Hacienda sí podría derogar aumento salarial público de 2020, afirma Procuraduría

El Gobierno sí podría derogar el aumento salarial del sector público para 2020 y destinar los recursos, estimados en ¢23.000 millones, para la atención de la emergencia provocada por la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19).

La Procuraduría General de la República (PGR) respondió al Ministerio de Hacienda que nunca concluyó que el aumento no pudiera quedar sin efecto, sino que el mecanismo jurídico idóneo para ello era realizar la derogatoria del decreto que fijó.

La Procuraduría indicó en su dictamen C-202-2020, con fecha del 29 de mayo, que la derogatoria tendría que realizarse "sin perjuicio de los derechos adquiridos o de las situaciones jurídicas"; algo que Hacienda interpretó como un reconocimiento de derechos adquiridos sobre los salarios que todavía no se habían pagado.

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No obstante, la PGR ahora aseguró que la interpretación de Hacienda es "equivocada".

"Está claro que la competencia consultiva de este órgano asesor no abarca la posibilidad de señalarle al señor Ministerio de Hacienda la obligatoriedad de pagar o no el aumento salarial del año 2020 a todos los funcionarios públicos, por cuanto hacerlo no sólo implicaría sustituir a la Administración activa en la toma de decisiones concretas, sino además, implicaría pronunciarnos sobre la disposición de recursos públicos, cuya competencia ha sido asignada constitucionalmente a la Contraloría General de la República".

"Así las cosas, es erróneo interpretar que el dictamen C-202-2020 reconoce la existencia de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas a favor de todos los funcionarios públicos y que, en consecuencia, a partir de dicho criterio el Ministerio de Hacienda se encuentra obligado a pagar el aumento salarial del año 2020. Esta determinación no corresponde a la Procuraduría", escribió la entidad en el oficio C-2019-2020, firmado por la procuradora adjunta, Silvia Patiño.

Según el documento, "el dictamen indicado se limitó a señalar que el procedimiento legal correcto para dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo que reconoce el aumento salarial del año 2020, es la derogatoria de dicha norma, pero en ningún momento señaló que debía pagarse el aumento a todos los funcionarios".

Confusión

En una reciente comunicación, el director general de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, José Luis Araya, solicitó a las instituciones estatales provisionar el aumento salarial de 2020 en el presupuesto de 2021. En dicha comunicación, Araya señaló que el pago debía efectuarse, tras las indicaciones de la PGR en su oficio C-202-2020 que habrían catalogado a los aumentos como "parte del patrimonio de cada funcionario público"; es decir, como un derecho adquirido.

Por ese motivo, el ministro Elián Villegas solicitó la aclaración y reconsideración por parte de la Procuraduría.

Al respecto, la PGR señaló que "lo único que se manifestó es que aún con la derogatoria de la norma, debía revisarse si existen esos derechos adquiridos o alguna situación jurídica" y nunca señaló que efectivamente existieran.

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Asimismo, reiteró que "el dictamen C-202-2020 no constituye un obstáculo para la derogatoria del Decreto 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, ni del aumento salarial ahí contemplado, como se está interpretando erróneamente por las autoridades de Hacienda".

Hacienda señala que no existen derechos adquiridos por parte de los funcionarios, pues nunca recibieron depósito alguno de los aumentos fijados. No obstante, ahora deberá revisar la posición de su Dirección presupuestaria.

El aumento salarial se había fijado entre ¢7.500 y ¢8.500 por funcionario. No obstante, se había ordenado su congelamiento ante la pandemia del Covid-19, con excepción de los cuerpos policiales.