Ministro de Hacienda se opone a levantamiento de regla fiscal para municipios, pide más "disciplina"

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, se sumó este miércoles a las voces que abogan contra la aprobación en segundo debate del proyecto de ley que liberaría a las municipalidades de cumplir con la regla fiscal y, por ende, con sus restricciones de gasto.

"El Ministerio de Hacienda comparte el criterio de la Contraloría General de la República y del Banco Central de Costa Rica. Nos oponemos al proyecto. La indisciplina fiscal en tiempos normales es perjudicial para el país, con mucha más razón en tiempos de crisis", escribió el ministro Chaves en sus redes sociales.

Ayer le solicité al Consejo Fiscal pronunciarse sobre el proyecto de ley que busca permitir a las municipalidades no cumplir con el tope de gasto establecido por Ley, con la regla fiscal. — Rodrigo Chaves (@RodrigoChavesR) May 6, 2020

El jerarca además afirmó que le pedirá al Consejo Fiscal del Gobierno que se pronuncie contra la iniciativa. El texto de ley ya se aprobó en primer debate, el 30 de abril pasado, con el voto favorable de 43 congresistas y el rechazo de solo otros tres.

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El proyecto fue impulsado por diputados de todas las fracciones como una forma de apoyar a las municipalidades en medio de la crisis por la pandemia del Covid-19. Sin embargo, las autoridades de la CGR, del BCCR y de Hacienda estiman que sería perjudicial para las finanzas públicas.

Además de quitarle las amarras de la regla fiscal, el texto eximiría a los gobiernos locales de obligaciones con otros entes. Específicamente, le permitirían a los municipios omitir en 2020 y 2021 transacciones al Órgano de Normalización Técnica (ONT) del Ministerio de Hacienda y a la Junta Administrativa del Registro Nacional.

Las municipalidades tienen que girar un 1% y un 3% de lo que recaudan por concepto de Impuestos sobre Bienes Inmuebles, según indica la ley que fundó dicho impuesto.

Esos agujeros presupuestarios que abriría el proyecto tendría que llenarlos el Estado con otras fuentes de ingresos, un señalamiento que hizo la junta directiva del Banco Central la semana pasada: "la supresión de esas dos transferencias tiene una implicación adversa sobre el déficit fiscal".

Solo en 2018, la municipalidades debieron girar ¢1.130 millones al ONT (brazo legal de Hacienda para los municipios) y ¢3.390 millones a la Junta Administrativa del Registro Nacional (brazo catastral). En conjunto, hablamos de una fuga de ¢4.520 millones.

El Registro Nacional afirmó que, de aprobarse el proyecto, "las dos actividades primordiales de la Subdirección Catastral: la conformación, actualización y mantenimiento del mapa catastral, y la de calificación y registración de planos de agrimensura, se verían menoscabadas"; algo que funcionaría en detrimento de las propias municipalidades, "quienes administran su territorio con esta información catastral tanto en la valoración y recaudación de impuestos".

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El Central además había criticado fuertemente la intención de desaplicar la regla fiscal a los municipios. En un criterio enviado a los diputados, la entidad les recordó que "los gobiernos locales reciben transferencias del presupuesto de la República, por lo cual la difícil situación fiscal y la búsqueda de la sostenibilidad en las finanzas públicas no les son ajenas".

"Además, es claro que las obligaciones de los gobiernos locales podrían convertirse en pasivos contingentes para el Gobierno, en caso de una inadecuada gestión financiera", subrayó la entidad, que además calificó la iniciativa como "contraproducente y perjudicial para la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad económica del país".