Consulta sobre legalidad de aumento salarial en CCSS ya se envió a la Contraloría

Por una propuesta de la presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, la junta directiva de la institución envió esta semana a la Contraloría General de la República (CGR) una consulta sobre si es procedente el aumento salarial a sus funcionarios aprobado el pasado 8 de septiembre.

Esquivel trasladó la propuesta de hacer una "consulta urgente" a la CGR el 13 de octubre, pero la junta directiva no la aprobó hasta el 24 de octubre. El oficio que la jerarca envió a la Contralora, Marta Acosta, tiene fecha del 1 de noviembre y hace cuatro consultas puntuales sobre la pertinencia de haber autorizado dicho ajuste.

En el documento, del que AmeliaRueda.com tiene copia, se dice que después de aprobarse el incremento salarial a más de 60.000 funcionarios "han surgido inquietudes sobre aspectos legales en torno a la posibilidad de que tal aumento no sea procedente, por resultar contrario a la aplicación de la regla fiscal".

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También, tal como lo manifestó Esquivel ante la junta directiva el 13 de octubre, el ajuste salarial podría ser contrario a "la política salarial y la sostenibilidad financiera" de la institución, toda vez que la jerarca citó documentos que muestran que la CCSS desde 2012 habría alineado sus políticas salariales a las del Gobierno.

Es por eso que Esquivel preguntó a Acosta si la CCSS debe apegarse a los artículos de la regla fiscal que congelan los aumentos salariales cuando la relación deuda-PIB del Estado supera el 60% (como actualmente) y si debe establecer su política salarial en consonancia con la establecida por el Poder Ejecutivo para funcionarios.

La presidenta ejecutiva de la CCSS también consultó a la CGR si todos los recursos de los seguros de salud —con los que se pagan remuneraciones de sus funcionarios— están excluidos de la regla fiscal, y si ante el principio constitucional de sostenibilidad financiera prima el principio de autonomía de la institución.

Estas son las cuestiones sobre las que Esquivel y la junta directiva pretenden que la Contralora arroje un "criterio técnico jurídico", cuando han pasado casi dos meses desde que el órgano de gobierno de la CCSS aprobó el controvertido aumento, lo que ha tenido una serie de consecuencias de alto impacto político.

El presidente Rodrigo Chaves destituyó al otrora presidente ejecutivo, Álvaro Ramos, citando diferencias respecto a este ajuste salarial, que contó con el voto afirmativo de ese exjerarca en la sesión del 9 de septiembre. Cuando designó a Esquivel en el cargo, el mandatario señaló que le encomendó la misión de resolver este asunto.

Esquivel ha buscado desde entonces una vía para revertir el ajuste, que se mantiene en firme pero aún no ha sido aplicado. El 27 de septiembre, la jerarca confirmó que había propuesto a la junta directiva congelar el aumento hasta que se cumpla con la regla fiscal, mientras que directivos señalaron que también propuso derogarlo.

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Manifestaciones de funcionarios han ido y venido en los últimos meses, pero sigue sin alcanzarse un acuerdo sobre qué hacer con el incremento salarial. A su vez, el pasado 12 de octubre el Gobierno derogó los dos decretos de 2019 y 2020 que justificaban el aumento, en aras de aplicar la regla fiscal de manera "estricta".

De hecho, en su emplazamiento a la junta directiva para proponer una consulta a la CGR sobre la legalidad del ajuste, a finales de octubre, Esquivel destacó que la derogación de esos derechos representaba "la posibilidad de encaminar nuevamente su política salarial hacia el sendero de responsabilidad fiscal".

En esa ocasión, la presidenta ejecutiva abrió la puerta a "planificar la debida ejecución del aumento salarial para el año 2024, en los términos dados por el Gobierno Central sobre dicho direccionamiento salarial".