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El aumento salarial se suspendió para utilizar los ¢23.000 millones en la atención del Covid-19 y sus impactos.

Hacienda pide reconsideración a Procuraduría, insiste en suspender aumentos salariales de 2020

​La Procuraduría General de la República emitió un criterio en el que indicó que los aumentos salariales son parte del patrimonio del trabajador, por lo que quedaría sin efecto el congelamiento aplicado este año.

10/06/20 | 12:09pm

El Ministerio de Hacienda le solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que reconsidere su criterio y le permita al Estado suspender el pago de los aumentos salariales de 2020, como ordenó el Poder Ejecutivo a través del Decreto N°42286.

Dicho decreto se firmó el 4 de abril y ordenó la suspensión de los aumentos salariales pactados para este año, de modo que los recursos se pudieran utilizar como parte de la atención de la emergencia provocada por la pandemia del Covid-19.

Recientemente, la Procuraduría emitió el criterio C-202-2002, en el que determinó que el Gobierno Central tendría que pagar los aumentos salariales de 2020 en 2021, al considerarlos parte del "patrimonio" de los trabajadores.

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En ese criterio, se obligó al Estado a incluir el pago del incremento salarial como parte de las previsiones presupuestarias del próximo año.

Ahora, Hacienda argumenta que el aumento no debería considerarse patrimonio de los trabajadores, pues nunca se consolidó como un derecho de los trabajadores, al no haberse depositado.

Además, la cartera afirma que este no es un momento oportuno para realizar el pago, tomando en cuenta la situación extraordinaria que vive el país. “Nos parece que no es momento de pagar un aumento salarial”, escribió el ministro Elian Villegas, en el oficio enviado al abogado del Estado.

Según los cálculos del Gobierno, realizar el pago implicaría una erogación de ¢23.000 millones, una cantidad de recursos sustancial en medio de la situación de emergencia.

Suspensión por regla fiscal

El criterio; sin embrago, se refiere únicamente al aumento salarial de 2020 y no toca lo establecido por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en 2018.

Aquella ley, popularmente conocida como la reforma fiscal, ordenó la suspensión de los aumentos salariales cuando la deuda pública alcance niveles superiores al 60% del PIB, como ocurriría a partir del próximo año.

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Hacienda estima que la deuda pública del país alcance un 67,9% de la producción el próximo año y que aumente hasta un 80%, en 2024. Por ello, el ministro Villegas y la ministra de Trabajo, Geanina Dinarte, ya firmaron el decreto que regulará la suspensión a partir del próximo año y para las ocasiones que sea necesario aplicarla.

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