Justicia acude a figura que no requiere aval de Contraloría para ampliar contrato de tobilleras

A dos días de que venza su contrato para la vigilancia de 1.800 reos con tobillera electrónica, el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) anunció que continuará su monitoreo con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

Así lo dio a conocer la titular de la cartera, Fiorella Salazar Rojas, durante una conferencia de prensa realizada este 25 de febrero en el auditorio del Registro Nacional, en Zapote, San José.

Para ello, la institución firmó un convenio de cooperación con el actual contratista hasta el 7 de marzo próximo. Ese plazo permitirá garantizar el servicio y que el pacto actual venza. Consecuentemente, la institución podrá optar por un contrato adicional en las mismas condiciones que el actual, según lo establecido en el artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.

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Ese ordinal señala: “Contrato adicional. Si ejecutado un contrato, la Administración requiere suministros o servicios adicionales de igual naturaleza, podrá obtenerlos del mismo contratista”.

Sin embargo, la norma establece como condiciones que el nuevo contrato se concluya sobre las bases del precedente, que se mantengan los precios y condiciones o mejorándolos, que el nuevo pacto no se extienda más de 50% de la duración del contrato anterior (para el caso en cuestión, el límite es de 4 meses), que en el pacto precedente no se incurriera en incumplimientos graves.

“Para utilizar esta modalidad, será requisito que dentro del plazo de los seis meses, conste en el expediente la debida motivación y promulgación, por quien tenga competencia para adjudicar, del acto administrativo que contenga la decisión en que se funde el nuevo contrato”, añade el numeral.

AmeliaRueda.com le consultó a Salazar Rojas si la figura del contrato adicional requiere alguna consulta o autorización de la Contraloría General de la República (CGR) -como sí ocurre con una modificación contractual unilateral- ante lo que la jerarca respondió que esta no está prevista.

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También se le cuestionó si haría alguna gestión voluntaria ante el ente auxiliar de la Asamblea Legislativa y al respecto manifestó: “Me parece que el proceso está siendo completamente transparente. Estamos aquí contándolo y haciendo lo que el reglamento dice”.

Durante el convenio de cooperación de ocho días naturales, el Ministerio no tendrá que pagar los servicios de vigilancia y, a partir del 8 de marzo, se tiene negociado un contrato adicional con la Empresa de Servicios Públicas por 24 meses o hasta que se defina a un nuevo proveedor en una licitación internacional en curso desde el 2 de febrero; lo que suceda primero.

El nuevo pacto además implica una baja en el costo unitario de las tobilleras y su monitoreo, al pasar de de una tarifa diaria de $12,3 a $10,3. Además, por cada 100 nuevas personas monitoreadas se prevén disminuciones adicionales.

De esta manera, Justicia calcula un ahorro de ₡1.448 millones durante lo que resta de 2021.

Contrato polémico

La adjudicación del pacto actual de monitoreo electrónico de reos se remonta al 2016 y ha estado marcada por críticas debido al faltante de dispositivos o su vulnerabilidad, así como del tiempo de la generación de reportes y la imposibilidad para conocer la ubicación de las personas que llevan el brazalete.

A ello se suma una investigación de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), abierta en 2018 a raíz de una denuncia anónima de un supuesto tráfico de influencias para la contratación de la Empresa de Servicios Públicos para el servicio de vigilancia electrónica.

Por este caso, figuran como sospechosos el exministro de Seguridad Pública y exmagistrado, Celso Gamboa Sánchez; el exdiputado Víctor Hugo Víquez Chaverri; el gerente general de la compañía adjudicada, Allan Benavides Vílchez, así como dos empresarios de apellidos Rothe Vallesilla y van Andel Lanzoni; según lo reveló el sitio de noticias El Observador el 7 de diciembre de 2020.

El caso se tramita bajo el expediente 18-000094-1218-PE.

Aún con todo lo anterior, la cartera pidió a la Contraloría General de la República una prórroga del acuerdo por 24 meses, mientras se realizaba una licitación pública internacional, publicada recién el 2 de febrero anterior.

No obstante, el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa rechazó el pedido el 29 de enero en el tanto que el Ministerio carece del contenido presupuestario suficiente para hacer frente a esa contratación durante el 2021, además de que no se logró clarificar si el contrato estaba vigente para ese momento debido a un faltante de información ni se logró acreditar el precio a cancelar en el presente año.

Por lo anterior Justicia y Paz planteó el 28 de enero un recurso de reconsideración que fue considerado como inadmisible por la División de Contratación Administrativa del ente, ya que que ni la Ley Orgánica de la Contraloría, ni la Ley General de la Administración Pública ni Ley de Contratación Administrativa prevén la posibilidad de recurrir o impugnar una denegatoria a una solicitud de autorización planteada ante el ente fiscalizador.

El 18 de febrero pasado, el Congreso aprobó en segundo debate un presupuesto extraordinario que devuelve a la cartera ¢5.725 millones, de los cuales un 78,5% se utilizarán para dar continuidad al servicio de monitoreo y al alquiler de los dispositivos electrónicos de seguimiento a convictos con ejecución de la pena a través de tobilleras.