Ley para convertir en Parque Nacional a Isla San Lucas “es inconstitucional”, sostiene Procuraduría

La Ley que permitió convertir a la Isla de San Lucas en Parque Nacional “es inconstitucional”, según sostiene la procuradora general adjunta de la República, Magda Inés Rojas Chaves.

Ese fue el planteamiento que realizó ante los magistrados del alto tribunal, quienes analizan una acción de inconstitucionalidad a la Ley 9892, Ley de Creación del Parque Nacional Isla San Lucas. Esta ingresó el 23 de marzo de 2021 y se le asignó el expediente 21-005756-0007-CO.

Rojas Chaves consideró que no existieron estudios técnicos previos que determinaran la necesidad de la ley que entró en funcionamiento desde agosto de 2020.

Reducción en el área

La abogada del Estado señaló que no hay un cambio en el manejo de la isla y que se presentó una reducción del área en el aspecto marino en donde no se tiene un fundamento técnico que justifique la realización del cambio.

“La Procuraduría en ese sentido consideró que existe una violación a los principios de no regresión y la no reactivación de la tutela ambiental en general a los principios derivados del artículo 50 Constitucional y que la ley debería ser declarada inconstitucional”, señaló en declaraciones a AmeliaRueda.com la funcionaria del abogado del Estado.

Según manifestó, dichos estudios técnicos debían estar previos y que hoy en día se tiene un cambio en la categoría de manejo.

Dijo que en la categoría de Parques Nacionales debe prevalecer una legislación que regula las actividades y que cuando se modifique el régimen se puede emitir una ley siempre y cuando surja una razonabilidad técnica, lo cual no aparece en el marco normativo a criterio de la Procuradora Adjunta.

La Sala Constitucional llevó a cabo este jueves la audiencia relacionada con el análisis de constitucionalidad de la creación de la Ley del Parque Nacional Isla San Lucas. (Foto: GGS).

“No se tomó en cuenta al Sinac”

La jefa del Departamento de Asesoría Jurídica del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), Karen Quesada Fernández, indicó a AmeliaRueda.com que la posición técnica y normativa de la institución es oponerse a la ley.

Señaló que no se siguió el procedimiento establecido en la Ley de Biodiversidad para elevar la categoría de manejo.

“En la Junta Directiva que se crea en la ley, no se tomó en cuenta el Sinac, ente que tiene la competencia en todo lo que es la materia de conservación y protección de la biodiversidad”, manifestó.

A su vez señaló que no queda claro de dónde se van a obtener los recursos para atender el Parque Nacional en momentos donde se habla de un fideicomiso, pero con fondos privados, por lo cual queda totalmente afuera todo lo relacionado con el ingreso de las entradas en la Ley de Biodiversidad y la Ley de Parques Nacionales.

“Esta ley va totalmente en detrimento de la conservación de Ley de Biodiversidad, además no cumple con los convenios internacionales ni la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza”, recalcó.

“No se dio reducción al área marina”

El exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides, y uno de los principales impulsores de la ley negó que la creación del marco normativo representara una reducción al área marina.

Benavides aseveró que los legisladores tienen la potestad de hacer Parques Nacionales desde la conformación de la Ley del ICT desde 1955.

“La Ley que creó el Parque Nacional sobre territorio central, y sobre todo en el territorio insular, no derogó la parte marina. Esa parte marina sigue teniendo la protección de categoría de refugio, por lo que aquí no ha habido una reducción”, indicó.

Según Benavides, se está tratando de armonizar esta legislación porque resulta que es la primera vez en el país que un sistema de gobernanza del Parque Nacional participa el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Ministerio de Cultura y Juventud para defender el Patrimonio Cultural.

Rechazó el planteamiento de la inconstitucionalidad realizado por la Procuraduría General de la República.

Insistió en que los turistas le aportan más de 6.000 millones de colones anuales producto de la compra de entradas en los Parques Nacionales.

“Turismo y conservación de la mano”

El ministro de Turismo, William Rodríguez, señaló que el turismo y la conservación deben ir de la mano para atender inversiones.

“No vemos ninguna razón para que haya cambios en lo que hoy está existiendo”, indicó el también presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo.

El jerarca sugirió aplicar la lógica y la praxis, y ser más claros. Desde su perspectiva, la Junta Administradora de San Lucas representa una junta que viene funcionando bien y que posee potestades de determinar las áreas de visitación turística.

“No hay necesidad de hacer ninguna impugnación desde nuestro punto de vista a la Ley que está hoy en ejecución”, enfatizó.

La Sala Constitucional tendrá un mes para resolver la inconstitucionalidad, a excepción que requieran profundizar sobre algún tema en particular.