Ajuste fiscal propuesto a FMI contabiliza efecto de recuperación pospandemia

La propuesta de ajuste fiscal hecha por el Gobierno de Costa Rica al Fondo Monetario Internacional (FMI), y sobre la cual dicho organismo ya accedió a un acuerdo técnico para financiar $1.750 millones en tres años, incluye metas de recuperación económica posterior a la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

El dato se desprende del Programa Macroeconómico 2021-2022, publicado por el Banco Central (BCCR) recién este viernes 29 de enero.

Esta recuperación se contempló en dos direcciones. Por un lado, contempló ahorros por la disminución de gastos adicionales para atender la emergencia y, por otro, mayores ingresos relacionados con la recuperación de la actividad económica a los niveles registrados antes de la pandemia y su posterior crecimiento.

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Solo para el primer año del ajuste (este mismo 2021), el Ministerio de Hacienda y el FMI acordaron como esperable que el país se ahorre un 0,6% del PIB en gastos adicionales por pandemia y la economía realice un ajuste cíclico propio favorable del 0,1% del PIB, como parte del proceso de recuperación. Es decir, se asume la eventual reducción de ¢224.730 millones en gastos y un ligero aumento en ingresos de ¢37.455 millones.

El ajuste por una menor cantidad de medidas se mantiene en un 0,7% del PIB en 2022 y 0,6% del PIB en 2023 y 2024; mientras que el de nuevos ingresos crece a 0,4%, 0,6% y 0,7% de la producción en los mismos tres años. Estos ajustes representan en conjunto un 30% del ajuste total en el primer año del ajuste y se reducen a un 20% del total en el cuarto año.

Inversiones sociales como el bono 'Proteger' y algunas de las transferencias extraordinarias a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) son parte de los gastos que ya no tendrían que realizarse en los próximos años; mientras que los nuevos ingresos corresponden a la recuperación en los rendimientos de ingresos que ya se aplican, pero que en 2020 se vieron fuertemente reducidos por el impacto recesivo de la pandemia.

Las estimaciones también incluyen reducciones de gastos por la aplicación de la regla fiscal, la entrada en vigencia de la reforma al empleo público y la imposición de medidas administrativas de contención. Asimismo, nuevos ingresos por la entrada en vigor de los últimos cambios incluidos en la reforma fiscal de 2018, el sistema de renta global a partir de 2023, el impuesto sobre los premios de lotería, la eliminación de exoneraciones, el nuevo impuesto a las casas de lujo y el aporte solidario por cuatro años de las empresas públicas al Estado.

La mayoría de estas medidas requieren de aprobación legislativa, incluido el acuerdo macro con el FMI, ligado a este programa de ajuste. La intención de la negociación es que el país asuma el crédito con el organismo, pero que además arregle su déficit financiero primario y, de esta manera, evite caer en insolvencia total en el mediano plazo.

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Evitar fuertes presiones

Costa Rica necesita un ajuste que le permita evitar una crisis por la gestión de su deuda pública. Necesita cerrar su déficit financiero primario (ingresos menos gastos sin contar intereses), que le obliga a aumentar cada vez más sus niveles de endeudamiento, en un efecto bola de nieve y, con ello, presionar al mercado interno con sus necesidades de recursos.

El plan de ajuste presentado a FMI, dicen Hacienda y el organismo internacional, permitiría cerrar esa brecha y lograr un superávit primario del 1% del PIB en 2023; lo que permitiría estabilizar los niveles de deuda a un acumulado sostenible en los próximos 15 años.

Según el presidente del BCCR y gobernador de Costa Rica ante el Fondo, el ajuste es esencial para evitar "presiones importantes" en el tipo de cambio y en la inflación, así como para evitar una crisis de liquidez en el mediano plazo para el Estado, con graves consecuencias en materia de empleo y de pobreza.

El FMI calificó positivamente la propuesta de ajuste que plantea el Ejecutivo, en conjunto con el BCCR. Dijo que es "progresiva y balanceada". El proceso ahora mismo se encuentra en proceso de aprobación por parte de la gerencia y el directorio ejecutivo del Fondo. Posteriormente pasará a estudio del Congreso costarricense, como ya ocurre con el grueso de medidas que incluye.

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