Descartan subir IVA o crear impuesto a transferencias, Gobierno aduce que es "inviable"

Pese a que el Gobierno barajó la posibilidad de aumentar un punto porcentual la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o imponer un tributo sobre las transacciones financieras, como parte de su propuesta de estabilidad económica al Fondo Monetario Internacional (FMI), ambas ideas quedaron oficialmente descartadas este miércoles.

Así lo informó el Ministerio de Hacienda, a nombre del Poder Ejecutivo, en vista de que ambas opciones serían "inviables".

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, confirmó la noticia y explicó que se hará énfasis en otras reformas impositivas y en la reducción del gasto público, principalmente con el impulso de la nueva Ley de Empleo Público, cuyo trámite se encuentra en una etapa avanzada en el Congreso.

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Asimismo, indicó que en materia de impuestos "se está trabajando en una nueva propuesta para rediseñar el Impuesto a las Casas de Lujo", de modo que se aplique una nueva carga a los propietarios de viviendas con un valor superior a los ¢200 millones.

El Gobierno de la República iniciará conversaciones formales con el FMI este 11 de enero, con el objetivo de alcanzar un acuerdo por un servicio de crédito ampliado que le permita acceder a financiamiento por $1.750 millones en tres años, aparejado con un plan de sostenibilidad económica para las arcas públicas en el mediano y el largo plazo.

Ese plan será propuesto por el Gobierno en las próximas semanas al Fondo, que deberá determinar si lo considera suficiente o no para alcanzar un balance en las cuentas estatales.

Sobre esa propuesta, Hacienda señaló a través de un comunicado de prensa que, junto con recortes y reformas sustanciales en materia de gasto público, impulsará una serie de medidas, entre ellas:

• Un esquema de renta global a partir de 2023.
• Una reducción de exoneraciones.
• Nuevos aportes económicos de empresas estatales.
• La venta de la cartera de crédito de Conape.
• El congelamiento de las pensiones con cargo al presupuesto nacional que excedan los ¢450.000 mensuales cuando la deuda pública supere el 60% del PIB.
• Un impuesto del 25% sobre los premios de lotería de más de ¢225.000.

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El Gobierno anunció desde agosto del año pasado que buscaría negociar un acuerdo con el Fondo que le permitiera acceder a recursos en condiciones blandas, pero especialmente comprometer al país con un plan para mejorar su balance financiero y para reducir así sus presiones de financiamiento (por las tasas de interés que se le cobran).

No obstante, aquella intención se puso en pausa tras el fracaso de una primera propuesta de ajuste fiscal presentada por el Ejecutivo, la cual enfrentó el rechazo mayoritario de los sectores políticos, sindicales y empresariales. Estos rechazaron propuestas incluidas en ese documento, como triplicar el impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, fijar un gravamen temporal a las transacciones electrónicas y establecer aumentos temporales en las tarifas de renta a las ganancias más altas.

Ahora, el Ejecutivo intentará convencer al Fondo sobre su sostenibilidad a mediano y largo plazo con la aplicación de un ajuste menos fuerte en materia de nuevos ingresos. No obstante, especialistas como la calificadora de riesgo Fitch Ratings desde ya han puesto en duda la suficiencia del nuevo paquete ideado.