Propuesta de ley plantea sancionar con hasta 2 años de cárcel el acoso sexual callejero

Castigar hasta con dos años de cárcel a la persona que cometa acoso sexual callejero es parte de las sanciones que plantea el proyecto de ley 20.299 que se discute actualmente en la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa.

La iniciativa tiene como finalidad proteger a las víctimas de este tipo de comportamiento y cambiar la cultura machista alrededor de estas expresiones que por lo general afecta a las mujeres diariamente.

Algunas de las conductas que el proyecto contra el acoso callejero quiere castigar son: palabras o sonidos con connotación sexual o alusivas al cuerpo que resulten humillantes u ofensivas; captura de fotografías o videos de otra persona sin su consentimiento; persecución a pie o en medios de transporte; y exhibicionismo.

La propuesta, construida en la legislatura anterior por el Grupo de Mujeres Parlamentarias, recibió una serie de observaciones de parte de organizaciones y expertas en la materia por lo que se conformó una subcomisión que analiza un borrador para incorporar las mejoras.

La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Nielsen Pérez, explicó que dentro de las correcciones que se deben hacer al texto base se quiere crear explícitamente seis figuras penales con penas que van de tres meses a tres años de prisión.

"Lo que queremos es poder avanzar porque reconocemos que vivimos en una cultura machista, donde ha estado totalmente interiorizado (el acoso callejero) y por eso lo vemos como natural. Esta forma de violencia hacia las mujeres nos afecta en nuestra dignidad, en nuestra integridad y nos cuestiona inclusive si pasar por un lugar, nos hace tomar decisiones y restringir nuestras libertades, nuestra seguridad, nuestro uso y el disfrute del espacio público también", externó la congresista.

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Pérez aclaró que la pena se pensó tomando en consideración que los artículos 25 del Código Procesal Penal y 59 del Código Penal señalan que una persona no reincidente y con una pena menor a tres años puede solicitar suspensión del procedimiento a prueba, por lo que no necesariamente tendría que ir a la prisión. También, se tienen contemplados otras medidas alternativas como trabajo comunal y capacitaciones sobre la construcción de masculinidades positivas.

Adicionalmente, el texto sustitutivo tiene como finalidad blindar la propuesta de ley para que quede claro su tipificación en espacios públicos (parques, calle) y con acceso público (instituciones, centros comerciales).

Para la diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Shirley Díaz, es fundamental que las penas que propone el proyecto de ley se apeguen al ordenamiento judicial para que no haya elementos que echen abajo el expediente.

"Como está redactado el texto actualmente hay temas de cárcel para supuestos delitos tipificados en sanciones por silbidos y ciertos sonidos que eventualmente podrían generar, a la hora de juzgarlo, una forma subjetiva. Entonces hay que eso con asesoría del Poder Judicial para plantearlo de forma correcta", señaló la presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias de esta legislatura.

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Durante la sesión de la comisión de esta semana se aprobó una moción para establecer que en un plazo de dos meses la Sala III y el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial emitan un análisis sobre la propuesta para escudar el planteamiento.

Tanto Mejía como Pérez señalaron que existe un compromiso sólido en el foro legislativo para que avance la propuesta, la cual deberá determinar primero si acoge el texto sustitutivo y dictaminarlo para que pase a plenario.

El expediente 20.299 también da competencias al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) para que asesore a las víctimas y ayude en la sensibilización del tema.

Pérez destacó que el protocolo para la atención del acoso sexual callejero presentado semanas atrás por el Ministerio de Seguridad Pública se convierte en una herramienta de utilidad para que las personas que sufren estas conductas puedan denunciar con mayor facilidad.