Aplazan bloqueo de señal celular en cárceles debido a emergencia por Covid-19
Grupo técnico internacional, que debía certificar el funcionamiento del sistema, no pudo viajar al país.
13/04/20 | 14:42pm
Debido a la actual emergencia del Covid-19, el Ministerio de Justicia anunció este 13 de abril que aplazará el bloqueo de la señal celular en cárceles.
Según informó Justicia, un grupo de técnicos internacionales debía ingresar a Costa Rica para certificar el funcionamiento del nuevo sistema. Sin embargo, debido a las medidas internacionales contra el Covid-19, no pudieron viajar al país.
“El problema es que las personas que deben venir a certificar las pruebas finales y el funcionamiento de la tecnología no han podido viajar debido a las restricciones para viajes internacionales”, dijo la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, a través de un comunicado.
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Según Salazar, las operadoras telefónicas ya han contratado sistemas de bloqueo de la señal celular. Incluso, estos sistemas estaban en fase de pruebas cuando comenzó la emergencia internacional.
“(Las compañías telefónicas) hicieron una recepción de ofertas y análisis a profundidad para brindar este servicio en el país siguiendo estándares internacionales. Se hicieron pruebas de equipos y tecnología que arrojaron resultados positivos”, dijo la ministra.
Las pruebas continuarán “una vez que se levanten las restricciones de viaje internacional”, de acuerdo con la información del Ministerio de Justicia. Estas comenzarán en “algunos centros penitenciarios” y luego se aplicarán a nivel nacional.
Bloqueo de celulares
Esta medida fue aprobada por la Asamblea Legislativa desde el 2018, cuando los diputados modificaron la Ley General de Telecomunicaciones para prohibir los servicios inalámbricos en centros penitenciarios.
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Para el 2018, el Ministerio de Justicia decomisaba alrededor de 4.000 celulares todos los años, según información oficial. Según dijo la entonces ministra de Justicia, Marcia Salazar, la institución almacenaba hasta 35.000 celulares en bodegas.
El sistema aprobado actualmente no afectaría a la población vecina de los centros penitenciarios, ya que este reconoce los números telefónicos fuera del perímetro de las cárceles y les permite hacer llamadas. El costo del sistema rondaría los $20 millones.