País solo tiene el 20% de los recursos que necesita para cuidado de vías y puentes en 2023: MOPT

El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para dar mantenimiento a carreteras y puentes en el año 2023 será insuficiente para atender los problemas críticos de toda la red vial nacional, reconoce el ministro Luis Amador.

Según estimaciones brindadas por el jerarca a este medio, el costo de estas obras de mantenimiento puede ascender a entre $450 y $500 millones. Los número los dio el pasado martes 20 de septiembre tras comparecer ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

En agosto, una encuesta del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, de la Universidad de Costa Rica (UCR), mostró un 19,8% de opiniones negativas con respecto a la gestión del Gobierno de Rodrigo Chaves en el mantenimiento de carreteras.

El ministro Amador ha explicado en reiteradas ocasiones que los contratos de mantenimiento tienen dos años congelados y que, por la situación fiscal del país, el Gobierno debe priorizar los recursos que tiene para cuidar las vías de mayor importancia para la población.

Después de abordar este asunto ante la Comisión de Hacendarios, que precisamente le llamó en audiencia para analizar el presupuesto de 2023, el jerarca dijo a AmeliaRueda.com que se necesita "una suma elevada" de dinero y que "eso no va a ocurrir en un solo año".

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De hecho, el pasado fin de semana, contó Amador, el MOPT hizo una estimación de que para reparar "los puentes más críticos" se necesitan entre $200 y $250 millones, a los que deben sumarse más de $100 millones para "hundimientos, fallas, socavaciones, deslizamientos".

"Después están todas las necesidades de bacheo, de rehabilitación de vías, de drenajes y otras obras, y se va otra suma significativa", señaló, precisando que para eso se necesitarían "por lo menos otros $90 millones". "Tenemos un rezago; esa es la realidad", afirmó.

"Por eso yo vengo diciendo que se ocupan más o menos ocho, nueve años para poder devolver el rezago que tenemos", continuó Amador, que en su comparecencia ante la Comisión no descartó optar por otras vías de financiamiento para atender la red vial.

Priorización

Durante su audiencia ante los diputados que estudian el proyecto del presupuesto del próximo año, Amador explicó que existe la necesidad de priorizar estos recursos y mencionó los criterios que tomará en cuenta el MOPT para definir en qué invertir y en qué no.

El flujo vehicular de las carreteras, el porcentaje de carga que mueven, la condición actual de las mismas y "el costo de oportunidad de no atenderla en un año dado y que decaiga a un grupo superior de deterioro" que encarezca su mantenimiento en el futuro son esos criterios.

"Falta de contenido presupuestario sí hay, pero también hay que entender la realidad país en general. Yo no puedo ser irresponsable y decirle a Hacienda que me tiene que dar recursos que no puede porque tenemos todos que tener esa disciplina fiscal", defendió el ministro.

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"Yo desearía tener recursos", insistió, pero "tengo que trabajar con los recursos que tengo disponibles y aplicar priorización". No obstante, sí mencionó la posibilidad de acceder a un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para estas tareas.

Según las cuentas del titular del MOPT, hay "más o menos 250 puentes que hay que arreglar", por lo que un crédito podría ayudar en este sentido, para así dedicar el presupuesto ordinario al bacheo y otras atenciones viales necesarias.

Situación actual

Actualmente, solo hay un contrato de mantenimiento vial que se está usando para atender "únicamente" San José, mientras que "el resto del país está al descubierto y no hay contratos", pero el Ministerio pretende conseguir más autorizaciones en el medio plazo.

"El Gobierno anterior había pedido una extensión de dos años creo de los contratos previos; una mala práctica que se ha venido manteniendo. La Contraloría se los denegó, vinieron los casos de corrupción y se quedaron sin contratos", relató Amador.

Él y el presidente Chaves han pedido autorizaciones de "extrema urgencia" por "el pésimo estado de las carreteras", aseguró, por lo que la Contraloría les dijo que podían usar unas autorizaciones que todavía estaban activas, que son las que se tienen actualmente.

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"Sin embargo, esas contrataciones solo permiten poner asfalto y no controlar los drenajes; si yo pongo asfalto sin drenajes se me deteriora rápidamente y no tengo fiscalización para asegurarme que la colocación es adecuada", explicó.

Amador tiene la expectativa de que entre enero y febrero de 2023 la Contraloría confirme dos autorizaciones para mantenimiento de vías, para que el Gobierno presente entre mayo y junio "los contratos de largo plazo", que una vez concedidos serían por cinco años.