Inclusión de 'U' públicas en ley de empleo público abre fisura en fracción oficialista

La decisión de mantener a las universidades públicas dentro del ámbito de aplicación de la propuesta de reforma al empleo público abrió una fisura en la fracción oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Así se evidenció la tarde de este martes durante un intercambio de palabras que sostuvieron la diputada Paola Vega y su compañero de fracción, Víctor Morales Mora; en la comisión de Gobierno y Administración que actualmente tramita la iniciativa.

Vega recriminó a los diputados del foro, incluido Morales, que no se realizara un mayor debate sobre la conveniencia o no de incluir a las universidades públicas en el proyecto y que únicamente se rechazaran mociones que pretendían excluirlas, sin mayor argumentación; a lo que su compañero de fracción respondió que no debía esperar mayor debate porque se trataba de una decisión que responde a posiciones mayoritarias ya acordadas por el Gobierno, la mayoría de diputados de la comisión de Gobierno y de la fracción del PAC, y hasta del presidente Carlos Alvarado.

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Vega dijo considerar que la inclusión de las universidades en el proyecto permitiría a actores externos influir sobre la administración universitaria y que, por ende, violaría el principio constitucional de su "autonomía". Desde su punto de vista, el proyecto no debería abarcar a las universidades y estas deberían autorregularse de manera integral.

Según dijo, el proyecto permitiría que cualquier ente rector externo que se designe (Planificación o Servicio Civil) dicte órdenes administrativas relacionadas con el personal de las instituciones, sus medios de remuneración y hasta el nombramiento de altos jerarcas; lo cual implicaría "graves inconstitucionalidades".

" (Los diputados de la comisión) Hicieron un compromiso público con los rectores y les dijeron que iban a salvaguardar la autonomía universitaria, pero no lo veo, no nos dicen cómo, no hay debate y solamente rechazo y rechazo de mociones", subrayó.

Vega también le pidió a Morales no asegurar que existe una posición mayoritaria en el PAC sobre el tema, pues dijo que es un tema que ni siquiera se ha votado a lo interno. "Podría sorprenderse de camino al ver que otros diputados tienen la misma tesis que esta diputada", afirmó.

Asimismo, indicó que no tiene mayor problema con salirse de la línea de fracción o separarse del criterio del presidente Alvarado, como ocurriría con cualquier otro tema en el que lo estime necesario. "Yo nunca he sido partidaria de que los discursos se agoten y mucho menos porque los impone una persona. En los debates, si yo tengo que diferir con el presidente de la República, porque pienso que estoy haciendo lo correcto y él no, pues no tengo ningún problema en diferir con el presidente de la República", expresó.

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Corregir y no excluir

El diputado Víctor Morales aseguró que él mismo, como presidente de la Comisión de Gobierno y Administración, le indicó a los rectores de las universidades públicas que la intención era mantenerlas en el marco del proyecto de ley. Eso sí, también señaló que se les dio la posibilidad de proponer cambios a través de distintos diputados, para garantizar que la nueva normativa no interfiriera con su funcionamiento de forma perjudicial.

Según señaló, esta solicitud fue atendida por los representantes de los centros educativos, pues existen alrededor de 20 mociones que se analizarán en los próximos días y que, desde su punto de vista, permitirían la inclusión de las universidades dentro de la iniciativa sin afectarlas y permitiendo su inclusión en los procesos de dirección.

"Con algunas de las mociones hemos construido consensos porque ayudan a aclarar y hasta corregir algunas situaciones que no queremos, para que las universidades sigan funcionando en el ejercicio de la autonomía que la Constitución les reconoce, desde nuestro punto de vista", puntualizó Morales.

Eso sí, el diputado enfatizó que no ve como una opción factible sacar a las casas de enseñanza de la ley marco. "Yo quiero hacer esta aclaración, mi estimada Paola, porque ciertamente usted no va a encontrar un debate en este punto, porque en este punto hemos construido una posición y desde luego que yo como compañero suyo de fracción respeto mucho su posición, pero su posición no es la de la mayoría del PAC y lo digo porque no hubiera querido intervenir de esta manera, pero lo hago porque usted ha sido muy amplia y muy extensiva en el sentido de colocar la violación que hay aquí de la autonomía universitaria, cunado la lectura que estamos viendo nosotros es que no es así"

"Hay una definición política clara en esta comisión y en esta Asamblea Legislativa, hasta donde yo entiendo; y esa posición además coincide con la posición de la presidencia de la República. Las universidades públicas quedan dentro del ámbito de aplicación de esta ley, esa es la definición, y además quiero decir que es la posición compartida por la inmensa mayoría de la fracción del PAC en esta Asamblea Legislativa", concluyó el legislador.

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El proyecto

El proyecto de empleo público incluye a todo el sector público —incluidos algunos con diferentes tipos de autonomía como el Poder Judicial, la Caja Costarricense del Seguro Social y las universidades estatales—. Solo se exceptúan entes públicos no estatales e instituciones estatales en competencia, como los bancos públicos, el Instituto Costarricense de Electricidad o el Instituto Nacional de Seguros. Estas últimas solo se incluirían únicamente en lo concerniente a principios fundamentales de la ley y de convenciones colectivas, acuerdos que quedarían sujetos a nuevas restricciones de gasto.

Entre otros detalles, el texto incluye la imposición de distintos lineamientos al sistema de empleo público nacional, incluida la generación de una escala salarial única que brinde igual salario a trabajadores con iguales funciones (sin pluses salariales) y dos nuevas formas de despido (por desempeño y por reestructuración interna o falta de recursos).

La iniciativa ya atravesó su primero de dos turnos de propuestas de cambios en la comisión de Gobierno y Administración. En aquel momento se presentaron 302 mociones, de las cuales se aprobaron 74.

Ahora, desde este martes, los diputados deberán revisar y votar el destino de otras 474 mociones al proyecto, y luego lo enviarán al Plenario legislativo para su discusión final en primero y segundo debate.