el artículo 295 del Código Procesal Penal", comunicó la Fiscalía.
Para Ramos, el Ministerio Público no se está apegando a la constitucionalidad en sus investigaciones y esta "marcando un pésimo precedente".
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