Más de 500 personas que viven en 20 cuarterías de la capital tienen orden sanitaria por Covid-19

500 órdenes sanitarias a personas que pueden tener la enfermedad o ser contacto de algún paciente con el virus, y viven en 20 cuarterías de la capital fueron entregadas por la Municipalidad de San José en los últimos 45 días.

Un caso positivo obliga a las autoridades a cercar el sitio e impedir la salida de alguno de los habitantes del lugar, explicó el director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano.

Las alertas por el hacinamiento y riesgo que representan estos sitios se encendió a principios del mes de junio, cuando se empezaron a registrar los primeros casos positivos de Covid-19 en cuarterías.

Esta situación obligó a las autoridades a iniciar todo un programa de ayuda humanitaria, y proveer a las personas de alimentación y suministros esenciales como pañales o elementos de higiene.

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El país ya suma 11.811 casos totales del mortal virus. De ellos, 8.617 se encuentran activos. Se reportan 66 muertos por la enfermedad.

En este momento se mantienen operativos de control en 11 cuarterías de la capital, con un total de 222 personas aisladas, según el reporte de las autoridades.

Solano indicó que se estima que en el cantón central de San José existen cerca de 300 cuarterías en las que viven más de 15.000 personas, la mayoría de ellas en condiciones insalubres y de hacinamiento.

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“Una cuartería es un lugar que fue construido con otros fines pero que se termina acondicionando para el alquiler de cuartos, donde las personas comparten baños y sitios de cocina”, dijo el jefe policial, quien agregó que pese a las múltiples intervenciones policiales que se han realizado, se trata de una problemática que requiere de mayores esfuerzos para lograr su erradicación o regulación.

“La mayoría son ilegales, muchas funcionan en la clandestinidad porque desde afuera no hay forma de saber que son cuarterías, tiene cortinas metálicas, edificios cerrados o una sola puerta pequeña para el uso de sus habitantes”, manifestó.

A raíz de la problemática desatada con los casos de Covid-19 en cuarterías, las diferentes autoridades han iniciado coordinaciones para lograr una intervención conjunta y lograr la regulación de estos sitios que representan ingresos mensuales estimados entre los dos y seis millones para los dueños de dichas estructuras, así lo han calculado las autoridades municipales.

“El problema no es la cuartería, es la pobreza” manifiesta Solano al indicar que no se trata sólo de cerrar los lugar, sino que se ocupa pensar en las soluciones de vivienda para estas miles de personas.

Las intervenciones a los sitios se han realizado a lo largo de los años pero no “con el volumen, la fuerza o el impacto que se necesita”, reconoce la autoridad policial quien asegura que pese a los esfuerzos por regular el negocio, en este momento la prioridad es mantener los aislamientos necesarios y operativos de regulación para evitar que los casos de Covid-19 detectados puedan continuar creciendo.