Magistrados deciden no investigar a Fiscala General

La Corte Plena tomó la decisión de no abrir una investigación a la Fiscala General Emilia Navas, sobre sus gestiones en los procesos de inhibición por conflicto de interés. Además, ante el desconocimiento de los Magistrados de si son un superior jerárquico para la Fiscalía General, sometieron a votación la presentación de inhibitorias de la Fiscala y si se debe basar tanto en el reglamento establecido por la Corte como en el protocolo diseñado por Emilia Navas para dicha tarea.

También por acuerdo firme decidieron nombrar al Fiscal Adjunto de Fraude y Cibercrimen, Miguel Ramírez López como fiscal subrogante ad hoc para el caso "Cochinilla".

La sesión fue catalogada como histórica por varios Magistrados, y tuvo una duración de más de diez horas. El centro de discusión fue el vacío legal para las inhibiciones sobre el que se rige la Fiscalía General. La Corte Plena cuestionó el proceso seguido por Emilia Navas durante sus inhibitorias, al ser ella la cabeza de su departamento y no notificar a su instancia superior jerárquica, que debería ser la misma Corte Plena.

Durante la sesión, la Magistrada Roxana Chacón sostuvo que "Navas incumplió con un deber de normas superiores” al no notificar formalmente a la Corte Plena sus ocho inhibiciones en diferentes casos importantes. Además agregó que, “yo no me puedo dar por notificada según lo que diga la prensa”.

Por su parte, el presidente de la Corte, Fernando Cruz, argumentó que si bien la Fiscala había actuado acorde a lo que dice la norma, “deja un sinsabor por el vacío que hay en el reglamento” y agregó: “El problema de los conflictos de interés es que se hizo por reglamento y no por ley, por lo que, nos ponen en una difícil situación en un marco jurídico que no es el adecuado”.

El artículo 8 del Reglamento para la prevención, identificación y la gestión adecuada de los conflictos de interés en el Poder Judicial, que entró en vigencia el 1ro de marzo de 2020, establece:

Las personas servidoras judiciales están obligadas a informar formalmente a su instancia superior jerárquica sobre los intereses privados que sean potencialmente generadores de conflictos de interés en los términos del artículo anterior, en el ejercicio de sus funciones de manera transparente, oportuna y oficiosa.

El magistrado Luis Salazar argumentó que, “la Corte nunca ha renunciado a ejercer el poder disciplinario sobre el Fiscal General de la República”, especificando que el superior jerárquico es quien nombra, y en el caso de la Fiscala General sería la Corte Plena. Agregó:“El problema lo tiene hoy día la Corte Plena, no la Fiscal General”.

El protocolo actual sigue diferentes lineamientos, entre ellos notificar el conflicto de intereses a un superior jerárquico inmediato. Sin embargo, la Fiscala lo reportaba a su Fiscal subrogante, que según algunos magistrados no es su superior jerárquico. Su superior jerárquico sería la Corte Plena que es la encargada del nombramiento del Fiscal o Fiscala General y que tiene la facultad de someter a esta figura a una sanción disciplinaria, una suspensión o hasta una destitución.

Además, durante la sesión se discutió y pusieron a votación la importancia de tener una terna de fiscales que podrían asumir el cargo de fiscales subrogantes ad hoc, en el caso de que tanto el fiscal general como fiscal subrogante presente un conflicto de intereses, como lo ha sido en el caso "Cochinilla". En este no solo Emilia Navas ha tenido que inhibirse sino también su fiscal subrogante Wagner Molina, que anunció su inhibición el pasado sábado 19 de junio, debido a que su cuñada de apellidos Carmona Rivas, funcionaria del Conavi, fue detenida el pasado lunes por el caso y se mantiene en investigación.

La sesión se dio luego de la preocupación de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud) por las ocho inhibiciones de Navas en casos que han sido bastante sonados. El más reciente, el caso “Cochinilla”, al tener una relación sentimental con el abogado penalista Francisco Campos Aguilar, abogado de la propietaria de la constructora H. Solís, Mélida Solís Vargas, así como los empleados de la empresa Meco, Alejandro Bolaños Salazar (gerente general), Abel González Carballo (representante legal) y Alejandra Bonilla Guillén (trabajadora).

Esta suma la octava inhibición de la fiscala general a lo largo de su carrera. En seis de estas, la separación respondió a que Campos Aguilar participaba como interviniente en las investigaciones contra el grupo bursátil Aldesa, contra la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco), contra la Ruta 27, una supuesta estafa en Alajuela, además de dos pesquisas seguidas contra Importadora Monge. Las otras dos inhibitorias responden a que entre los encartados figuran un primo suyo y el familiar de una fiscala de su equipo de trabajo.

La abogada de 56 años fue designada jefa del Ministerio Público el 12 de marzo de 2018 y su nombramiento vence el próximo año.

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