Información confidencial y denuncias de particulares dieron inicio al caso "Cochinilla"

Información confidencial y denuncias de particulares, esas fueron las razones por las que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) inició con el caso llamado "Cochinilla", investigación sobre los supuestos sobornos que recibieron funcionarios públicos para favorecer la contratación de grandes empresas constructoras.

El director del OIJ, Walter Espinoza, aseguró que el caso se abrió en el 2019 y desde entonces se hizo la intervención telefónica de los sospechosos a quienes se les pudo escuchar “poniéndose de acuerdo”.

Tras casi dos años de investigación, las autoridades judiciales revelaron el caso realizando 57 allanamientos para obtener información clave y además se hizo la detención de 30 personas, incluidos dueños de empresas constructoras, jefes del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y exfuncionarios públicos.

“Esta actividad operativa en la que está participando el Organismo de Investigación Judicial responde a un caso que iniciamos en el año 2019, lo iniciamos en conjunto con la Fiscalía General y con la sección anticorrupción del Ministerio Público como consecuencia de haber recibido informaciones confidenciales y denuncias presentadas por particulares que aludían a la existencia de un grupo de funcionarios que tenia su ubicación fundamentalmente en Conavi y que se habían coludido, se habían puesto de acuerdo con empresarios importantes de nuestro país para generar favores para traficar influencias para producir hecho de peculado para obtener beneficios en contratación de obra pública”, explicó Espinoza.

El caso fue denominado Cochinilla por las autoridades judiciales debido a que así se llama una plaga en las plantas, la cual se pasa muy rápido y fácil de unas a otras.

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Las declaraciones del jerarca del OIJ desmienten las publicaciones que se han dado en diversas redes sociales donde se indica que el caso se investigó a raíz de una denuncia presentada por el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata.

El caso por el acaparamiento de los contratos de obra pública por parte de las empresas investigadas, Meco y H Solís, es una situación que se vive desde años atrás, incluso AmeliaRueda.com dio a conocer en el 2019 que ambas se repartían el 80 por ciento del presupuesto nacional del Conavi para los contratos de conservación vial.

Asimismo, el tema de la corrupción y recibimiento de dádivas tampoco es un tema ajeno a dicha entidad (Conavi), ya que una encuesta realizada a los funcionarios reveló que la mitad de ellos conocía posibles casos de corrupción dentro de la institución.

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Los contratos que se investigan y de donde se habrían desviado hasta ¢78.000 millones son el paso a desnivel de las Garantías Sociales, obras en ruta 32, Circunvalación, contratos de conservación vial y el proyecto Sifón, las Delicias y Tablillas.

De acuerdo con el OIJ, la cantidad de proyectos en la mira, así como detenciones y funcionarios investigados puede aumentar con el paso de los días.

“Vienen luego otras detenciones que van a alcanzar un número muy importante porque durante el proceso hemos logrado identificar acciones, determinar conductas y establecer, además, comportamientos delictivos de toda naturaleza”, dijo Espinoza.

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