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Ministra Pilar Garrido en presentación de propuesta de negociación del Gobierno de la República con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Mediante plan de movilidad laboral, Gobierno busca reducir su planilla en 7.000 funcionarios

​Ejecutivo se reservó detalles del programa que pretende implementar

17/09/20 | 18:08pm

El Gobierno de la República anunció este 17 de setiembre la implementación de un programa de movilidad laboral voluntaria, con el que busca disminuir su planilla en 7.000 funcionarios.

La iniciativa para facilitar la salida de trabajadores públicos fue incluida en la agenda de estabilidad financiera, propuesta en el marco de las negociaciones para acceder a un préstamo por $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), bajo la modalidad de Servicio de Crédito Ampliado (SCA).

Ese mecanismo está destinado a los países que buscan estabilidad macroeconómica y comprende varios desembolsos entre tres y cinco años.

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"Habrá un primer componente que será un programa de movilidad laboral voluntaria. Estamos hablando de la posibilidad de salida de una cantidad importante de trabajadores del sector público, a quienes se les estará presentando una oferta que les resulte atractiva y que nos permita reducir el importe de la planilla pública de una manera importante", indicó el ministro de Hacienda, Elian Villegas, al introducir la propuesta en una conferencia de prensa.

Posteriormente, la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Pilar Garrido, señaló que el Ejecutivo espera que 7.000 funcionarios se acojan al plan.

La jerarca se reservó detalles sobre a qué trabajadores se les ofrecerá esa posibilidad o las instituciones en las que estos trabajan.

Eso sí, la además coordinadora del equipo económico del Gobierno aseguró que con esa iniciativa se logrará una reducción del gasto equivalente a un 0,38% del producto interno bruto (PIB) en el segundo año, 0,37% en el tercer año y 0,35% en el cuarto año.

"La medida que nos ayuda a tener una estructura de puestos un poco más frugal. También ayuda a poder garantizar y adelgazar un poco más en aquellas instituciones el costo relativo a lo que es el componente de remuneraciones sobre el total del presupuesto", añadió Garrido.

De acuerdo con la ministra, para el primer año de la aplicación se espera un costo neto -que no especificó- por conceptos de cesantías, vacaciones y preavisos.

El objetivo del préstamo pretendido por la administración de Carlos Alvarado es aliviar sus necesidades fiscales y que mejore su proyección en el mercado local y sus pares internacionales y así evitar "altas tasas de interés, devaluación, más desempleo (privado y público) y pobreza", según manifestó el mandatario en un video publicado este 17 de setiembre.

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La propuesta se dan en momentos difíciles para Costa Rica, que acumulaba un déficit fiscal del 7% de su producción desde antes de la pandemia del SARS-CoV-2, impulsado por el pago de la deuda pública; y que ahora se agravará con los efectos de la emergencia, que ha provocado nuevos gastos extraordinarios y que ha reducido los ingresos estatales en caso ¢1,17 billones.

Para este 2020, Costa Rica espera su peor contracción económica desde la crisis de 1980, con un caída del 5% con impactos que incluso reducirían los indicadores de consumo interno por primera vez en 38 años, y que impactan en las cifras de desempleo (que ya contabilizan a más de 557 mil personas que buscan trabajo y no lo consiguen).

La iniciativa pasará a ser discutida con el Fondo Monetario, a inicios de octubre. Además, su aprobación o rechazo definitivo dependerá en gran medida de la Asamblea Legislativa, compuesta mayoritariamente (con 47 de 57 diputados) por legisladores de oposición.

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