Justicia echó mano de servidor en desuso para cumplir orden de almacenar videos en Reforma

El Ministerio de Justicia y Paz (MJP) puso en funcionamiento un servidor donado por Estados Unidos en 2017 para cumplir una orden de la Sala Constitucional, de almacenar por al menos un mes las grabaciones realizadas por las cámaras de seguridad del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como "La Reforma", en San Rafael de Alajuela.

La instalación y puesta en funcionamiento del artefacto se concretó el 12 de agosto de 2020; ocho meses después de que el tribunal emitiera la resolución 2019-024776, en la que declaró parcialmente con lugar un recurso de hábeas corpus -figura que garantiza la libertad de una persona y la protege de una detención ilegítima- presentado por un grupo de privados de libertad, quienes denunciaron que la Policía Penitenciar hizo un uso desproporcionado de la fuerza al atender una violenta protesta de los reclusos contra el una prohibición en el ingreso de visitantes a la cárcel, producto de un brote de paperas.

Para llegar a esa conclusión, los magistrados únicamente contaron con los informes oficiales de la confrontación ocurrida el 19 de octubre de 2019 y todos los análisis realizados por la Clínica Médico Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en San Joaquín de Flores -que daban cuentas de fracturas, edemas, hematomas, entre otras lesiones- como pruebas, ya que las cámaras situadas en el lugar del motín no funcionaban y las que lo hacían, transmitían la imagen pero no las grababan.

En vista de lo anterior, los altos jueces ordenaron al Ministerio a que, en un mes plazo, reparara los dispositivos rotos y asegurara la capacidad de almacenamiento de los videos.

Justicia y Paz emprendió así el estudio de una solución a lo que le dispuso la Sala, para lo que además debió solicitar una ampliación del plazo, que le fue autorizada hasta el 17 de agosto de 2020.

Inicialmente, la institución le pidió al Ministerio de Hacienda un presupuesto extraordinario por ¢46.796.825,60 para adquirir un servidor capaz de guardar las imágenes captadas por las cámaras; "no obstante, ante la situación país debido a la crisis fiscal y sanitaria (provocadas por el nuevo coronavirus), y la posibilidad de concretar una solución que se pudiese implementar con prontitud, el pasado 8 de junio de 2020 pedimos dejar sin efecto dicha solicitud", indicó la oficina de prensa de la cartera a AmeliaRueda.com el 7 de julio de 2020.

Cuarenta y cinco días después, ese despacho confirmó a este medio que se optó por utilizar un servidor que donó en 2017 la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica. El mismo permanecía en desuso, de acuerdo con el departamento de comunicaciones, debido a que la sede diplomática no contempló su instalación.

"Ante la necesidad de renovar el equipo y de ampliar la capacidad de memoria de sistema de vigilancia, el departamento de Tecnologías y Radiocomunicación de la Policía Penitenciaria echó mano del servidor donado por la Embajada", respondió el 2 de setiembre pasado la oficina de prensa.

Se trata de un dispositivo marca Dell modelo R520, con capacidad de almacenamiento de 32 terabytes (TB), memoria RAM de 128 gigabytes (GB) expandible a 384 gigabytes. El artefacto está valorado en $27.253, es decir, unos ¢16.717.388.

En una entrevista telefónica con AmeliaRueda.com llevada a cabo el 5 de febrero de 2021, la ministra del ramo, Fiorella Salazar Rojas, explicó que para la puesta en funcionamiento del dispositivo fue necesaria la capacitación de personal, lo que tuvo el servidor embodegado por alrededor de tres años.

Imagen con fines ilustrativos de un servidor Dell modelo R520. (Dell | Sitio web)

Problema recurrente se soluciona sobre la marcha

El 8 de diciembre de 2020 y el 8 de enero de 2021 la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar otros dos recursos de habeas corpus relacionados a agresiones de parte de oficiales penitenciarios contra privados de libertad del Centro de Atención Institucional Jorge Debravo Brenes, en Cartago, y de la Unidad de Atención Integral (UAI) Reinaldo Villalobos Zúñiga, en Alajuela, respectivamente.

Los magistrados, en ambas oportunidades, giraron órdenes al Ministerio de Justicia y Paz órdenes para instalar equipos de grabación con suficiente capacidad de almacenamiento. En los dos casos, se dispone que en máximo seis meses, las cárceles deberán contar con cámaras para filmar, registrar y documentar "todas las requisas y recuentos que se lleven a cabo" y que las imágenes se guarden un mes.

A pesar de que las resoluciones -en orden: 2020023570 y 2021000224- establecen que deben acatarse en los términos señalados, o de lo contario, las autoridades mencionadas deben se exponen a una pena de entre 3 meses y 2 años de prisión o de entre 20 y 60 días multa (mitad de los ingresos diarios de una persona); la titular de la cartera, Fiorella Salazar Rojas, manifestó en una conversación telefónica con este medio que aún no se tiene certeza de qué manera se resolverán los requerimientos del tribunal.

"Estamos viendo de qué forma podríamos atenderlas con los recursos presupuestarios que tenemos este año. Yo creo que para nadie es un secreto que este año es un año apretadito. Que los presupuestos de todas las instituciones están muy ajustados, entonces estamos haciendo la minería interna a nivel del presupuesto para ver de qué forma podríamos atenderlo.

"Las resoluciones, una me parece que es de enero, y la otra me parece que es de diciembre, o las dos han sido de enero. Entonces nos están dando seis meses para que podamos atenderlas. Justamente esperamos en ese tiempo poder encontrar esos recursos para poder atenderlas como corresponde", mencionó la jerarca.

Debido a que en el último mes la cartera recibió dos órdenes y, en vista de que es -al menos- la tercera oportunidad en la que los magistrados dieron lugar a habeas corpus presentados por reclusos que alegaron agresiones en las cárceles por falta de videos de seguridad; este medio consultó directamente a la ministra si existe un proyecto de carácter preventivo, para reforzar los sistemas de vigilancia de los penales o si todo continuará resolviéndose sobre la marcha, ante lo que respondió: "Es lo que nos toca (atender cuando surja un caso) porque nosotros hacemos un presupuesto con base en las necesidades del momento en que se presupuesta y luego suceden cosas como estas órdenes que debemos atender, y eso necesariamente nos obliga a ser flexibles para acomodarnos y ver de dónde podríamos trasladar recursos o ver si en esa partida tenemos los suficientes".

Salazar Rojas añadió: "No es en todos los centros necesariamente que hay (cámaras de seguridad). No hemos tenido, digamos, la obligación porque no existe una obligación legal de que tengamos que poner cámaras en todos los centros, sino que es que se van poniendo conforme van surgiendo necesidades que hay que atender".

Entre los centros penitenciarios que cuentan con sistemas de vigilancia, la jerarca mencionó que "algunos ámbitos" del Jorge Arturo Montero Castro, el Centro Nacional de Atención Específica -antigua Máxima Seguridad-, el Vilma Curling Rivera en Desamparados, el Antonio Bastida de Paz en Pérez Zeledón, el Calle Real en Liberia, el Marcus Garvey en Limón y el Centro de Formación Juvenil Zurquí en Heredia. La ministra dijo que posteriormente, mediante el departamento de comunicaciones, suministraría a AmeliaRueda.com la cantidad total de cámaras en funcionamiento y dañadas por cárcel, al tiempo que adujo "consideraciones de seguridad" para no revelar dónde se ubican los servidores que almacenan las imágenes tomadas por cámaras.

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