Ministro de Hacienda: Impuesto a transacciones es pequeño y golpea a quienes mueven montos más altos

La propuesta de impuesto temporal a las transacciones electrónicas y cheques se planteó como una carga pequeña y que golpearía particularmente a las personas físicas o jurídicas que mueven mayores capitales.

Así lo afirmó esta mañana el ministro de Hacienda, Elian Villegas, apenas horas después de que su cartera anunció que impulsará el nuevo gravamen por un período de cuatro años como parte de la agenda de "estabilidad financiera" que el Gobierno presentará al Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a financiamiento por $1.750 millones y corregir la tendencia de su deuda pública (que este año cerrará por encima del 70% del PIB).

"El impuesto a las transacciones financieras afecta a quienes hacen más transacciones financieras, por montos más grandes; es decir, una persona que recibe ¢1 millón de salario y que lo que hace es pagar desde ahí el agua, la luz y los distintos pagos que tiene que hacer, como el pago de la casa, etcétera... lo que máximo que pagaría con el impuesto son ¢3.000… Al final del mes lo que estaría pagando son 3.000 colones, por ¢1 millón", indicó Villegas en el programa Nuestra Voz.

Lea: Con impuesto a transferencias bancarias y a salarios mayores de ¢840 mil: así es la propuesta al FMI

El impuesto se promovería por cuatro años, con una tasa del 0,3% los primeros dos años y del 0,2% los dos años finales.

El Gobierno espera recaudar un 3% del PIB (¢1 billón) en cada uno de los primeros dos años; mientras que espera que la cifra se reduzca a un 2% del PIB (unos ¢800.000 millones) hacia el cierre.

El ministro de Hacienda enfatizó que la medida se impulsa como parte de las medidas para corregir la tendencia de la deuda pública y el déficit financiero del país, agravado por la pandemia del SARS-CoV-2. Dijo que un impacto similar sólo podría compararse con medidas mucho más regresivas, que no se analizaron, como aumentar la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de un 13% a un 20%.

"Imagínese usted lo que es subir el IVA del 13% al 20%, sería un impacto enorme, y sobre el grueso de la población. Aquí estamos hablando de un impuesto que no afecta al grueso de la gente de esa manera", comentó.

La propuesta de este impuesto sobre transacciones financieras representa la mitad del impacto del ajuste fiscal propuesto por el Ejecutivo para los primeros dos años desde su aprobación; mientras que para el tercero y cuatro representaría una tercera parte. Más tarde, desaparecería.

Costa Rica busca paliar una compleja situación financiera que ya auguraba un bache de más de un 1% del PIB entre los gastos y los ingresos estatales, sin contar con el pago de la deuda, desde antes de la pandemia. El déficit general, contando el pago de intereses, se proyectaba para superar el 6% del PIB.

Lea: Costa Rica sufrirá este año la contracción económica más fuerte desde 1982, dice el Banco Central

Este se agravó con una caída en la recaudación de impuestos que ahora mismo se calcula en ¢1,17 billones y el surgimiento de nuevas necesidades de inversión ara atender la emergencia que siguen creciendo. Con estos efectos, se prevé un déficit financiero del 9,3% del PIB para cerrar este año.

Gravaría a flujos importantes

El ministro Villegas también subrayó que el impuesto sobre transacciones electrónicas y cheques tendría un impacto menor sobre el grueso de la población, y que más bien grava a "flujos muy importantes de capital que sí se mueven y que no están afectos".

Puso el ejemplo de una persona de que transfiere $10 millones al mes (¢6.000 millones); quien tendría que pagar impuestos por $30.000 (¢18 millones).

Lea: Fitch: Acuerdo con FMI "serviría como un ancla para la consolidación fiscal" de Costa Rica

El jerarca sí reconoció que existen puntos débiles del impuesto, reflejados en otras experiencias internacionales. Entre ellas, sopesó que las personas suelen encontrar formas de eludir el impuesto y que eso implica una reducción en la recaudación en el mediano plazo. Al respecto, dijo que por eso se plantea el gravamen con una tasa muy "baja" y con una vigencia de apenas cuatro años, de modo que se espera que prive el principio de "solidaridad".

También reconoció que se deben analizar el caso de fondos de pensione y de operaciones bursátiles en las que los rendimientos son mínimos, en las cuales podrían hacerse mínimas excepciones.

"Habría que hacer una revisión, nada escapa de hacer una revisión, pero la base imponible hay que mantenerla lo más integral posible y hay que evitar la mayor cantidad de exoneraciones porque si no el impuesto pierde toda su fuerza y deja de tener el sentido que tiene en este momento", concluyó.

La propuesta al FMI

El Gobierno presentó este jueves 17 de septiembre una propuesta de reformas que impulsará con dos objetivos: frenar tanto como sea posible el desequilibrio financiero del país, alimentado por sus altas necesidades de deuda agravadas por la pandemia, y poder negociar un servicio de crédito ampliado por $1.750 millones con el FMI.

Estas medidas, calcula el Gobierno, permitirían realizar un ajuste cercano al 6% del PIB en los próximos cuatro años, y con algunos efectos adicionales permanentes.

Entre las medidas propuestas, la que rendiría efectos mayoritarios es este impuesto a las transacciones financieras y a los cheques. Por esta medida, se espera una recaudación del 3% del PIB los primeros dos años y del 2% del PIB los últimos dos.

Lea: Oposición recibe propuesta de 'agenda FMI' con promesas de estudio y recelo a nuevos impuestos

Además de esto, se impulsarían sobretasas de dos años para el Impuesto sobre la Renta para salarios y utilidades de personas físicas y jurídicas. Las mismas se aplicarían con escalas de entre 2,5 puntos porcentuales adicionales para los tramos de menos ingresos y 10 puntos porcentuales adicionales para los tramos más altos. Una vez fuera estas medidas, se buscaría instaurar el sistema de "renta global", que implica que las personas paguen Impuesto de Renta sobre sus utilidades totales en un mismo cálculo.

La propuesta también incluye ideas como triplicar el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, del 0,25% al 0,75%; eliminar algunas exoneraciones menores y continuar impulsando medidas de control en el sector público, como la ley de reforma al empleo público y la suspensión en el pago de anualidades por cuatro años, entre otras posibilidades.

Además de las propuestas para aumentar ingresos y disminuir gastos, se contempla la eliminación de la carga social para patronos del 5% de cada salario que pagan para el Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf), el cual sería asumido por el Gobierno por cuatro años para aumentar el capital empresarial y promover el empleo, según el Ejecutivo.