Mélida Solís está con la presión “disparada”, dice su abogado al justificar ausencia en tribunales

La empresaria Mélida Solís Vargas tiene dos semanas con su presión “disparada”.

Por ese motivo, y porque los traslados en “perrera” le generan estrés, la propietaria de la constructora H. Solís no se presentó este lunes al inicio de una audiencia de prórroga de medidas cautelares dictadas contra 27 imputados en el caso Cochinilla.

Así lo justificó su abogado Francisco Campos Aguilar ante una consulta de AmeliaRueda.com momentos antes de que ingresar a la sala de juicio de los tribunales del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea.

“Doña Mélida ha tenido las últimas dos semanas una situación muy complicada. Incluso, se le está pidiendo al Juzgado (Penal de Hacienda y de la Función Pública) y lo estamos aportando hoy (lunes), porque ella tiene un constante monitoreo de su presión arterial y durante las últimas dos semanas, a pesar de que se le ha duplicado y triplicado la dosis de medicamentos, su presión arterial está disparada, está altísima, lo cual la pone en un riesgo inminente de una situación como un infarto o un derrame, según lo que nos indican los médicos. Eso también motivó una gestión ante el Juzgado a efectos de que ella no estuviera presente durante esta semana en las audiencias, ya que el traslado en ‘perrera’ le genera un aumento de estrés, lo cual afecta su presión arterial. Su situación ha estado complicada en la últimas dos semanas”, explicó el jurista.

La salud de Solís Vargas es uno de los temas que expondrá su defensa en la vista solicitada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta). El Ministerio Público busca alargar la prisión preventiva que recae sobre la empresaria y el dueño de Meco, Carlos Cerdas Araya. De igual forma se pretende extender las disposiciones que se le impusieron a otros representantes de compañías involucradas en el escándalo de supuesta corrupción y personal del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) así como del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Los defensores de los empresarios abogan por su liberación desde hace cuatro meses. A partir de este lunes insistirán en que no es necesaria la privación de libertad para sus clientes.

“Desde el inicio la expectativa es que se logre armonizar el derecho de la Fiscalía a investigar y proseguir con la acción penal y de la defensa material de estar en libertad. Nosotros consideramos totalmente innecesaria la detención de don Carlos (Cerdas Araya). Él estuvo más de 20 días en libertad con medidas atenuadas y no hubo una sola afectación al proceso. Esto no es ni más ni menos que una pena anticipada y la presión mediática que ha incidido en el tema que se tiene hoy (lunes)”, manifestó a este medio el jurista Érick Ramos Fallas, representante del propietario de Meco.

“En el caso de doña Mélida la situación es grave, no solo por el tema de su salud, sino porque la prisión preventiva es una de las medidas cautelares más gravosas. La expectativa que tenemos es tratar de acreditar que la prisión preventiva no se ajusta a una medida razonable proporcional. En el caso de doña Mélida no es necesario que ella permanezca en prisión preventiva para estar sujeta al proceso”, declaró Campos Aguilar.

Asuntos pendientes

Ambos juristas cuestionaron que el Tribunal Penal de Hacienda tenga pendiente resolver una apelación contra el rechazo de un pedido de liberación de Carlos Cerdas Araya, mientras que el Juzgado de la misma jurisdicción (pero con una conformación distinta) ni siquiera se ha pronunciado respecto a un “incidente por enfermedad” con la que se pretende cambiar la disposición que recae sobre Mélida Solís Vargas por sus problemas de salud.

La audiencia para conocer la impugnación planteada por Érick Ramos Fallas se celebrará el 22 de octubre próximo, mientras que la gestión de Francisco Campos Aguilar aún espera por un informe médico legal así como una visita del Departamento de Trabajo Social.

El caso “Cochinilla” estalló el 14 de junio anterior con allanamientos en 57 puntos diferentes, con el objetivo de lograr la detención u obtención de pruebas de 32 personas, entre ellos 19 funcionarios públicos y 13 personeros de empresas.

Del total de diligencias, 14 se llevaron a cabo en instituciones públicas como por ejemplo la Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Asimismo, se realizaron diligencias en las empresas Meco, H. Solís, Cacisa, Constructora Herrera, Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), entre otras.

El director general del Organismo de Investigación Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, detalló que en esa pesquisa se persiguen los delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, malversación de fondos, estafas y falsedad ideológica.

Por su lado, el Ministerio Público indicó en un comunicado que estos ilícitos fueron en apariencia cometidos en perjuicio del Estado por funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y Transportes así como de Hacienda, además de particulares de compañías privadas.

Según el jefe de la Policía Judicial, entre 2019 y 2020 estas personas en apariencia establecieron un esquema de pago de coimas. "Les permitía obtener dinero, vehículos, viajes, favores sexuales y todo aquello que ustedes puedan imaginarse para que alguna empresa pudiera verse beneficiada. Es el enlace típico de corrupción que se ha visto en otros países en la que un grupo de empresarios, empresas muy fuertes y que además tienen posibilidades amplísimas de actuación, se acercan a funcionarios públicos, le ofrecen dádivas, regalías y afectan la integridad de personas", manifestó Espinoza Espinoza.

El director del Organismo puntualizó que este es uno de los operativos más importantes que han realizado en los últimos meses. Se estima que esta red de corrupción provocó un hueco financiero de ¢78.000 millones.