Huelga contra el plan fiscal pone en la palestra necesidad de reformar legislación vigente

La huelga sindical contra la reforma fiscal puso en la palestra la necesidad de reformar la legislación vigente.

Este lunes, los abogados laboristas Marco Durante y Esteban Calvo se sumaron en el programa Nuestra Voz a los comentarios que lanzó el miércoles anterior desde su curul el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides, llamando a modificar el capítulo que norma las manifestaciones de los trabajadores.

Calvo reprochó que en la actualidad, la ley no contempla una protesta laboral de carácter nacional contra una iniciativa que escape de la relación con el patrono, pero que se justifica por ser una manifestación en defensa de sus intereses económicos, como por ejemplo sucede con el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Justamente ese es el motivo por el cual el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José resolvió la ilegalidad del movimiento promovido por el sindicato de trabajadores del Consejo Nacional de la Producción (CNP), el cual atiende al llamado de los colectivos Patria Justa y Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco), que se concentran en las calles desde hace 15 días.

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"Estamos ante una modalidad de huelga atípica, esto quiere decir que es una modalidad de huelga que no tiene una regulación específica en nuestra ley interna, en el Código de Trabajo. Eso no quiere decir que no sea una huelga posible, ni siquiera quiere decir que una huelga general de esta modalidad tenga que ser ilícita per se (por sí misma) como lo plantea la sentencia", manifestó Calvo.

A criterio del experto, es por la ausencia de esa regulación que debería permitirse la protesta contra políticas públicas al ser la huelga un derecho fundamental, según lo establece la Constitución Política en su artículo 61. Siguiendo ese argumento, Calvo consideró que la resolución presenta problemas de fundamentación.

Durante, por su parte, dijo estar de acuerdo con lo dispuesto por el juzgado, pero reconoció la necesidad de actualizar el capítulo primero de la Reforma Procesal Laboral, para que se incluyan las manifestaciones generales que van más allá de la relación patrono-trabajador y para que se especifiquen los momentos a partir de los cuales procederían las rebajas en los salarios de aquellos empleados que se ausentan de sus puestos para asistir a huelgas que son calificadas como ilegales.

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En 2012, la entonces presidenta Laura Chinchilla (2010-2014); su ministra de Trabajo, Sandra Piszk; y Benavides, quien ocupaba el cargo de ministro de la Presidencia; vetaron la versión inicial de la reforma porque legalizaba la huelga en los servicios públicos esenciales que tienen que ver con la vida, la salud y la seguridad de la ciudadanía, al tiempo que prohibía al Poder Ejecutivo la posibilidad de realizar contrataciones que remplazaran a quienes permanecían en huelga.

Pese a lo anterior, el sucesor de Chinchilla, Luis Guillermo Solís (2014-2018), levantó el veto y la integración del momento en la Asamblea Legislativa enmendó el proyecto excluyendo los artículos que reclamaba el Gobierno de la República y aprobaron el código.

"Esa Reforma Procesal Laboral lo estrenamos en materia de huelgas, de una huelga en serio, grande, de nivel nacional; con la huelga sindical que nos afecta. Es evidente que el procedimiento para declarar la legalidad o ilegalidad de la huelga es sencillamente un fraude a los costarricenses. Ha permitido prolongar la indecisión sobre si la huelga es legal o ilegal para todos los efectos. Eso maltrata la seguridad jurídica de los trabajadores que van a la huelga, de quienes están en el Poder Ejecutivo y tienen que atender los servicios en las instituciones públicas, y es especialmente injusta contra el ciudadano costarricense que necesita tener claridad con respecto a si la falta de servicio que está padeciendo es o no es legal", señaló el legislador verdiblanco el miércoles anterior.