Mayoría absoluta de 38 votos es necesaria para venta del BCR, ratifica la Procuraduría

La autorización de la Asamblea Legislativa para que el Poder Ejecutivo concrete la venta del Banco de Costa Rica (BCR) necesita sí o sí de una mayoría absoluta de al menos 38 votos, ratificó la Procuraduría General de la República (PGR) en un oficio remitido a la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Kattia Rivera.

Ya es la segunda instancia técnica que corrige al presidente Rodrigo Chaves, que en una conferencia de prensa el 12 de septiembre dijo que, hasta donde él entendía, la privatización del BCR no necesitaba de más de 29 votos para ser aprobada en el Congreso. "En mi opinión" no se requieren 38 votos, dijo entonces el mandatario.

Pocos días después, el 15 de septiembre, el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa confirmó lo que muchos diputados señalaron: al tratarse de la desaparición de una institución autónoma, el proyecto de ley solo puede pasar con el apoyo de al menos dos terceras partes del Parlamento.

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En ese mismo sentido se expresó la PGR en su respuesta del 22 de septiembre a la diputada Rivera —de la que este medio tiene copia—, señalando que la creación de un ente autónomo exige una mayoría calificada de 38 votos, y que de conformidad con el principio de paralelismo lo mismo se necesitaría para suprimirlo.

"En aplicación del principio de paralelismo de las formas, la Sala Constitucional ha señalado que la votación calificada se impone cuando se trata de una afectación negativa de la esfera jurídica del ente.Así se desprende de la resolución 2006-3671 de las 14:30 minutos del 22 de marzo de 2006", recordó el órgano legal del Estado.

El proyecto de ley que el Gobierno de Chaves envió al Congreso "incide en forma sustancial y trascendental sobre las funciones del Banco de Costa Rica, al punto de que altera su núcleo funcional y sobre todo modifica la estructura orgánica, afecta la personalidad jurídica pública y la condición de ente autónomo", dice la PGR.

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Es decir, la iniciativa prevé la "extinción" del BCR como institución autónoma, pero no se trata solo de eso, pues al trasladar sus activos y pasivos a una empresa privada el ente vería cercenada su actividad bancaria, para la cual fue creada. "En suma: se le modifica su finalidad de ser y su esencia en tanto entidad bancaria".

"Esa afectación impone que el proyecto de ley sea aprobado con mayoría calificada", concluye la Procuraduría en su escrito, que explica que la necesidad de al menos 38 votos "expresa la específica protección constitucional" que se le ha dado a las instituciones autónomas "frente a la propia acción del legislador".

Este escrito —suscrito por la procuradora general adjunta, Magda Inés Rojas— fue en respuesta a una consulta planteada por la diputada Rivera el pasado 13 de septiembre. En el mensaje, la PGR también confirma que el proyecto de ley modifica la naturaliza jurídica del BCR y pretende lograr la extinción de la entidad bancaria.

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Proyecto en discusión

El mandatario Chaves anunció su intención de proponer la privatización del BCR en su discurso de los 100 días, el 16 de agosto. El Gobierno envió el texto de la iniciativa el 8 de septiembre a la Asamblea Legislativa, y una semana después surgió el debate sobre si necesita 38 o 29 votos para convertirse en ley de la República.

Desde entonces no ha avanzado en el Congreso, pero el Ejecutivo convocó el proyecto la semana pasada, aprovechando el comienzo de las sesiones extraordinarias, en las que controla la agenda legislativa. De esa forma, la iniciativa fue ya conocida por la Comisión de Asuntos Económicos.

En su primera sesión de trabajo, la Comisión definió la lista de personas a llamar a audiencia, y citó de inmediato al gerente general del BCR, Douglas Soto Leitón, que este martes dijo a los diputados de dicho foro que su opinión es que "no es un buen momento" para vender la entidad y criticó las "omisiones" del proyecto de ley.

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