"Megamoción" aprobada por diputados recorta ¢155.000 millones al presupuesto de 2021

La Asamblea Legislativa aprobó la tarde de este 24 de noviembre un recorte neto de ¢154.000 millones al Presupuesto Nacional de 2021, presentado por el Gobierno de la República.

Con 48 votos a favor y 2 en contra, los diputados adoptaron una "megamoción" impulsada por los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN) y Republicano Social Cristiano (PRSC), así como el bloque independiente Nueva República.

Dicha iniciativa fue presentada al límite del vencimiento del plazo para proponer modificaciones al expediente 22.174 y fue la primera en conocerse durante la sesión extraordinaria realizada este 24 de noviembre; una situación que despertó molestia en el oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Partido Frente Amplio (PFA). Aún así, la agrupación política de gobierno apoyó la disminución.

La "megamoción" implica recortes en los tres Supremos Poderes, así como en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

En el plan de gastos del Congreso, por ejemplo, prevé una rebaja de ¢1.347.335.917, mientras que para la Presidencia aspira a reducir ¢1.933.434.296 y ¢5.534.854.312 para la Corte Suprema de Justicia.

Al llamado "cuarto poder" se le disminuirá su presupuesto en ¢2.610.489.424. Mediante un comunicado de prensa, la autoridad electoral advirtió que los recortes que se impulsan a su plan de gastos afectarían la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del Registro Civil, así como la seguridad de los sistemas para emitir cédulas de identidad y para inscribir nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones, además del blindaje del proceso electoral de 2022.

Lo anterior en el tanto que los parlamentarios dispusieron de un recorte que le impide al Tribunal cumplir con un contrato de alquiler de un centro de datos alterno para la replicación de información además que se afecta la adquisición de mobiliario y equipo para los próximos comicios presidenciales, incluida la adquisición de la banda transportadora de las tulas con el material electoral.

También se prevén reducciones presupuestarias en 18 ministerios, entre ellos los de Seguridad Pública (MSP), Ambiente y Energía (Minae), Cultura y Juventud (MCJ), Educación Pública (MEP) y Salud, aún cuando esta última institución ha llevado una parte del peso de la atención del estado de emergencia nacional por el nuevo coronavirus.

El recorte a la primera de las carteras es uno de los que mayor revuelo generó en el Plenario y fuera de él, pues su viceministro administrativo, Randall Vega Blanco, advirtió que la moción afecta directamente a todos los cuerpos policiales.

Lo último en el tanto que se rebaja en un 63% la partida de inversiones de Seguridad Pública, lo que impediría hacer compras de chalecos que vencerán el próximo año, así como de armas de reglamento y la flota de una centena de vehículos oficiales que -año con año- se requiere reemplazar.

También se disminuyen los gastos en la adquisición de materiales para cumplir con un plan remedial que pretende evitar el cierre de 30 delegaciones, así como como la reparación de equipos de comunicación y el presupuesto para viáticos.

"Es alarmante saber que a parte de los casi ¢10.000 millones que teníamos de déficit presupuestario del 2021, a parte de eso, se suma una moción de ¢5.300 millones. ¿Eso qué significa? Significa que se va a tener una Fuerza Pública manos arriba, hincada que no va a poder prestar el servicio de seguridad ciudadana, posiblemente en todo el segundo semestre del año entrante.

"Realmente es una situación crítica. Me parece que este tipo de mociones deben ser efectuadas con una mucha mayor responsabilidad", aseveró Vega Blanco.

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"Inaplicable"

La "megamoción" fue aprobada aún cuando el director del Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea, José Rafael Soto González, advirtió de forma oral a los legisladores que la propuesta está desequilibrada en el tanto que se disminuyen recursos de partidas de remuneraciones sin que se especifiquen las plazas a suprimir.

Esta situación, a criterio del funcionario, hace "inaplicable" esa iniciativa.

La exposición del criterio de Soto González llegó poco antes del mediodía. Luego de que los parlamentarios lo escucharan, el presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank Smith, decretó un receso de 1 hora y 40 minutos. Al regreso, los diputados aprobaron la moción sin referirse a la alerta de Análisis Presupuestario.

Una vez superada la votación, el jefe de la fracción de Acción Ciudadana, Enrique Sánchez Carballo, informó que el Ministerio de Hacienda había entablado comunicaciones con el departamento legislativo a fin de aportar la información que faltaba para volver aplicable la "megamoción".

"Tanto Hacienda como Análisis Presupuestario están en ese traslado de información presupuestaria para subsanar cualquier posible error que existiera o faltante de información que existiera por esta moción que acabamos de votar", aseguró el congresista rojiamarillo.

El proyecto de presupuesto ha tenido un trámite convulso en Cuesta de Moras.

Cuando pasó por la Comisión Permanente Ordinaria de Hacendarios, los diputados de oposición impulsaron propuestas de recorte por montos similares; sin embargo, estas intenciones fueron detenidas por la fracción de Acción Ciudadana y el Frente Amplio, quienes consideraron varias de las propuestas irracionales y perjudiciales para el trabajo del Estado.

Luego, el Plenario aprobó un dictamen negativo de mayoría y así reinició la discusión del plan de gastos por ¢11,4 billones, a partir de este 24 de noviembre y por los próximos cuatro días, hasta la fecha límite para su votación en primer debate (el día 27 del mismo mes).

En tanto, el Gobierno presentó una propuesta de recorte por ¢150.000 millones, tal como propuso de forma remedial a la oposición, no obstante, esta no llenó las expectativas de la mayoría del Congreso, especialmente por su impacto en proyectos de obra pública.

Con la aprobación de la "megamoción", Sánchez Carballo, anunció el retiro de dicha iniciativa, en el tanto que esta, así como la presentada por la oposición, comparten rebajas por unos ¢104.000 millones.

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