Diputados del PRN, del PLN, del PUSC y del PRSC aseguran que "no hay forma de que el operador jurídico pueda tener certeza absoluta de la intención, propósito u objetivo" de actitudes como ruidos, silbidos, jadeos, gemidos, gestos o ademanes de acoso.
12/06/20 | 14:32pm
La ley contra el acoso sexual callejero permitiría "acusar injustamente" a presuntos ofensores. Eso alegan los 12 diputados del Partido Restauración Nacional (PRN), del Partido Liberación Nacional (PLN), del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) que emitieron una consulta de constitucionalidad sobre la iniciativa.
La consulta frenará por al menos 30 días la aprobación en segundo debate del proyecto de ley, el plazo que tiene la Sala Constitucional para determinar si existen errores en el proyecto que requieran alguna corrección de parte de los diputados.
La consulta la firmaron los restauracionistas Xiomara Rodríguez, Mileidy Alvarado, Geovanni Gómez, Melvin Núñez, Carlos Avendaño y Floria Segreda; los liberacionistas Jorge Fonseca, Luis Antonio Aiza, David Gourzong y Paola Valladares; el socialcristiano Óscar Cascante; y el republicano socialcristiano Otto Roberto Vargas.
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Ellos aseguran que el texto podría violar los principios de "tipicidad" y de "legalidad penal", pues establece definiciones que "el operador jurídico no está capacitado para juzgar".
El proyecto establece como acoso "pronunciar, dirigir o ejecutar" actos de connotación sexual sin consentimiento, que puedan causar "molestia, malestar, intimidación, humillación, inseguridad, mido u ofensa" a otra persona; ya sean “palabras, ruidos, silbidos, jadeos, gemidos, gestos o ademanes”.
Al respecto, los legisladores escribieron que se habla de sentimientos y no de "hechos objetivos", por lo que se "deja prácticamente al arbitrio del juez en qué ámbito se da la ofensa".
"Lo mismo ocurre con los ruidos, silbidos, jadeos, gemidos, gestos o ademanes, pues no hay forma de que el operador jurídico pueda tener certeza absoluta de la intención, propósito u objetivo con que se realizaron, pues el sentido dependerá de la persona afectada".
Asimismo, alegan que "es casi imposible" individualizar la actitud en caso de aglomeraciones, a la hora de determinar la proveniencia de los sonidos. "Podría ocurrir que un ruido determinado represente algo muy distinto a lo que la supuesta víctima interpreta", señalaron.
Durante la discusión del proyecto en primer debate, el diputado del PLN, Jorge Fonseca (uno de los firmantes de la consulta), aseguró que el proyecto es importante, pero que le hacía falta más detalle en sus conceptos.
"¿Constituiría una mirada de exaltación, de admiración por la belleza femenina o de cualquier otra persona un indicio de acoso sexual callejero? Menuda tarea tendrá el legislador cuando haya que recurrir a otros elementos más allá de la norma expresa en tinta y papel para tratar de averiguar cuál fue la conducta o la intención de un sujeto, al realizar determinado acto, y es de ahí que nace la importancia de precisar los términos como realmente corresponden", comentó en el Plenario legislativo, el 9 de junio pasado.
El Ministerio de Seguridad contabiliza 81 casos reportados de acoso sexual callejero desde enero de 2019. El año pasado sumó 74 intervenciones y este 2020 únicamente registra siete nuevos casos.
De las 81 intervenciones,un 42% se refirió a palabras o actos obscenos, un 20% a casos de exhibicionismo, un 17% a tocamientos, un 11% a miradas y un 10% a proposiciones irrespetuosas.
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Seguridad explicó que 50 de las denuncias han terminado con una sentencia en firme y 26 fueron archivadas; mientras que otras cinco siguen en estudio por un juez. Todas se atendieron a través de un protocolo lanzado por Seguridad hace dos años, con el objetivo de empezar a abordar la situación como un problema de seguridad ciudadana en sí mismo.
El proyecto de ley 20.299, contra el acoso sexual callejero, establece multas de hasta un 50% de los ingresos para las personas condenadas por acoso. Además, define penas de prisión para casos agravados, como la utilización de medios electrónicos que permitan grabar o difundir el acto delictivo, y envía a cursos de rehabilitación a los ofensores.
Según el Ministerio de Seguridad, que se delimite el acoso sexual callejaro como una actitud criminal en sí misma daría "mayor rango de acción" a sus oficiales y permitiría "brindar mayor protección a las víctimas".
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