Gobierno destinará ¢30.000 millones de crédito con FMI para abonar a la CCSS, según Hacienda

El Gobierno abonará ¢30.000 millones al pago de su deuda con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), una vez que se apruebe el Instrumento de Financiamiento Rápido de Financiamiento (IFR) que el Gobierno negoció, por $504 millones, con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así lo aseguró este martes el ministro de Hacienda, Elián Villegas, en audiencia con los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que actualmente analiza la iniciativa.

"Una de las situaciones que hemos conversado es que sería importante destinar alrededor de un 10% a la cancelación de la deuda con la CCSS; es decir, pensamos abonar unos $50 millones", afirmó.

Lea: Ante estrepitosa caída en ingresos, Gobierno pidió permiso para colocar deuda por ¢664.000 millones

La CCSS estima que el Estado le adeuda ¢1,88 billones; sin embargo, tanto la administración de la institución como el Gobierno han acordado buscar un arreglo de pago a través de un flujo constante de recursos. Ambos coinciden en que el país no tiene la capacidad de subsanar una deuda de tal magnitud, en un solo pago, con sus capacidades actuales.

Por eso, el Ejecutivo expresó a la entidad sanitaria su interés de girar parte de los recursos a través de los créditos internacionales que se vayan aprobando en los próximos meses.

El ministro Villegas defendió el IFR esta tarde en la Asamblea Legislativa, espacio en el que reiteró que los créditos con organismos multilaterales —como el negociado con el FMI— permiten acceder a tasas hasta tres y cuatro veces menores que las ofrecidas por el mercado interno (fondos y bancos locales). Desaprovecharlos, afirmó, implicaría obligar al Estado a utilizar sus limitados recursos en pagar más intereses y menos obra pública.

En esa línea, el jerarca recordó que las aprobaciones son estratégicas porque el país ya tiene la aprobación legislativa para endeudarse y satisfacer todas sus necesidades de cualquier manera, pero que la aprobación de créditos internacionales permite acudir a mejores opciones en materia de tasas y plazos.

"Cuando hablamos de cambiar deuda cara por deuda barata lo que queremos decir es que dentro del presupuesto ya existe una autorización para endeudarnos. Eso quiere decir que, si no utilizamos un empréstito internacional, igual tenemos que salir al mercado interno a captar nueva deuda y más cara", explicó el jerarca.

En total el crédito con el FMI representa una operación crediticia por $504 millones (alrededor de ¢290.000 millones). Además, el país ya aprobó dos operaciones crediticias adicionales para este año, por $880 millones, con la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con la Alianza Francesa de Desarrollo (AFD).

Además, el país negocia cuatro operaciones adicionales con el Banco Mundial, la CAF y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $1.180 millones; y pronto presentará a la Asamblea operaciones ya acordadas con el BID por $495 millones.

Todos estos créditos forman parte de un acumulado de operaciones por $4.362 millones (cerca del 7,27% del PIB), con los que el Gobierno buscaría cubrir casi un 60% de sus necesidades de financiamiento para este 2020, sin tener que presionar las tasas de interés del mercado local, ni quitarle recursos al mercado crediticio.

El país enfrenta altas necesidades de financiamiento en 2020, cercanas al 12,5% del PIB. Estas necesidades aumentarían hasta un 15% del PIB en 2021, según las proyecciones de Hacienda, motivo por el que ya piensa en negociar para realizar una nueva emisión de eurobonos y acceder a un acuerdo stand-by con el FMI por $2.250 millones. Para esta última operación es crucial que se apruebe primero el IFR por $504 millones, según ha dicho Hacienda.

Esta tarde, la diputada presidenta de la Comisión de Hacendarios, la liberacionista Silvia Hernández, pidió a la Procuraduría General de la República y al equipo de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa analizar si el IFR efectivamente requiere de aprobación legislativa; pues, desde su punto de vista, la votación podría ser innecesaria porque se trata de un mecanismo entre el FMI y el Banco Central en el que no existe un contrato de préstamo como tal. De ambos criterios dependerá que continúe o que se detenga el trámite del proyecto de aprobación, que igualmente cuenta con un clima favorable en Cuesta de Moras.