"Resulta importante regular" vaporizadores y cigarrillos electrónicos, dice Procuraduría a diputados

La Procuraduría General de la República (PGR) considera "importante" regular el uso de vaporizadores y cigarrillos electrónicos en el territorio nacional, como lo plantea un proyecto de ley que está se tramita en la Asamblea Legislativa.

Así lo hizo ver el abogado del Estado en una opinión jurídica -no vinculante- emitida el 8 de enero de 2021, que responde a una solicitud de criterio técnico realizada por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales del Congreso el 26 de agosto de 2020, un día después de que la iniciativa fuera dictaminada afirmativamente.

"Considera este órgano asesor que resulta importante regular tanto los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN, cigarrillos electrónicos), como los Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN, vaporizadores), pues los dispositivos que suministran nicotina ya están regulados cuando la misma es suministrada en el consumo de cigarrillos, pero en el caso de los cigarrillos electrónicos y dispositivos electrónicos similares que no contienen nicotina existe una imposibilidad real por parte de la autoridad sanitaria, de poder determinar cuáles vaporizadores tienen nicotina y cuales no tienen nicotina", señala el documento.

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El pronunciamiento de la Procuraduría se basa en la versión del plan remitido al momento de la consulta y por eso no contempla los cambios que extraoficialmente acordó el foro parlamentario, de incluir en los controles los quemadores de tabaco. El texto sustitutivo podrá ser aprobado por la comisión una vez que esta arranque con la discusión de mociones de fondo, pero para ello primero, es necesario que el Gobierno de la República convoque el expediente 21.658, en el tanto que esta permanece excluido de la agenda legislativa en las sesiones extraordinarias.

A pesar de esto, uno de los proponentes del proyecto, el diputado Luis Antonio Aiza Campos descartó en conversación con AmeliaRueda.com que se vaya a solicitar una nueva opinión al abogado del Estado, en el tanto que la adición de los otros dispositivos no varía el criterio.

El criterio del órgano procurador añade que el impuesto que se propone imponer a los cigarrillos electrónicos y vaporizadores "reviste de gran importancia para la salud pública del país".

No obstante, señala que la tarifa dispuesta -un 40% a sobre el precio de venta del fabricante o de aduana de los aparatos, sus líquidos o accesorios- resulta "confiscatoria y abusiva" por lo que, eventualmente, contravendrían los artículos 40 -no confiscatoriedad- y 45 -derecho a la propiedad- de la Constitución Política.

El abogado del Estado recordó que la Sala Constitucional ha definido un tributo como confiscatorio "cuando absorbe una parte sustancial de la renta o del capital gravado".

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Consultado al respecto, Aiza Campos recordó que desde un inicio el monto del gravamen era negociable y explicó que ahora corresponde a las fracciones ponerse de acuerdo con la nueva tarifa. Para ello, mencionó, se pueden discutir propuestas ya plasmadas en las mociones de fondo presentadas por congresista María Inés Solís Quirós, para fijar el impuesto en un 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% o 35%. Dicha parlamentaria también planteó eliminar el tributo del todo.

Además de crear el impuesto y destinar su recaudación a la compra de medicamentos y tratamiento de patologías relacionadas con el tabaco por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la propuesta establece la prohibición del uso cigarrillos electrónicos y vaporizadores en sitios como hospitales, oficinas, administraciones públicas, centros educativos, cárceles, centros comerciales, casinos, instalaciones deportivas, aeropuertos, transporte público, entre otros.

Con el texto sustitutivo para la inclusión de los quemadores de tabaco, también se añaden al listado los espacios de concentraciones masivas de personas, ferias, turnos, parques en general, instalaciones deportivas de uso común y lugares donde se desarrollen actividades recreativas, así como el Centro de Aprehensión Temporal de Extranjeros de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

Interferencia de tabacaleras en el país

El pasado 3 de diciembre, AmeliaRueda.com dio a conocer las conclusiones del Índice de Interferencia de la Industria del Tabaco 2020, que arrojan que en Costa Rica, las empresas de ese sector tienen acceso a voz y voto en la creación de políticas públicas, así como a beneficios tributarios incluidos en la reforma fiscal de hace dos años.

Una muestra de ello es que estas compañías pudieron participar de la Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito, algo que pudo permitir "incidencia y lobby para minar los avances en la regulación y control de tabaco en el país", de acuerdo con el documento

En esta instancia, la Cámara de Comercio incluso pudo participar con voz y voto, pese a que inicialmente sólo podían participar como espectadores, según explicó la presidenta de la Red Nacional Antitabaco (Renata), Nydia Amador Brenes. "A uno le preocupa que, en una instancia de decisiones políticas y estrategias, estén también votando entes privados, señaló la presidenta de Renata, organización que elaboró el capítulo de Costa Rica del informe.

El Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT) obliga a los países firmantes -entre ellos Costa Rica- a “proteger” las políticas públicas “contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera".

Las empresas, además, tuvieron acceso a beneficios tributarios en al menos dos instancias, según la publicación. En un primer lugar, se les calculó una menor base imponible de Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) y en segundo se les perdonó una deuda con el Poder Ejecutivo.

Desde la entrada en vigencia de la ley antitabaco el 5 de abril de 2012, los fumadores mayores a 20 años vienen a la baja, según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

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