Con impuesto a transferencias bancarias y a salarios mayores de ¢840.000: así es la propuesta al FMI

Un nuevo impuesto temporal de cuatro años a todas las transferencias bancarias, sin excepciones, y un aumento también temporal en todas las tasas del Impuesto Sobre la Renta —incluido el gravamen que se cobra a los salarios superiores de ¢840.000— son dos de las principales medidas que incluye la propuesta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), elaborada por el Gobierno de la República, para la negociación de un acuerdo de crédito ampliado por $1.750 millones con la entidad multilateral.

El paquete de medidas que se plantearán al Fondo fue anunciado la tarde de este 17 de septiembre por el Gobierno de la República y el Banco Central (BCCR), después de varias semanas de expectativa; a través de los ministros de Hacienda y de Planificación, Elian Villegas y Pilar Garrido, y el presidente ejecutivo del emisor Rodrigo Cubero.

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El ministro Villegas defendió con especial ahínco el impuesto temporal a las transacciones, que implicaría una carga del 0,3% durante sus primeros dos años de aplicación y de un 0,2% en los siguientes dos, pues afirmó que permitiría acceder a la misma cantidad de recursos que si se incrementara la tasa del Impuesto al Valor Agragado en 7 puntos porcentuales (p.p.), del 13% al 20%.

Villegas afirmó que el impuesto se cobraría sobre todas las transacciones, desde el pago de planillas hasta retiros de cajeros automáticos; sin embargo, puntualizó que el grueso del impacto correspondería a grandes transacciones diferentes a las que cualquier persona realiza ordinariamente desde su casa o en bancos.

El presidente del Central, por su parte, afirmó que ciertamente este tipo de impuestos pueden desincentivar la bancarización y el pago electrónico, pero que por eso se plantean de manera temporal y con una tasa muy baja. Por ejemplo, una persona que transfiera ¢100.000 únicamente tendría que abonar ¢300 adicionales.

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En materia de renta, la propuesta propone sobretasas, también por cuatro años, para todas las escalas del impuesto. En materia empresarial, las grandes empresas tendrían que pagar entre 2,5 p.p. y 6 p.p. más del gravamen dependiendo de sus niveles de ingreso; mientras que en materia de salarios los tramos variarían entre 2,5 p.p. y 10 p.p de la siguiente manera:

• Sobre el exceso de ¢840.000 y hasta ¢1.233.000: actualmente pagan un 10% (actual), con la reforma pagarían un 12,5%
• Sobre el exceso de ¢1.233.000 y hasta ¢2.163.000: actualmente pagan un 15%, con la reforma pagarían un 20%
• Sobre el exceso de ¢2.163.000 y hasta ¢4.325.000: actualmente pagan un 20%, con la reforma pagarían un 25%
• Sobre el exceso de ¢4.325.000: actualmente pagan un 25%, con la reforma pagarían un 35%

En el caso de personas físicas no asalariadas, los tramos también crecerían entre 5 p.p. y 10 p.p., explicó Hacienda.

Con estas y el resto de medidas, el ministro Villegas indicó que la intención del Ejecutivo es revertir la tendencia creciente de la deuda pública. "La meta es, para 2024, llegar a tener un superávit primario (ingresos menos gastos, sin contar el pago de intereses) del 2% del PIB y disminuir la deuda pública a un 50% de la producción para el 2034", puntualizó el jerarca, no sin antes señalar que esto puede variar en el proceso de negociación.

¿Más impuestos?

El proyecto además implicaría nuevos impuestos permanentes.

El Poder Ejecutivo señaló que la propuesta al FMI incluirá un aumento de 0,5 p.p en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que actualmente está fijado en un 0,25% sobre el valor de los mismos, en beneficio de los gobiernos locales. El 0,5% adicional iría a las arcas de Hacienda.

También se plantea establecer el Impuesto Sobre la Renta, en condiciones regulares, para todas aquellas cooperativas que clasifiquen como grandes contribuyentes o grandes empresas territoriales.

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Por último, también impulsará el establecimiento de la Renta Global a partir de 2023, una vez que se eliminen las sobretasas. Esto quiere decir que todas aquellas personas con más de una fuente de ingresos (su profesión y el alquiler de un terreno, por poner un ejemplo) tendrían que tributar sobre sus utilidades acumuladas.

Además de los nuevos impuestos, el Ejecutivo afirmó que impulsará la eliminación de exoneraciones vigentes, incluida la no sujeción del Impuesto Sobre la Renta para los salarios escolares del sector público y la imposición de un gravamen del 25% sobre todos los premios de lotería que superen el 50% de un salario base.

También se revisarían cargas parafiscales bancarias y exoneraciones al Fondo Nacional de Teleccomunicaciones (Fonatel).

Movilidad laboral y otras medidas

La ministra Garrido también señaló que el Gobierno impulsará un programa de movilidad laboral voluntario para 7.000 trabajadores del sector público, con un impacto del 0,38% del PIB en el primer año de aplicación. "Esta es una medida que nos ayuda a tener una estructura de puestos más frugal y también ayuda a adelgazar un poco más el costo relativo por remuneraciones sobre el total de presupuesto", explicó la jerarca.

Aunado a todo esto, la propuestas impulsadas por el Ejecutivo también incluyen una reducción en las cargas sociales pagadas por los patronos del sector privado, que no tendrían que pagar su aporte del 5% sobre cada salario que pagan para el Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf). Dichos recursos ahora los asumiría el Estado por cuatro años.

Asimismo, las autoridades indicaron que se impulsarán medidas de recorte del gasto público como el impulso de la reforma al empleo público y su escala salarial única; la suspensión del pago de anualidades en el sector público por al menos cuatro años; y la continuidad en los procesos de venta del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) y de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL).

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Adicionalmente, el ministro Villegas afirmó que se continuará con la política de recorte al gasto público vía presupuestaria, que se revisarán las potestades legales de los órganos desconcentrados (y por ende sus gastos) y que se renegociarán contratos de alquileres del Estado y compras de equipo electrónico.

Con todas estas medidas, el ministro Villegas subrayó que se busca generar un 6% del PIB anualmente, aunque se debe contemplar que medidas como eliminar las cargas sociales de Fodesaf para patronos y medidas similares que se tomarán para promover el empleo privado implicarían nuevos gastos por al menos un 1% del PIB.

Sobre el ajuste a largo plazo, señaló que sería mucho menor del 6% del PIB; pues la gran mayoría de las medidas propuestas son temporales.

La mayoría de la reformas propuestas por el Ejecutivo requerirían de aprobación legislativa. Ante esta situación, el presidente Alvarado urgió hoy a la población y a los diputados de la República a impulsar esta agenda ante los riesgos inminentes de “devaluación, más desempleo y pobreza” que corre el país producto de su delicada condición financiera, agravada por la pandemia del SARS-CoV-2.