Marchamo es un impuesto justo y "no tiene sentido" reducirlo, dice Ministro de Hacienda

El marchamo, que es el derecho de circulación, se compone mayoritariamente del impuesto a la propiedad (entre un 65 y 70 por ciento del total) y se cobra proporcionalmente sobre el valor del vehículo; por esa razón es una carga justa y "no tiene sentido" disminuirlo en medio de una crisis económica como la que enfrenta el país.

Así respondió el ministro de Hacienda, Elian Villegas, a propuestas legislativas que buscan reducir hasta un 50 por ciento el pago de ese impuesto.

Reducir la carga por una disminución en el tránsito debido a la restricción vehicular sanitaria por la pandemia de Covid-19 sería -incluso- un error conceptual pues el tributo no se cobra por el uso que se hace del vehículo, resaltó Villegas.

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El jerarca también explicó que reducir impuestos como el marchamo implicaría una decisión fiscalmente dolorosa si se toma en cuenta que el país más bien necesita recursos para financiarse en lo que resta del año, ante un déficit financiero que podría alcanzar cifras cercanas al 10 por ciento del PIB por la contracción de la economía generada por la pandemia del SARS-CoV-2.

"Desde el punto de vista de Hacienda, no le encuentro sentido a que intentemos disminuir el monto de este impuesto en un momento en el que requerimos recursos fiscales frescos, que no provengan del endeudamiento, sino precisamente de los impuestos que ya tenemos. No me hace sentido que pretendamos disminuir el ingreso fiscal de un Estado que en este momento requiere de más recursos".

"Si estuviéramos en una situación fiscal distintas, con un superávit del 10 por ciento o del 9 por ciento del PIB, entonces podríamos hacer algo diferente, realizar otras distribuciones y disminuir tasas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o del Impuesto sobre la Renta, pero esa no es la situación fiscal que tiene Costa Rica".

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Hasta hoy se han presentado tres proyectos de ley en corriente legislativa con la intención de reducir el pago del impuesto a la propiedad de vehículos que incluye el marchamo en 2020. Ambos argumentan que las restricciones vehiculares han implicado una menor utilización de los vehículos, lo cual debería redundar en un menor cobro por ellos.

Uno de los proyectos lo presentó la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Franggi Nicolás, con la intención de rebajar el importe en un 20 por ciento de forma generalizada. Otro lo tramitó su compañero de bancada, David Gourzong, con la idea de exonerar a las personas que recibieron el bono Proteger y de rebajarlo un 25 por ciento a microempresas y otras personas afectadas laboralmente por la pandemia.

Además, diputados como Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), ya plantean mociones para aumentar esas reducciones. El socialcristiano incluso habla de un 50 por ciento el proyecto de Gourzong, e incluir a todo tipo de empresas y no solo las más pequeñas.

También existe una propuesta de ley del diputado Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), en la dirección de reducir el importe en un 50 por ciento, de forma generalizada.

¿Qué es el marchamo?

El marchamo está compuesto por distintos aportes: el principal es el impuesto a la propiedad de vehículos, que representa entre un 65 por ciento y un 70 por ciento del mismo. También incluye cerca de un 25 por ciento correspondiente al Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) y el resto se dividen rubros como timbres, cánones para el Consejo de Transporte Público (CTP) y parquímetros, entre otros.

Sobre el impuesto a la propiedad, el ministro Villegas fue enfático en que no se trata de un "impuesto al ruedo", el cual se derogó desde 1987. Ese gravamen sí se cobraba sobre la utilización del vehículo, no como el actual, que se cobra sobre su propiedad.

Por eso, afirmó que no sería conceptualmente justo hablar de una disminución por un menor uso del vehículo.

Villegas además comentó que el impuesto es progresivo, una característica que debería evaluarse a la hora de plantear posibles disminuciones. Según defendió, "es un impuesto de esos que uno llamaría justos, que contribuyen con el principio de justicia tributaria, porque si hay una persona que es muy pobre y no tiene vehículo no tiene que pagar el impuesto, pero otra que sí lo tiene lo paga proporcionalmente".

"El impuesto a la propiedad de los vehículos es un impuesto progresivo. Es un impuesto que paga quien tiene vehículo y que quien no tiene vehículo no paga. Además, si usted tiene un vehículo de ¢60 millones paga más que alguien que tiene un vehículo de ¢1,5 millones. Es un impuesto proporcional a su valor, por eso, desde ese punto de vista, es uno de los impuestos que no se deberían tocar, porque es un impuesto a los bienes que tiene una persona", concluyó.

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El criterio del ministro de Hacienda se suma al de la Contraloría General de la República (CGR), que en dos oficios afirmó que reducir los importes afectaría la recaudación en un momento crítico para el país. Además, la entidad recordó que hay tarifas del impuesto que no se actualizan desde hace más de 30 años, como las que se cobran a buses, taxis y camiones de carga.

La CGR también señaló que el impuesto igualmente caería por concepto de inflación.

¿Promover exoneraciones?

Las propuestas para reducir el impuesto llegan en un contexto de contracción económica que ya estima una caída de al menos ¢1,165 billones en los ingresos del Estado, con un déficit financiero que se acercaría al 10 por ciento del PIB, según el Ministerio de Hacienda (unos ¢3,6 billones).

Ante esta situación, el ministro Villegas había enviado una carta a los diputados, el 9 de julio pasado, advirtiéndoles que las decisiones que tomen en materia de exoneraciones pueden "agravar" el desequilibrio fiscal del país y desestabilizar aún más su quebrantada sostenibilidad económica.

Para este 2020, Hacienda estima ingresos por el orden de los ¢185.000 millones por concepto de Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones, Ley 7.088, que incluye los ingresos por el marchamo.