MEP planea trasladar 2.000 cocineras a su planilla, busca garantizarles derechos laborales

El Ministerio de Educación Pública (MEP) incluyó ¢1,625,3 millones adicionales en su presupuesto para remuneraciones del año 2021. El objetivo, asegura, es gestionar la contratación de 2.000 cocineras en la planilla del ministerio, las cuales actualmente son contratadas a través de transferencias que se realizan a las Juntas de Educación.

La ministra de Educación, Guiselle Cruz indicó en audiencia con los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que el cambio en el modelo de contratación busca que el ministerio garantice el cumplimiento de los derechos laborales de las funcionarias (en su mayoría mujeres), pues muchas de las Juntas de Educación suelen cometer errores que derivan en problemas económicos para ellas o en demandas en contra del propio Estado.

Entre los principales problemas que sufren estas trabajadoras, la jerarca del MEP destacó que en ocasiones las Juntas de Educación les asignan salarios por debajo del salario mínimo de ley o que interrumpen sus relaciones contractuales o las remplazan sin el pago de prestaciones.

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Al respecto, la ministra señaló que la medida busca "formalizar" la situación de mujeres que ven infringidos sus derechos laborales, una situación sobre la cual existen estudios internos que demandan la atención, por parte de a Dirección de Equidad.

"La formalización dentro de las plazas es importante porque tiene que ver con una política social. La mayoría son mujeres y a ellas a veces se les reduce el salario si se les quita el contrato a final de año, o se les vuelve a contratar una vez que termina el año. También existe una serie de situaciones de demanda que lleva el MEP en ese sentido", anotó.

Por su parte, la viceministra de planificación del MEP, Paola Villalta, añadió que con esta reforma se aliviarían funciones administrativas a las Juntas de Educación; al tiempo que se aumentaría la transparencia en las contrataciones de este tipo de personal, se reducirían conflictos legales, aumentaría la estabilidad laboral de las cocineras y se garantizaría el pago de su salario mínimo.

La ministra Cruz indicó que en promedio las cocineras pagadas por las Juntas de Educación reciben salarios de ¢352.800; sin embargo, existen casos en los que se da pagos muy inferiores o más bien muy elevados. El salario mínimo para el puesto de cocineras, que ya existe en el MEP, es de ¢308.400, por lo que el movimiento más bien implicaría una reducción de gastos en remuneraciones, según indicó el ministerio.

El MEP estima la reducción presupuestaria en unos ¢1.000 millones para arrancar; sin embargo, no presentó el detalle si se les aplicaran incentivos posteriormente.

Conflicto en el Congreso

La idea del MEP; sin embargo, encontró resistencia en el Congreso. Las diputadas Silvia Hernández y Ana Lucía Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN). Ellas cuestionaron la viabilidad de incluir nuevas plazas al aparato estatal y más bien solicitaron a la ministra Cruz una explicación detallada de por qué se considera mejor incluirlas en planilla y no corregir las irregularidades en las Juntas de Educación.

"No veo lógico que en esta coyuntura tengamos nosotros la posibilidad de darnos el lujo de sumarle 2.000 plazas nuevas al aparato estatal", dijo Delgado. Se podría "subsanar problemas de administración con aumentos en la planilla del Estado", según apuntó Hernández.

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La postura fue muy distinta en el caso de las oficialistas Nielsen Pérez y Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quienes subrayaron que se trata de formalizar relaciones contractuales de un grupo de trabajadoras que ya existe y que brindan un servicio calificado por la misma Asamblea Legislativa como "esencial".

Pérez aseguró que se intenta resolver un problema para “mujeres que han vivido condiciones de discriminación y de violación de sus derechos laborales", y que realizan trabajos que "no suelen ser valorados, ni reconocidos como tales".

Por su parte, Guido afirmó que la Asamblea más bien debería sentirse llamada "moralmente" a resolver la situación, ante las falta de experiencia de las Juntas de Educación en materia de contratación administrativa para el aseguramiento de las garantías laborales más básicas.

El tema será discutido en la Comisión de Hacendarios, que deberá rendir un dictamen del proyecto de presupuesto nacional a más tardar el día 20 de este mes.