Tras un mes de audiencia, jueza decidirá por escrito si abre juicio por caso del cemento en Popular

El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública resolverá por escrito la audiencia preliminar por los hechos de supuesta corrupción en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) durante el otorgamiento de un crédito por $5 millones para la importación de cemento chino.

De esa manera lo informó la jueza Laura Villarreal a las partes al terminar la vista la tarde de este lunes, confirmó a AmeliaRueda.com el abogado interviniente Andrés Pérez.

Esta audiencia preliminar arrancó el 2 de setiembre pasado con la lectura de la acusación por parte de la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República. La misma se amplió por poco más de un mes a raíz de las exposiciones de la querella presentada por la entidad financiera, la acción civil interpuesta por la Procuraduría de la Ética Pública, así como las argumentaciones de ocho defensores.

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Por este caso, el Ministerio Público atribuye -según detalló el 14 de febrero de 2020 la entonces fiscala general Emilia Navas- 20 cargos de influencia contra la Hacienda Pública a nueve personas, entre ellas el empresario Juan Carlos Bolaños. El resto de personas a las que se les hace el reclamo son una mujer de apellido Suárez, dos exgerentes de Sinocem de apellidos Rojas y Cortés, así como cinco exfuncionarios de la entidad financiera de apellidos Bogantes, Gómez, Thompson, Delgado y Arias.

A Gómez, Bogantes, Delgado y Arias también se les achacan otros seis delitos de falsedad ideológica.

La oficina anticorrupción de la Abogacía del Estado, en cambio, reclamó ¢138.951 millones por los daños sociales ocasionados por el escándalo de aparente corrupción.

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Esa información la dio este 2 de setiembre el procurador Clarencio Bolaños a los medios de comunicación presentes a su entrada a la audiencia preliminar correspondiente al expediente 17-000013-0033-PE.

La pretensión de la Procuraduría se incluyó en una acción civil resarcitoria, en la que se demandó a los nueve encartados. De igual manera, se demandó solidariamente a las compañías Sinocem Costa Rica S.A., Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB S.A., JCB Constructora y Alquiler S.A. y JCB Distribuidora S.A.

Fue hasta este momento en que se dio a conocer la relación de hechos del órgano acusador. Sin embargo, en ocasiones previas, Fiscalía adelantó que en la investigación se lograron determinar acciones de los sospechosos para lesionar patrimonio de interés público, a través de apertura de una línea crediticia para la empresa Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB para importar cemento chino.

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De acuerdo con la pesquisa, Bolaños habría recibido un crédito de $5 millones en el 2015 por parte del Banco Popular, aunque en circunstancias consideradas como "irregulares" por el Ministerio Público. Incluso por estos mismos hechos, Navas ordenó el allanamiento del Banco Popular el 14 de marzo de 2018.

"Tenemos la determinación a nivel contable que el dinero no fue utilizado para la importación del cemento y fue desviado para otros fines de las empresas de Juan Carlos Bolaños y gastos personales, incumpliendo el fin", aseveró el fiscal Juan Pablo Miranda cuando se formalizó la acusación.

La influencia contra la Hacienda Pública refiere al momento en el que un funcionario público o sus equiparados intervienen en cualquier forma para producir un resultado determinado que afecte los intereses de la Hacienda Pública, de acuerdo con el artículo 57 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Esa norma además castiga el ilícito con entre dos y ocho años de prisión.

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Por otra parte, la falsedad ideológica tiene que ver con la inserción declaraciones falsas en un documento público, del que pueda resultar un perjurio. El numeral 367 del Código Penal lo sanciona con entre uno y seis años de cárcel.

Bolaños Rojas detenido el 3 de noviembre de 2017 como sospechoso de los delitos de peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito, en el caso del cemento chino que involucra el otorgamiento de otra línea de crédito por más de $30 millones del Banco de Costa Rica (BCR).

Desde ese momento, el empresario estuvo en los centros penitenciarios de San Sebastián, en San José, y La Reforma, en Alajuela; hasta el 28 de octubre de 2018, cuando fue traslado a la cárcel del Adulto Mayor. No obstante, el 29 de abril de 2018 el encartado logró cambiar esas medidas y que se le pasara a arresto domiciliario, el cual cumple hasta la fecha pesar de varias apelaciones por parte de Fiscalía.