Hasta tres años de prisión a quienes incumplan orden sanitaria de aislamiento por riesgo de COVID-19

Los costarricenses y extranjeros con residencia que ingresen al país e incumplan la orden sanitaria por aislamiento emitida por el Ministerio de Salud y la Dirección General de Migración y Extranjería, como medida preventiva para evitar el aumento de casos de COVID-19 en el país, se exponen a una pena de entre seis meses y hasta tres años de prisión.

Así lo establece el artículo 314 del Código Penal por el presunto Delito de Desobediencia a la Autoridad: "Se impondrá prisión de seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos los extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, siempre que se le haya comunicado personalmente, salvo si trata de la propia detención".

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Desde este jueves se les entrega la orden sanitaria a todos los nacionales y residentes que ingresan al país, que los obliga a mantenerse en aislamiento inmediato por 14 días, período señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el lapso en el que se pueden presentar los síntomas del coronavirus COVID-19.

El documento se entrega bajo fe de juramento, por lo que la persona señala conocer la pena con la que el ordenamiento jurídico penal costarricense castiga el delito de perjurio, que es la acción de jurar en falso.

Ticos reciben órdenes sanitarias con desinterés cuando ingresan al país

La directora general de Migración y Extranjería, Raquel Vargas, denunció que los costarricenses y residentes que están ingresando al país, tras el cierre de fronteras, no están acatando la orden sanitaria.

La directriz emitida por el Ministerio de Salud, obliga a todas las personas que ingresan al país a cumplir un período de cuarentena y aislamiento social durante 14 días, como medida preventiva para evitar el aumento de casos de COVID-19 en el país.

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Para fiscalizar este proceso, los policías migratorios entrevistan a las personas al llegar al aeropuerto y les solicitan su número de teléfono y dirección, para confirmar que se cumple a cabalidad con la orden.

Pese a la obligatoriedad de esta medida, la directora de migración, aseguró este jueves, en conferencia de prensa, que tras una visita al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría pudo comprobar el desinterés que tienen los costarricenses y residentes sobre la aplicación de la orden sanitaria.