Médicos piden a Procuraduría de la Ética investigar nombramiento de gerente financiero de CCSS

La Unión Médica Nacional (UMN) solicitó a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) investigar el nombramiento del nuevo gerente financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), toda vez que este es sospechoso de influencia contra la hacienda pública, fraude de ley y administración fraudulenta.

El pedido del sindicato de indagar la designación de Gustavo Picado Chacón en dicho cargo se fundamenta en que él es uno de los 16 exdirectivos y altos funcionarios de la institución administradora de los centros médicos públicos del país acusados del pago de salarios y cesantías supuestamente irregulares entre 2006 y 2010, de acuerdo con lo indicado en el oficio remitido el 23 de abril anterior al director de la oficina anticorrupción de la Procuraduría General de la República (PGR), José Armando López Baltodano, al cual AmeliaRueda.com tuvo acceso.

La organización laboral exige investigar:

• A los directivos realizaron el nombramiento del economista a pesar de los hechos que se le atribuyen y si la designación se realizó conforme a derecho así como a los principios éticos de la función pública.
• Los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron el nombramiento del nuevo gerente financiero y si estos se adecúan a los principios de la función pública.
• Si el nombramiento de Picado Chacón procede aún cuando es sospechoso de influencia contra la hacienda pública, fraude de ley y administración fraudulenta.
• Y si la designación debe ser objeto de investigación por parte del Ministerio Público por cuanto "no concuerda presumiblemente con una decisión transparente, oportuna y legítima".

“Este tipo de actuaciones lejos de promover valores éticos dentro de la Caja de Seguro Social, dan a entender que existe algo irregular en la función pública, que los actos no resultan transparentes, que hay algo extraño en la toma de las decisiones. Tal parece que se quiere confrontar al propio Poder Judicial, a la democracia de nuestro país y sin ningún miramiento se nombra a un funcionario que está cuestionado en el Ministerio Público. Estas actuaciones deben ser investigadas conforme a Derecho", indica la nota.

Picado Chacón tiene 25 años de trayectoria y ya ocupó las gerencias Financiera y Administrativa de la entidad, además de que fue director Administrativo Financiero, de Recursos Humanos y de Pensiones. Se gradó de la Universidad de Costa Rica (UCR) y cuenta un diplomado de Fundamentos de la Economía de la Salud. También es profesor de la Escuela de Salud Pública de su alma máter.

Una semana atrás, la institución que vela por la seguridad social informó que el economista asumirá funciones el 3 de mayo siguiente y por los próximos seis años, luego de un proceso de selección de más de un año que incluyó "pruebas psicométricas, técnicas y de competencia" encargadas a una empresa externa.

El director de Administración y Gestión de Personal de la Caja, Wálter Campos Paniagua, defendió en esa oportunidad que 22 personas -3 no cumplieron los atestados- participaron y que la decisión fue tomada por votación en la Junta Directiva, luego de que esta entrevistara a los concursantes de la terna final.

La plaza en cuestión estaba vacante desde el 7 octubre de 2019, cuando se hizo efectiva la renuncia "por razones personales" de Carlos Alfaro Alfaro, quien había asumido el cargo el 6 de diciembre de 2018. Desde entonces, la Gerencia Financiera la asumió interinamente Luis Diego Calderón Villalobos.

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Supuestas anomalías

El economista Gustavo Picado Chacón es uno de los 16 acusados por la presunta cancelación irregular de salarios y cesantías realizadas por la Caja Costarricense de Seguro Social entre 2006 y 2010, por las que la Procuraduría de Ética Pública reclama daños sociales ocasionados estimados en ¢210.279 millones.

A ello se suma otro daño social calculado en unos ¢7.895 millones por la venta de títulos valores del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), según lo dio a conocer este medio el 3 de setiembre pasado.

Con ese estudio, que estuvo a cargo de un perito actuario matemático, la oficina anticorrupción del abogado del Estado se sumó a la causa 12-000046-615-PE en calidad de víctima, para reclamar un total de ¢218.174 millones en daños sociales.

Bajo ese expediente, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) presentó el 13 de marzo de 2020 una acusación y solicitud de apertura de juicio contra 16 exdirectivos y altos funcionarios de la institución administradora de los centros médicos públicos del país, por supuesta influencia contra la hacienda pública, fraude de ley y administración fraudulenta.

Dentro del listado de encartados -además de Picado Chacón- sobresalen el presidente ejecutivo de la Caja en el periodo en cuestión, Eduardo Doryan Garrón; los exgerentes Dinorah Garro Herrera, Manuel Ugarte Brenes, Iván Guardia Gutiérrez y José Alberto Acuña Ulate; así como otras personas de apellidos López Vargas, Montoya Murillo, González Castillo, Vega Rojas, Hernández Chacón, Quesada Martínez, Madrigal Mora, Cabezas Solera, Chaves Muñoz y Trejos Lobo; indicó a este medio el departamento de comunicaciones del Ministerio Público.

La acusación en cuestión se fundamenta en aparentes anomalías en la aprobación de una Política Salarial -que provocó un incremento en las remuneraciones y cesantías de los funcionarios de la institución encargada de la seguridad social- había sido dada a conocer por el fiscal adjunto de probidad, Glen Calvo Céspedes, el 20 de marzo de 2019.

Sin embargo, con motivo del peritaje de la Procuraduría de la Ética, esa atribución de hechos se materializó hasta casi un año después.

La investigación se inició en 2012, a partir de una denuncia presentada por Daniel Muñoz Corea, quien laboró como jefe del Área de Investigación Económica de la Dirección Actuarial de la institución entre 2007 y 2012. De acuerdo con el diario La Nación, el denunciante atribuyó la crisis de liquidez que enfrentaba la Caja en 2008 a un "maquillaje" de datos salariales, supuestamente realizado por altos mandos.

Esa información falseada en apariencia se incluyó en un proyecto de Política Salarial que aprobó la Junta Directiva en un fecha no especificada por la publicación. Como parte de esa iniciativa, se acordó romper el tope de la cesantía, al pasarla de 12 a 20 años.

Según el rotativo, Muñoz Corea alegó en ese entonces que el plan se efectuó al margen de la valoración anual del estudio actuarial del Seguro de Salud y con proyecciones financieras modificadas de ese seguro al 2025. "Al falsearse los resultados verdaderos que no daban viabilidad a estos incrementos, en el 2009 se aprobaron estos beneficios", dijo el denunciante al periódico.

La queja además señala que la crisis desencadenada por la decisión contagió el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, ya que este adquirió títulos valores al Seguro de Enfermedad y Maternidad, sin contar con un estudio técnico que lo respaldara.

Muñoz Corea indicó que esa compra fue ordenada por el Comité de Inversiones del primero de los regímenes para solventar los problemas de liquidez del segundo.

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