Involucrados en caso Cochinilla ya no recibirán salario durante investigación, decide el MOPT

Un análisis jurídico realizado por los expertos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) determinó que no se le pagará el salario a los funcionarios involucrados en el caso Cochinilla.

La decisión la comunicó mediante el oficio 2021-000974 el ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, quien también es el presidente del Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

En el oficio DAJ-2021-3763 de la Dirección de Asesoría Jurídica del MOPT del 19 de julio, del cual AmeliaRueda.com tiene copia, se indica que:

“Es criterio de esta Dirección de Asesoría Jurídica que si existe un impedimento que es ajeno tanto a la voluntad del trabajador como a la del patrono, por el cual el trabajador no puede cumplir con su obligación, la relación laboral se suspende, tal y como lo dispone el numeral 78 del Código de Trabajo, sin responsabilidad para ninguna de las partes, de manera que tampoco está el patrono obligado a pagar el salario, como ocurre con la medida cautelar impuesta a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes”.

El análisis se da luego de que la jueza Carolina Lizano suspendiera a cuatro trabajadores del MOPT y nueve del Conavi, sin embargo, en el fallo se indicó que era decisión de la Administración pagar o no su salario durante ese plazo y proceso de investigación.

De inmediato, el Departamento de Recursos Humanos del ministerio indicó que debía cancelarse el salario de los involucrados, pero, de forma paralela, el director de dicho departamento, Cristhian Méndez, decidió pedir un criterio legal el cual se respondió el lunes anterior (19 de julio).

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El análisis realizado por los abogados del MOPT toma como referencia diversos fallos de la Sala Constitucional del año 2014, 2017 y 2018 y determina que la suspensión de los cargos por decisión de un juez penal viene a suspender, también, la relación laboral.

El documento fue dirigido al jerarca del MOPT quien tras analizarlo respaldó el criterio legal y tomó la decisión de no pagar el salario a los funcionarios suspendidos y por esa razón este miércoles 21 de julio Méndez Mata envió la comunicación oficial a los departamentos de Recursos Humanos indicando que se toma la decisión de no pagarles el salario a los involucrados "siendo que la separación del cargo no obedece a una decisión del suscrito (ministro) como jerarca ministerial sino que es producto de una decisión judicial"

Se agrega que debido a los cargos que ostentaban los trabajadores será necesaria la contratación de más personal para sustituir temporalmente a los funcionarios, "por lo que deviene fundamental poder contar con los recursos presupuestarios para enfrentar erogaciones que eventualmente deban realizarse".

La decisión tomada por el ministro del MOPT se notificó este miércoles a los funcionarios públicos involucrados y a sus representantes legales.

La suspensión del cargo de los funcionarios públicos rige desde el pasado 26 de junio y se mantiene, al menos, hasta el 26 de octubre del 2021. La medida se puede extender, en caso de que la Fiscalía lo solicite y un juez penal lo avale.

Otra de las medidas interpuestas a los trabajadores fue la imposibilidad de acercarse a un radio menor de 1 kilómetro de las oficinas del Conavi y no comunicarse con testigos.

Los funcionarios del MOPT-Conavi involucrados en el caso Cochinilla fueron detenidos el pasado 14 de junio durante una serie de allanamientos realizados. A ellos se les señala por ser parte de una red criminal que recibía sobornos a cambio de dar información privilegiada y ayudar en las licitaciones a grandes empresas constructoras (MECO, H. Solís, Constructora Herrera, Cacisa e ITP).

Inicialmente, las autoridades informaron que sí le pagarían el salario a estos funcionarios, pero este miércoles notificaron lo contrario tras el análisis legal realizado.

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Incluso, este martes, el mismo presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, dijo sentir “molestia” por tener que pagar el salario de los involucrados, pero defendió que debía hacerse debido a la jurisprudencia existente.

Pese a los criterios emitidos, ahora la posición del ministerio es otra y se decide no cancelar los salarios de los funcionarios involucrados, los cuales, tal y como informó AmeliaRueda.com suman cerca de ¢20 millones.