Mélida Solís ofrece ¢163 millones para no ir a juicio por recibir pago irregular de factura en 2011

La empresaria dueña de H. Solís, Mélida Solís, ofrece ¢163 millones para evitar ir a juicio por recibir un pago irregular de una factura por ¢1.000 millones realizada por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en el 2011.

La propuesta de conciliación se dio la mañana de este lunes en el inicio de la audiencia donde se expone el caso y donde se iba a determinar si el caso debe ir a juicio o no.

El expediente judicial 13-000045-0621-PE indica que, según denuncias, el Conavi “disfrazó” el pago total de una obra y la gestionó como “adelanto”, figura que no está contemplada ni permitida en la legislación.

Se agrega que la situación se presentó en diciembre del 2011, en período de receso de fin y principio de año, y que el pago de los ¢1.000 millones a H. Solís se gestionó en “tiempo récord”. El monto correspondía a la cancelación total de cinco mil toneladas de cemento que al final no se utilizaron por completo en las obras de intervención de la Bernardo Soto y el tramo del aeropuerto a Manolos.

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El abogado de la empresaria, Francisco Campos, dijo a AmeliaRueda.com que en diversas oportunidades han ofrecido conciliar, debido a que en realidad el caso corresponde a un pago adelantado que, de igual manera, tarde o temprano la empresa iba a recibir. Agrega que la conciliación tiene el aval de la Procuraduría General de la República (PGR).

El pago que ofrece la empresaria corresponde a ¢88 millones del costo de oportunidad calculado por haber recibido el dinero “un poco” antes y ¢75 millones corresponden al cálculo del daño social.

Tras el ofrecimiento de la conciliación, se tuvo la oposición de la Contraloría General de la República (CGR) por lo que ahora se suspende la audiencia que estaba programada para este lunes, martes y miércoles porque ahora se debe esperar que se resuelva la apelación presentada por el ente contralor.

“Aquí no se está acusando a nadie de haberse robado un cinco, sino el tema concreto aquí es que a H. Solís en el año 2011 se le canceló la totalidad del monto de una factura por adelantado y de acuerdo con el criterio del Ministerio Público y de la Contraloría no procedía el pago adelantado sino el pago contra obra ejecutada.

“A raíz de eso lo que la Contraloría estaba reclamando era el costo de oportunidad, es decir, si se explica en términos sencillos significa que yo le pagué a usted algo que debía pagarle hasta dentro de seis meses y se lo pagué hoy, entonces le estoy cobrando intereses de los seis meses en los que usted usufructo mi plata. Ese es el costo de oportunidad que la Contraloría lo cuantificó en ¢88 millones, entonces se le ofreció pagar al Estado la suma de este costo de oportunidad, más el daño social que lo cuantificó la Procuraduría General desde el año 2017 y que tenía el visto bueno de la Procuraduría de la Ética Pública”, dijo Campos.

De acuerdo con el defensor de Solís con este caso llevan más de cuatro años intentando conciliar, sin embargo, al momento de homologar el acuerdo se tiene la oposición de la CGR y este lunes ocurrió lo mismo.

“Hoy (lunes) volvimos a una audiencia, se hizo la propuesta de conciliación, el juez lo homologó y la Contraloría volvió a apelar”, indicó el abogado al explicar que esto ocurrió pese a que existe un fallo anterior de un juez que indicaba que no podía existir doble representación del Estado y con criterios distintos, refiriéndose a la CGR y a la PGR.

Ahora se debe esperar que, de nuevo, se resuelva la apelación presentada por el ente contralor.

“Si se confirma (la conciliación) se hace el pago y se exime de la responsabilidad penal a doña Mélida mediante un sobreseimiento y si no, debemos volver a una nueva audiencia preliminar”, concluyó Campos.

La empresaria Mélida Solís actualmente se encuentra en prisión descontando una medida de prisión preventiva de cuatro meses establecidos por el caso Cochinilla.

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Otros implicados

El proceso judicial por el supuesto delito de pago irregular de contratos administrativos involucra a cinco personas, además de Mélida Solís se investiga el actuar de:

• Campos Cerdas, analista presupuestaria del Conavi
• Rojas Jenkins, exgerente de conservación vial del Conavi
• Solís Murillo, exgerente financiero de Conavi
• Aiza Campos, ejecución presupuestaria del Conavi

El abogado del exgerente financiero del Conavi, Carlos Solís, y representante, además, de Malaky Aiza, del departamento de Ejecución Presupuestaria del Conavi, el jurista Fernando Apuy, dijo a AmeliaRueda.com que sus defendidos no aceptan el término de conciliación porque esto representaría reconoce que hicieron algo irregular, lo cual, a su criterio, no fue así.

“La defensa de doña Mélida solicitó una conciliación como medida alterna al proceso y para no ir a juicio, la Procuraduría estuvo de acuerdo y se tuvo la oposición del Ministerio Público y de la Contraloría

“En el caso de mis representados no están de acuerdo en acoger la conciliación en razón de que ellos no pueden aceptar la comisión de un hecho delictivo, su participación en el proceso no constituyó un delito, sino que ellos actuaron conforme a sus responsabilidades, estudio y valoración la factura presentada por la constructora Solís, así como la verificación de requisitos que la deben hacer otras personas totalmente diferentes a mis representados”, dijo Apuy.

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El abogado dijo que el proceso de ejecución de pago en manos de sus representados ya viene con todas las fases de revisión previas y por esa razón rechazan las acusaciones incluidas en el expediente judicial.

En la denuncia se señala que para realizar el pago irregular de la factura los funcionarios del Conavi llegaron a las oficinas en período de vacaciones; ante esto el abogado señaló que sus defendidos tenían el aval para llegar.

“Eso (el pago de la factura) sí se hace en un período de fin de año en el cual los funcionarios públicos están de vacaciones, excepto aquellos que la dirección ejecutiva y el ministro de Transportes autorice que se queden trabajando para resolver una gran cantidad de solicitudes que había, es decir, hubo más de 140 aprobaciones que se dieron en cuestión de tres días y que cubren aproximadamente más de 70 proveedores del Conavi a los que se les tramitó sus facturas y se les hizo el pago, otras fueron rechazadas”, explicó el abogado de los funcionarios de Conavi.