Investigan a directivo del CTP por proponer y votar moción que lo beneficiaba ante deuda con la CCSS

El representante de los autobuseros en la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP), Asdrúbal Fallas, propuso y votó una moción que lo podía beneficiar ante morosidad de empresas de su gremio con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El caso lo investigó la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), entidad que comprobó la supuesta falta cometida por el directivo del CTP y remitió el informe al Consejo de Gobierno.

El informe PEP-INF-12-2021 revela que el pasado 21 de abril del 2020 Fallas presentó una moción que sólo favorecía a los autobuseros, incluyendolo a él, y que la moción dejó por fuera al resto de sectores que representa su puesto (microbuses y busetas).

“... solicitó la suspensión de la tramitación de procesos de caducidad por morosidad ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de las empresas que operan rutas regulares en razón de la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad covid-19 a pesar de que su representada -la empresa Autotransportes San Antonio, S.A.- se encontraba en esa condición de morosa para esa fecha, sin abogar por el resto de los sectores de transporte remunerado de personas que representa ante el Consejo de Transporte Público”, indica el informe firmado por la Procuradura de la PEP, Tatiana Gutiérrez.

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Este informe fue conocido por el Consejo de Gobierno el pasado 30 de noviembre, donde se tomó la decisión de abrir un procedimiento ordinario administrativo en contra el empresario y directivo del CTP, mismo que según dio a conocer AmeliaRueda.com el año anterior, estuvo moroso por seis meses con el pago del canon al Consejo y se puso al día tras la consulta realizada por este medio.

De acuerdo con la Procuraduría, la actuación de Fallas “parece desatender el ordenamiento de la ética pública en obligaciones que le son exigibles” y se agrega que “se colocó en una situación de conflicto de interés potencial” debido a que presentó la moción y afectó los términos de imparcialidad e independencia que debía cumplir y, además, se explica que debió abstenerse de votar.

“Para el 21 de abril de 2020, fecha de presentación de la citada moción, la empresa Autotransportes San Antonio S.A., de la cual el directivo Asdrúbal Fallas era y es presidente y representante legal, tenía la condición de morosa ante la CCSS y adicionalmente contaban con una deuda por un monto relevante de períodos anteriores, sujeta a convenio de pago”, indica el informe donde se concluye que existió un interés directo y beneficio para Fallas en la moción presentada y aprobada ya que la empresa representada por el directivo se exponía al castigo por morosidad con la Caja.

Lo actuado por Fallas, a criterio de la PEP, puede representar una violación al deber de probidad que se regula en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

El informe de la Procuraduría de la Ética concluye que el autobusero, miembro de la Junta Directiva del CTP, debió informar que la moción presentada tenía un interés privado que lo colocaba en un conflicto de intereses. Lo correcto, de acuerdo con la PEP, era que Fallas fuera imparcial y se abstuviera de votar, lo cual no ocurrió.

Tras investigar el caso, a la Procuraduría le corresponde presentar el informe ante el Consejo de Gobierno donde se deben tomar decisiones y actuar conforme a derecho corresponde.

Para esto, se tomó la decisión de abrir el procedimiento administrativo “para averiguar la verdad real de los hechos y determinar si existen hechos generadores de responsabilidad administrativa” para la posible imposición de una sanción.

Moción

Las actas donde quedaron en evidencias las actuaciones supuestamente irregulares de Fallas son la 30 y 72 del año anterior, en la primera queda en evidencia donde presenta la moción para suspender los procesos de caducidad contra las empresas autobuseras morosas.

En su exposición, el directivo, representante de los autobuseros indicó que por la pandemia era "muy difícil" no entrar en mora con la Caja debido a la pandemia y la reducción en la demanda de pasajeros que transportan por las limitaciones de aforo. Tras presentar y exponer la moción, la Junta Directiva del CTP tomó la decisión de enviar la propuesta a análisis legal.

Luego en el acta 72 queda escrito en el acta que se acordó por unanimidad (con el voto de Fallas incluido) acoger la recomendación del departamento jurídico y no hacer una suspensión total de los procesos, sino hacer análisis específico de los casos.

El directivo que se investiga y que representa a los autobuseros se encuentra en el puesto desde julio del 2018.

Consultado al respecto, el directivo investigado, Adrúbal Fallas, manifestó que su moción sólo pretendía mitigar los efectos de la pandemia y buscar “medidas de salvamento para la actividad que ha sido la segunda más afectada por la pandemia hasta el día de hoy”.

Aseguró que en el momento en el que presentó la propuesta de suspender por procesos de caducidad por deudas con la CCSS, habían 206 empresas morosas con la Caja y que se buscaban medidas para garantizar la continuidad del servicio.

“Se puede corroborar que la solicitud de moción fue la cámara (de Transportes) la que me solicitó que la llevara cómo representante del sector, no fue una moción personal, fue una moción gremial y ese es mi rol como representante del sector, yo solo cumplí con atender una solicitud del sector al cual representó y más aún en momentos de crisis y emergencia”, dijo Fallas al indicar no tuvo beneficio con la propuesta la cual fue rechazada.