Impuesto a premios de JPS y declaración de cuentas en paraísos fiscales, plantea Gobierno

Las propuestas para gravar los premios otorgados por la Junta de Protección Social (JPS) y para hacer obligatoria la declaración de cuentas en paraísos fiscales ya fueron redactadas por el Gobierno de la República, que ahora las sometió a consulta de los participantes del Diálogo Multisectorial.

Ambas iniciativas surgieron como parte de los acuerdos de la mesa y son los primeros que requerían construcción que están listos para ser remitidos a la Asamblea Legislativa.

El primero de los textos establece un impuesto del 25% a los premios de las loterías y juegos de azar oficiales, siempre que superen medio salario base (¢225.000).

La otra propuesta añade un inciso al artículo 29 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que puntualiza la obligación de declarar ante la Contraloría General de la República (CGR) bienes muebles o inmuebles, cuentas financieras, inversiones en títulos valores, participaciones económicas o accionarias en sociedades mercantiles o de derecho privado, así como cualquier otra actividad económica y participación en juntas directivas, en países denominados como "no cooperantes".

Dicha adición aplica para el presidente y los vicepresidentes de la República, diputados, ministros, viceministros, magistrados, jueces, contralores generales, defensores de los habitantes, procuradores generales, fiscales generales y auxiliares, rectores, contralores de centros de enseñanza superior, regulador general, superintendentes, intendentes, oficiales mayores, miembros de juntos directivas, presidentes ejecutivos, regidores, alcaldes, gerentes, auditores internos y titulares de proveedurías de toda la administración pública.

También deben hacerlo los empleados de las aduanas, que tramiten licitaciones públicas así como todos los que custodien, administren, fiscalicen o recauden fondos públicos, establezcan rentas o ingresos en favor del Estado, los que aprueben erogaciones con fondos públicos.

La primer medida busca evitar -a través de la trasparencia y rendición de cuentas- que los altos cargos de la función pública tengan cuentas en paraísos fiscales.

En la lista de países no cooperantes se encuentran Bosnia y Herzegovina, Corea del Norte, Cuba, Irak, Islas Norkfolk, Kirguistán, North Macedonia, Maldivas, Montenegro, Omán, Palestina, Timor-Leste, Uzbekistán y Wallis y Futuna.

Tras remitir los proyectos a los sectores, el Ministerio de la Presidencia presentará formalmente los textos ante el Congreso en el transcurso de la próxima semana.

Si en el proceso de consulta, alguna agrupación desea hacer observaciones al plan construido por el Poder Ejecutivo, deberá remitirlas vía correo electrónico para que el ministro de coordinación con los diputados, Marcelo Prieto, las valore y -eventualmente- las sume al proceso legislativo mediante mociones y cambios al texto.

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