Por procesos de elección de magistrados, CIDH abre proceso contra Costa Rica

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cursó el pasado 9 de agosto una petición que pide que se ordene al Estado costarricense la reforma de su sistema para elegir a los máximos responsables del Poder Judicial, porque, según los denunciantes, estos procesos de selección son "inadecuados"

La CIDH dio un plazo de tres meses a Costa Rica para dar respuesta a la petición y notificó al país por "la presunta violación de varias normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los procedimientos y requisitos (metodología) para el nombramiento e magistraturas en la Corte Suprema de Justicia", reza un comunicado.

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Esta petición fue planteada, entre otros ciudadanos, por personas que "participaron en varias convocatorias abiertas por la Comisión Permanente Especial de Nombramientos (CPEN) de la Asamblea Legislativa para llenar vacantes de la Corte Suprema de Justicia".

Según denunciaron ante la Comisión, estas personas atravesaron procesos de nombramiento "que no cumplen con las obligaciones internacionales a las que se comprometió Costa Rica", porque fueron excluidos de "manera arbitraria", las votaciones fueron secretas, y no se hizo una "evaluación subjetiva" de sus atestados y entrevistas.

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Entre los demandantes también hay personas a las que la Sala Constitucional no dio la razón cuando interpusieron una acción contra el método de elección de magistrados. La CIDH afirma que la Sala "ha sido consistente en dar a la Asamblea Legislativa un cheque en blanco para nombrar magistraturas sin que se cumpla con los estándares internacionales".

Tras dar trámite la CIDH a la petición, Costa Rica deberá responder en tres meses antes de que ese órgano analice la situación y emita un informe en el que "determinará si el Estado de Costa Rica incumplió con sus obligaciones". En caso afirmativo, "el caso será elevado" ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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El sistema de elección de magistraturas en Costa Rica podría estar incumpliendo con varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el deber de adoptar normas internas, las garantías judiciales, los derechos políticos, la igualdad ante la ley, y la tutela judicial efectiva.

Enrique Ulate Chacón, una de las personas que presentaron la petición, manifestó que la principal motivación detrás de la misma es "modificar el sistema de nombramiento imperante por uno que resguarde los principios del Estado de Derecho y sea acorde a los estándares internacionales".

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Nota del editor: Este artículo fue modificado a las 7:40 p.m. para corregir el título y el primer párrafo, puesto que se interpretó erróneamente que la CIDH calificó de "inadecuados" los procesos de selección de magistrados, cuando esa apreciación proviene de los denunciantes.