“La pandemia no estará siempre, tenemos que pensar a futuro”, dice Primera Dama sobre tren eléctrico

La primera dama, Claudia Dobles, defendió este martes ante el Congreso el impulso del crédito por $550 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el que se financiaría la contrapartida del Estado para la construcción del tren eléctrico de pasajeros.

"La pandemia no va a durar para siempre, tenemos que pensar a futuro", afirmó en comparecencia con los diputados de la Comisión de Infraestructura del Congreso.

Las palabras de Dobles buscaron responder a los comentarios de varios congresistas, que han cuestionado públicamente la oportunidad estratégica de aprobar la emisión de deuda ara el proyecto en medio de la emergencia por el Covid-19.

La jerarca atendió a la Asamblea Legislativa en compañía del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez; y la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Elizabeth Briceño. Juntos se presentaron como los rectores del Poder Ejecutivo en la materia.

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Dobles además afirmó que invertir en infraestructura es una forma de generar empleo y de mejorar la competitividad económica del país, puntos que permiten una recuperación económica del proyecto.

Al respecto, la primera dama subrayó que el programa Estado de la Nación dijo, en 2018, que los trabajadores costarricenses incurren en costos de alrededor del 3,8% del PIB "producto de la congestión en la Gran Área Metropolitana (GAM)", y recordó que "Costa Rica es el tercer país con mayor densidad vehicular por cada 1.000 habitantes del continente".

"Esto resta competitividad y significa pérdidas de entre $3.000 y $5.000 anuales para cada costarricense de la GAM", comentó.

La primera dama enfatizó que los mismos estudios de Estado de la Nación aseguran que evitar la construcción de un tren interurbano implicaría pérdidas económicas de hasta los $4.200 millones al 2045, entre tiempos de viaje y costos de operación.

Asimismo, Dobles subrayó que el crédito con el BCIE apenas se tendría que empezar a pagar en un período aproximado de diez años; a pesar de que generaría 1.200 empleos solo en su fase de construcción.

Defienden subsidio para tarifas

Los jerarcas además defendieron detalles técnicos del proyecto del tren, más allá del préstamo con el BCIE; como la idea de subsidiar sus tarifas para que sean accesibles para una mayor cantidad de usuarios.

Según las estimaciones hechas por el Ejecutivo, el Estado tendría que pagar entre $50 millones y $150 millones por año para realizar ese subsidio, dependiendo de las condiciones que establezca la empresa concesionaria.

"Mucho va a depender de las posibilidades que tengan los oferentes y de financiar lo que corresponda", afirmó el ministro Méndez, quien además comentó que el subsidio ayudaría especialmente a las poblaciones "más vulnerables" y que son pocas las concesiones que no contemplan contrapartidas de este tipo.

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Algo similar comentó la jerarca del Incofer, Elizabeth Briceño, quien subrayó que la idea es permitir una utilización lo más extendida posible del tren, que permita multiplicar sus réditos económicos y sociales al mismo tiempo.

Los jerarcas además enfatizaron que el tren tendría la mayor parte de sus implicaciones económicas para el país en un mediano plazo, por lo que no habría que analizar el impacto en medio de la pandemia del Covid-19.

"Es decir, nosotros vamos a empezar a tener los beneficios y los réditos socioeconómicos del proyecto desde el inicio y los pagos se van a hacer hasta diez años después", afirmó Briceño.

El crédito

En total, el Gobierno estima que la inversión de $1.550 millones entre el diseño, la construcción, la implementación y los costos indirectos de la obra. De ellos, los $550 millones del crédito se utilizarían para realizar el aporte institucional y los restantes $1.000 millones provendrían del concesionario.

Según prevén las autoridades, el tren tendría una capacidad de transportar a 200.000 personas por día en viajes de 600 pasajeros, cada cinco minutos, con impacto asegurado para toda la Gran Área Metropolitana (GAM).

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Para ello, se plantea la construcción de cinco líneas y 56 estaciones, diez de ellas "intermodales", con acceso a buses, taxis y otras formas de transporte adicionales.

El Gobierno además sostiene que el crédito por $550 millones tendría un impacto de apenas un 1% sobre la deuda pública del país hasta hoy, y que se negoció en condiciones "blandas", incluida una tasa libor a seis meses, más un margen fijo de hasta un 2,90% (que se mantendría por debajo del 4% en la actualidad).

Asimismo, el Ejecutivo sostiene que el crédito no implica una mayor erogación de recursos en el corto plazo, pues se contempla un período de gracia de cinco años y un plazo de amortización extenso, de 20 años.

Para la aprobación del crédito, que es esencial para financiar la obra, el proyecto requiere el voto positivo de al menos 38 diputados. No obstante las opiniones son divididas en el Congreso varios legisladores aún no tienen una posición final al respecto y únicamente 26 diputados aseguran apoyar la iniciativa ahora mismo, según un sondeo realizado por AmeliaRueda.com.