Investigan aparente negativa de policía a aplicar protocolo de atención de acoso callejero

La aparente negativa de un oficial de la Fuerza Pública a aplicar el protocolo de atención de acoso callejero durante una manifestación en las afueras de la embajada de Venezuela, está bajo investigación.

El viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, ordenó el viernes el inicio de una pesquisa preliminar ante una denuncia pública hecha un día antes por el colectivo feminista Ni Una Menos Costa Rica.

Sobre esta denuncia, ya ordené se efectúe una investigación y se me remita un informe de lo acontecido. Es obligación de cualquier oficial de @fuerzapublicaCR aplicar el Protocolo de Actuación Policial en situaciones de acoso “callejero”. @PatriciaMoraC https://t.co/I6Omzeo9TL

— Eduardo Solano (@edusolanosolano) 22 de febrero de 2019

La organización emitió un comunicado en el que detalló que una mujer únicamente identificada como Alejandra, sufrió acoso de parte de un hombre que participaba de la movilización en las inmediaciones de la sede diplomática, situada en Los Yoses.

A raíz de ello es que decidió pedir la aplicación del protocolo, que obliga a los policías a aprehender al sospechoso, trasladarlo a una delegación, elaborar un parte y posteriormente remitirlo al juzgado contravencional correspondiente.

“Cuando Alejandra acudió al oficial para que aplicara el protocolo de acoso sexual callejero contra el opositor (de Nicolás Maduro, líder venezolano), este se negó alegando que la conocía y la había visto en manifestaciones.

“Alejandra solicitó hablar con el jefe primero del operativo, quien le niega su derecho a realizar la denuncia por acoso sexual callejero, nuevamente”, detalla la nota.

¡Tocan a una, nos tocan a todas!
Denunciamos la violencia institucional vivida por nuestra compañera Alejandra el día de ayer por parte de la Delegación Policial de Los Yoses, San Pedro.

¡Ninguna agresión sin respuesta!@PatriciaMoraC @edusolanosolano @fuerzapublicaCR pic.twitter.com/gf2V2FrBHj

— Ni una menos-CR (@niunamenoscr) 21 de febrero de 2019

Por lo anterior, la ofendida se apersonó a la Delegación de la Fuerza Pública de Los Yoses (donde se sitúa la embajada) para presentar la queja; sin embargo, este no tomó nota sobre el abuso denunciado por la mujer, según el comunicado.

En ese momento, Alejandra estaba acompañada de una asesora legal y una periodista independiente, cuyos nombres no fueron especificados.

"Ante esta situación yo conversé con el subdirector regional del área (Larson Alemán, de San José Norte) que tiene la cobertura competente y le pedí que me realizara una investigación para ver cuáles fueron los hechos y cuáles fueron los oficiales involucrados", explicó Solano a AmeliaRueda.com.

El plazo de la pesquisa es de tres días hábiles, los cuales comenzaron a correr este lunes. Una vez se tengan sus conclusiones, se procederá a individualizar a los involucrados para luego proceder a iniciar un procedimiento disciplinario.

Violencia estructural

La directora de la Asociación Ciudadana Acceder y abogada de la denunciante, Larissa Arroyo, indicó en una entrevista telefónica con este medio que los hechos denunciados son graves en dos vías: primero en que se niega el acceso a la justicia a una mujer, y, segundo, que pone en riesgo a los defensores de derechos humanos.

"Son dos cosas que definitivamente tienen que ser consideradas. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en el primer caso es una chica que fue víctima de violencia sexual a quien uno de los policías no le quiso tomar la denuncia o el parte, de manera posterior el jefe tampoco quiso tomarle la denuncia sobre su subalterno e incluso, posteriormente, cuando se llega a la delegación, no quieren tomar el parte.

"Además el policía primero le dice a ella que no le va a tomar el parte porque ella estuvo en otras marchas. Definitivamente eso es sumamente grave", explicó la jurista.

Por lo anterior es que se inició una comunicación con la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR), el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu). Según la representante legal de Alejandra, hasta ahora no han recibido respuesta formal. Tampoco descartó la toma de nuevas acciones.

En el caso de la últimas de las entidades, su presidenta ejecutiva, Patricia Mora, calificó de "muy grave" el caso y señaló que es "igual o más grave que las autoridades policiales se negaran a aplicar el protocolo de acoso callejero".

"Daremos seguimiento al caso y exigiremos al Ministerio de Seguridad tomar las medidas necesarias para asegurar el derecho de las mujeres de habitar el espacio público", escribió la jerarca con rango de ministra en su cuenta de Twitter.

Este medio intentó contactar a Mora y a la defensora Catalina Crespo, no obstante, estas no atendieron las llamadas hechas a sus teléfonos celulares.